“Este proyecto de ley no es final, es el camino para empezar el ordenamiento en la posesión y titulación de tierras que termine generando seguridad, tanto jurídica, para las inversiones y la producción”, indicó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con relación a la propuesta del Poder Ejecutivo, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN).

“Si bien para mí la principal riqueza del país son las personas, los paraguayos y a lo mejor la segunda gran riqueza es nuestra tierra terriblemente fértil y productiva, pero así como es una de las principales riquezas tenemos un problema importante que es la titulación y que plantea muchos conflictos respecto a la tenencia de la tierra y como consecuencia, trae la inseguridad jurídica”, dijo en una entrevista con el programa “Fuego Cruzado” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado y será evaluada este miércoles por el pleno de la Cámara Baja como uno de los puntos resaltantes del orden del día. “Este proyecto de ley será un tremendo beneficio para el país y su espíritu es absolutamente bueno, existen componentes que están siendo debatidos, pero creo que hay un pensamiento, si no es unificado, es claramente mayoritario inclinado hacia su relevancia e importancia”, sostuvo.

La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña propone unificar la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento indica que el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado.

Con relación a la reforma de la Carrera del Servicio Civil, propuesta también impulsada por el gobierno de Peña y que ya cuenta a la vez con la aprobación del Senado, Latorre indicó que el documento aún no fue discutido en la mesa directiva de la Cámara Baja ya que fue aprobado por el Senado la semana pasada; pero al igual que todos los proyectos que son presentados se buscará un amplio debate en la Cámara Baja.

“Todavía no leí, pero según como fue aprobado en el Senado, tuvo muchas modificaciones al proyecto original, ahora nosotros tendremos la oportunidad de analizar todos esas propuestas y evaluar todas esas modificaciones”, manifestó.

Detalló que este proyecto tiene un plazo de 3 meses para ser estudiado en la Cámara Baja, antes de que tenga sanción automática. Remarcó que el plenario tiene un amplio trabajo de aquí a fin de año, ya que existe una extensa agenda de diversos temas a ser analizados antes del inicio del receso parlamentario, que se dará el próximo 20 de diciembre.

Asimismo el parlamentario defendió las propuestas presentadas por el Ejecutivo al parlamento, tanto las que fueron aprobadas y las que figuran en tratamiento argumentando que generan importantes transformaciones para el Paraguay.

En otro momento, Latorre se refirió a sus recientes encuentros con el nuevo embajador de Israel, Amit Mekel, así como reuniones con representantes de la Unión Europea. Destacó en primer lugar el gran relacionamiento que tiene con el presidente del parlamento de Israel, Amir Ohana, que recientemente visitó el país y que por invitación suya también tuvo la oportunidad de visitar este país y las comunidades afectadas por el atentado terrorista del año pasado.

En el marco de la gran cooperación que mantienen Israel y Paraguay, el diputado dijo que este fin de semana llegó al país para la embajada de Israel en Asunción, un experto en aguas. Paraguay es el segundo país en el mundo en contar con la cooperación de un experto en el ámbito siendo un país prácticamente desértico. El profesional estará aportando sus conocimientos para el Chaco paraguayo.

“En cuanto a la Unión Europea, fuimos claros en cuando a la defensa de los principios y valores, entendiendo que queremos construir en base al respeto, y condición de aliados; queremos construir sin condicionamientos planteando nuestro modelo de desarrollo sostenible, pero sin hacernos responsables de la contaminación que otros hicieron al mundo y que nosotros no lo hicimos, desde la lógica que Paraguay es un país con energía 100 % renovable”, explicó.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del meca­nismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía con­tractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos recla­marle nada, ni ellos pue­den hacerlo y eso es un gran logro porque el exminis­tro (de Hacienda) había fir­mado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio Gonzá­lez, procurador general de la República.

De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se ini­ció una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.

“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos compro­metimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.

El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Pre­sidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adiciona­les al mecanismo.

Desde setiembre del año pasado, se escucharon pro­puestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comuni­cada oficialmente el lunes 22 de julio.

“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin con­tar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbi­traje y pagar un monto side­ral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.

González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventual­mente la demanda, lo que conllevaba perder la tota­lidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.

“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legiti­mación del derecho de Para­guay porque se han percibido gran parte del dinero depo­sitado”, concluyó.