La fiscala Pamela Pérez solicita a la ciudadanía que comunique si reconoce a Juan Agustín Bogado, un hombre que había sido asistido por una ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital General de Barrio Obrero ubicado en Asunción por complicaciones de salud.
Según los datos colectados en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Bogado nació el 17 de febrero de 1963 en Quiindy, por lo que se da mayor énfasis acerca del pedido para los pobladores de esta ciudad ubicada a 109 kilómetros de la capital, en el departamento de Paraguarí.
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Desde el Ministerio Público se ruega a la ciudadanía que se comunique con la comisaría más cercana si reconoce a esta persona, ya que se encuentra con el alta médica y presumiblemente está en situación de calle, por lo que precisa de ayuda de sus allegados.
El hombre no se encuentra en condiciones de explicar su situación, por lo que la fiscala del caso realizó el pedido en el marco de la causa Nº 4.061/21 que trata de “personas innominadas s/ abandono”. La agente Pérez pertenece a la Unidad Nº 2 del sector 1 de Asunción.
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Un hombre quedó inmovilizado tras un accidente y precisa ayuda para su tratamiento
Este miércoles, una mujer pidió ayuda a la ciudadanía para poder costear los gastos médicos y tratamiento de su hijo que tuvo un accidente de moto hace cuatro meses, en el departamento de Itapúa. El hombre quedó postrado en cama y su esposa lo abandonó quedando a cargo de su madre de 65 años.
El accidente se reportó en el mes de julio sobre la calle Japón de la ciudad de Encarnación, mientras Derlis Arellano, de 44 años, electricista de profesión, iba a realizar un trabajo particular y fue embestido por un automóvil. El impacto fue tan fuerte que quedó inmóvil y no puede hablar ni comer.
Tras el terrible accidente, el hombre está en cama y quedó bajo el cuidado de su madre, ya que su esposa decidió abandonarlo y se llevó a sus tres hijos. Ahora requiere ayuda para poder costear los gastos médicos y también comprar platino para que no pierda la mano. Además, necesitan víveres.
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“Necesita platino para la mano y tiene un costo de unos 7 millones de guaraníes, es lo más urgente que necesitamos. Ahora comemos gracias a la ayuda de los vecinos que nos pasan la comida”, detalló doña Hermelinda Arellano, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Afirmó que se trata de una situación bastante difícil por la que está pasando, porque su hijo quedó postrado en cama y que con su edad le cuesta poder trabajar. “Apelo a la buena voluntad de la gente, necesito leche, pañales y víveres para poder seguir adelante”, explicó. Las personas interesadas en ayudar pueden contactar al (0981) 306-316.
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Fiscalía dice que es prematuro sacar conclusiones definitivas
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
INFORME DE LA UNA
De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
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Informe de CGR expone el apuro fiscal para blanqueo a Bataglia
El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.
Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.
En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.
Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.
El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.
UNO DE VARIOS EJEMPLOS
Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.
En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.
La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.
La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.
Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos
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Comunidades indígenas reciben inversión en microproyectos para el desarrollo
El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) concretó una significativa inversión en la ejecución de microproyectos destinados a mejorar la calidad de vida en siete comunidades indígenas del departamento de Canindeyú.
Las obras incluyeron la mejora de la provisión de agua potable para cuatro comunidades, mediante la perforación de pozos artesianos y la instalación de tanques elevados de 10.000 litros de capacidad, cada uno equipado con sus respectivos motores. Este sistema permitirá garantizar el acceso constante a agua potable, atendiendo una necesidad prioritaria para estas colectividades.
Además, se construyeron dos salones comunitarios que brindarán espacios seguros y versátiles para el desarrollo de actividades diversas, desde reuniones hasta almacenamiento de insumos.
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A su vez, se dotó a una comunidad de implementos agrícolas y un motocarro, con el objetivo de fortalecer su sistema agropecuario y fomentar la autosuficiencia alimentaria. Estos proyectos materializan un deseo por las comunidades indígenas del departamento de Canindeyú, una realidad posible gracias a la voluntad política de brindar atención prioritaria a los pueblos indígenas del país.
El presidente del INDI, Juan Ramón Benegas, expresó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas, otorgándoles una prioridad fundamental dentro de la agenda estatal, con el propósito de que puedan alcanzar una vida digna y mejores oportunidades para su desarrollo integral.
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