En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a nivel país se padecen cada vez más casos diarios de todo tipo de abuso que son reportados al Ministerio Público. Existen grandes limitaciones a nivel estructural en cuanto la dotación de profesionales que puedan realizar el acompañamiento necesario de los casos y los estudios pertinentes para lograr un esclarecimiento y resolución inmediata.

Según datos proveídos por el Ministerio Público, pertenecientes al 2020, se ha reportado un incremento exponencial de casos de violencia contra la mujer abarcando distintas áreas. Nada más el año pasado fueron 26.600 los casos de violencia intrafamiliar a nivel país. A su vez, se reportaron 5.790 denuncias de abuso infantil y maltratos. Los feminicidios alcanzaron la alarmante cifra de 32 casos.

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En cuanto a delitos sexuales, fueron reportados 1.100 casos de coacción sexual y violaciones a mujeres adultas. Un total de 110 denuncias de acoso y 30 actos de índole exhibicionista. En lo que respecta a trata de personas, fueron 330 los reportes recibidos.

Los números arrojados en cuanto a delitos sexuales a menores son alarmantes, fueron 990 los reportes recibidos sobre hechos relacionados con la pornografía infantil, mientras que 150 corresponde a estupro. Cierran las preocupantes cifras los hechos de proxenetismo con 120 hechos y delitos informáticos con 1.500.

Ante las alarmantes denuncias y cifras expuestas, existen importantes limitaciones de profesionales e instituciones que deben enfocarse en la solución y acompañamiento de estos miles de casos de violencia. El Ministerio Público cuenta con tan solo 60 psicólogos y 86 médicos forenses.

Esto ralentiza notablemente los procesos y encasilla los casos evitando su resolución. Las evaluaciones psicológicas de la cámara de Gesell tardan alrededor de 2 a 3 meses debido al constante incremento de casos, produciendo una saturación en el sistema.

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Las unidades que ofrece el sistema público buscando atender y solucionar los crecientes casos son en demasía insuficientes. Se cuentan con solo 8 unidades especializadas de violencia familiar para atender una demanda de más de 25.000 casos. Están a disposición 5 unidades especializadas de trata de personas y una sola unidad especializada en casos de abuso infantil.

A este alarmante escenario hay que sumarle el hecho de que la Fiscalía ha sufrido un recorte presupuestario de 58 mil millones de guaraníes desde el 2020 hasta el presente año, alcanzando a su vez para el 2022 un recorte de 10 mil millones de guaraníes más.