El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) anunció el jueves pasado que culminó el trabajo de la comisión redactora del borrador del Plan de la Niñez y la Adolescencia (PNNA) y quedó a consideración del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) tras supuestamente llegar a un consenso entre las partes.

La doctora Valeria Insfrán, representante de organizaciones civiles y quien acompaña este proceso desde el inicio, aclaró que realmente no existió consenso entre las partes integrantes de la mencionada comisión redactora sobre temas fundamentales que fueron objetados con anterioridad.

“Es importante que la ciudadanía y los padres de familia conozcan el contexto del proceso de revisión del plan, sobre todo para aquellas personas que no siguieron desde el principio el tema”, mencionó.

Le puede interesar: Camioneros imputados por coaccionar a instituciones participan de actividades proselitistas

El PNNA en su primera versión ya fue denunciado el año pasado por miembros y representantes de la sociedad civil por contener conceptos y principios contrarios a nuestro ordenamiento jurídico, además de haber sido elaborado sin la participación de la ciudadanía.

“En aquel momento cuestionamos que el plan posicione al Estado como principal garante en la protección de los niños, por sobre los padres de familia, invirtiendo de esta forma el orden establecido constitucionalmente en el Art. 54 de nuestra CN”, aclaró Insfrán.

Las objeciones presentadas por los representantes de padres de familia y de la sociedad civil en general se refieren a la introducción del enfoque de género en niños y adolescentes, no prevista en nuestra Constitución Nacional.

“Eso no está previsto en nuestra CN e implica un grave daño a la formación sana de la identidad de los niños”, explicó la profesional y agregó que la presencia en el plan del “enfoque de derechos” implicaría un menoscabo a la patria potestad de los padres.

Lea también: Titular de la UIP critica la apología al contrabando y retira confianza a Fuster

El plan contempla la llamada “autonomía progresiva” que, según explica Insfrán, colisiona con toda la normativa de la capacidad de las personas contenida en nuestro Código Civil. “Toma a la diversidad sexual como una suerte de cultura”, añadió.

Ante estos cuestionamientos, la Cámara de Diputados realizó un llamado de audiencia pública a la ministra Teresa Martínez, quien no asistió, hecho que derivó en la interpelación a la ministra del MINNA y la posterior aparición del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, llamando a una mesa de diálogo en una movida que fue considerada más política que social.

“Esta situación propició la creación de una comisión redactora con cupos de participación decididos por resolución del CNNA, dejando fuera arbitrariamente a representantes de más de 30 organizaciones civiles que habían llevado adelante la denuncia contra el plan y admitiendo a una organización de padres, creada oportunamente el año pasado, en vísperas de la audiencia pública, para apoyar el plan objetado”, dijo.

“A la cabeza de esta supuesta organización de padres está una exfuncionaria del MINNA durante el gobierno de Fernando Lugo, dejando en evidencia el proceder poco objetivo y neutral de la actuación del Consejo”, denunció la representante de la sociedad civil.

Lea también: Fondo de Excelencia de la Educación e Investigación está blindado, asegura directora ejecutiva

Un borrador del plan vio la luz luego de diez meses de preparación por parte de la comisión redactora, luego de recoger las diversas posturas presentadas; sin embargo, explica Insfrán que este borrador presentó todos los conceptos, principios y ejes objetados anteriormente y solo como relleno incluía al eje familiar propuesto por Fedapar (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay).

La comisión redactora fue conformada por las oenegés CDIA, Frente por la Niñez y la Adolescencia (integrante de Juntos por la Educación) y por Feipar (Familias por la Educación Integral en Paraguay, creada recientemente), entre las organizaciones que defendían el plan inicial y que fue objetado casi en su totalidad.

También lo integraron Fedapar, la organización Somos Muchos Más, Pastoral de la Vida, Pastoral de la Familia y la CEP (Conferencia Episcopal Paraguaya) entre aquellas organizaciones que presentaron cuestionamientos al plan original, que finalmente sufrió muy poca variación.

“La ministra Teresa Martínez ha trabajado por décadas con las oenegés que buscan implementar en nuestras políticas públicas y en lo posible, en nuestro ordenamiento jurídico, estos conceptos y principios cuestionados, que nada tienen que ver con nuestro sistema jurídico, con nuestra cultura ni con nuestros principios y valores, mucho menos con las necesidades reales de la niñez y adolescencia paraguaya”, indicó.

Fue uno de los motivos por los que no estuvieron de acuerdo con el blindaje otorgado por Hugo Velázquez a la ministra Martínez. “Sabíamos desde el día uno que la ministra, en connivencia con las oenegés, utilizaría a las asociaciones de padres y sociedad civil organizada para validar un plan que no cambiaría mucho del original que fue objeto de denuncia”, manifestó.

Diez meses de intensas sesiones grabadas por el MINNA, donde una amplia mayoría estaba en contra de la manera en que el CNNA presentó el plan para la niñez, no fueron suficientes para lograr un consenso que apunte al realizar cambios para beneficio real de la niñez y la adolescencia de nuestro país.

“No fueron suficientes para un cambio que plasmara lo que la gran mayoría de los paraguayos quieren para los niños y adolescentes de nuestro país, una infancia libre de ideologías que niegan la naturaleza humana y que pervierten la inocencia de nuestros chicos, un plan que respete irrestrictamente la patria potestad de los padres, si estos no incurrieron en hechos que ameriten la pérdida de la misma”, dijo la representante de la sociedad civil.

“Se presentaron tres borradores diferentes, un borrador de parte de las oenegés y de Feipar y dos por parte de las organizaciones pro vida y familia. No hubo acuerdo ni consenso entre los dos bloques sobre los temas de importancia que fueron objetados. Incluso las oenegés que integraron la comisión redactora se opusieron a la inclusión del eje familiar, el cual por sentido común y por nuestras propias disposiciones legales debería ser fundamental en un plan sobre la niñez, salvo que el objetivo sea eliminar a las familias de la ecuación Niñez-Estado”, advirtió.

Lea además: Conferencia Unesco: Brunetti instó a reflexionar sobre las alternativas y estrategias para la educación

Ahora la decisión final está en manos del CNNA, integrado por representantes de varios ministerios y de las mismas oenegés que integraron la comisión redactora, un órgano que funge de juez y parte en este proceso. “Es uno de los motivos por los que nunca nos pareció razonable la mesa de diálogo a la que invitó Hugo Velázquez”, señaló.

“No olvidaremos el actuar de los políticos ante esta coyuntura y lo recordaremos ante las urnas toda vez que aún sea posible votar para elegir nuestras autoridades porque vemos alarmados el avance del Estado sobre nuestras propiedades, nuestras libertades y ahora avanza sobre lo más sagrado, sobre nuestros hijos”, dijo.

“Esto no es un hecho aislado, es una agenda global y ya vemos lo que ocurre en países donde la misma está más avanzada. Estamos atentos al proceder del Gobierno que se declara pro vida y pro familia, pero la ciudadanía espera más que palabras. Que rechace de forma valiente y decidida el colonialismo ideológico que ya hemos visto cómo destruye el tejido social en aquellos países donde se ha logrado imponer”, concluyó.