• Sao Paulo, Brasil. AFP.

Diez personas de una misma familia murie­ron tras la caída de un avión de pequeño porte en una zona comercial de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Río Grande do Sul (sur), informó el servicio de Defensa Civil.

Las víctimas son el empresario Luiz Claudio Salgueiro Galea­zzi, del estado de São Paulo (sur), y nueve familiares suyos que viajaban en el avión, con­firmó la Policía Civil a la AFP. El piloto del vuelo era el propio empresario y no hubo sobre­vivientes. Otras 17 personas resultaron heridas en suelo, dos de ellas gravemente, según Defensa Civil. El avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, se estrelló la mañana del domingo “contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles”, detalló una nota de la Secretaría de Seguridad Pública de Río Grande do Sul. Los destrozos “también alcan­zaron a una posada”, añadió. El avión despegó del municipio vecino de Canela, otro destino turístico de Río Grande do Sul, y cayó pocos minutos después de haber tomado vuelo.

Gramado es una popular ciu­dad turística en Brasil, ubi­cada 100 kilómetros al norte de la capital del estado, Porto Alegre, en una región de sie­rras, con importante afluen­cia de visitantes en la época de Navidad.

Al menos nueve personas murieron este domingo tras la caída de un avión de pequeño porte en una zona comercial de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Río Grande do Sul (sur), informaron las autoridades.

“Hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión”, dijo a la AFP el comisario Cléber dos Santos Lima, director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado.

Las autoridades no confirmaron por el momento cuántos pasajeros y tripulantes viajaban en el avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, aunque Defensa Civil dijo más temprano que “preliminarmente, el avión transportaba diez personas”.

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La aeronave se estrelló la mañana del domingo “contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles”, informó en una nota la Secretaría de Seguridad Pública de Río Grande do Sul. Los destrozos “también alcanzaron a una posada”, añadió.

Al menos 15 personas fueron trasladadas al hospital, la mayoría por haber inhalado humo del incendio que provocó el accidente, luego controlado por los bomberos. El avión había despegado del municipio de Canela, otro destino turístico de Río Grande do Sul. “Infelizmente, las informaciones iniciales indican que los ocupantes del avión no sobrevivieron”, dijo el gobernador del estado, Eduardo Leite, en su cuenta de X.

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“Estoy acompañando junto a las fuerzas de seguridad del Estado el triste episodio”, agregó. Gramado es una popular ciudad turística en Brasil, con importante afluencia de visitantes en la época de Navidad. Este es el segundo accidente con varias víctimas fatales este fin de semana en Brasil, luego de que 41 personas murieran el sábado en un accidente de ómnibus en Minas Gerais (sureste).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “terrible” la tragedia del ómnibus, que se habría producido luego de que la carga de un camión que circulaba en sentido contrario se desprendiera de la carrocería e impactara al vehículo con pasajeros.

Fuente: AFP

Con base en datos oficiales, en este material se ofrece un análisis de las promesas realizadas en la campaña electoral del presidente Santiago Peña y el nivel de avance de las mismas, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

En este cierre de 2024, se cumple 1 año y 4 meses de la asunción de San­tiago Peña a la Presidencia de la República del Paraguay, por lo que La Nación/Nación Media realiza un balance de los compromisos asumidos por el mandatario y el estado en el que se encuentran en la actualidad.

El artículo fue elaborado con base en datos oficiales pro­porcionados por el Gobierno y permitirá al lector conocer qué nivel de avance tiene cada promesa realizada en cam­paña por el presidente, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros. Para usted, ¿Peña cumplió?

“En Paraguay miles de fami­lias destinan una parte impor­tante de sus ingresos pagando un alquiler, un pesado gasto mensual que les impide pro­gresar”, afirmó el presidente comprometiéndose a impul­sar un programa que permita a la clase media poder pagar una vivienda propia a cuotas que se acerquen al monto de un alquiler.

De esta forma nació Che Róga Porã, una promesa cumplida desde el punto de vista del impulso del programa, si bien hasta la fecha aún no se ha inaugurado ninguna vivienda en este marco. Son 286 vivien­das reservadas y con crédito del sector privado preapro­bado para su construcción. Para la implementación de este plan se logró fijar una tasa del 6,5 % y créditos de hasta G. 500 millones a un plazo máximo de 30 años.

“Las personas con disca­pacidad tienen los mismos derechos que todos, en mi gobierno vamos a cuidarlos y apoyarlos para que también estén mejor, lo vamos a hacer con menos burocracia e incor­porando tecnología”, prome­tió Santiago Peña.

Recientemente presentó el primer “Atlas sobre la Disca­pacidad del Paraguay”, impul­sado por varias instituciones con apoyo del Banco Inte­ramericano de Desarrollo (BID), que consiste en una plataforma que unificará todos los datos de institucio­nes públicas, organizaciones privadas y sin fines de lucro sobre las 299.839 personas con discapacidad en el Para­guay. A partir de esta base de datos se podrán encausar políticas públicas certeras para este segmento que repre­senta el 5,3 % de la población, confirmó el director del INE, Iván Ojeda.

Por otro lado, firmó el decreto que reglamenta la Ley n.° 6940/22, una normativa fun­damental en la lucha contra el racismo y la discrimina­ción en el país. Esto marca el reconocimiento y dignifica­ción de la población afrodes­cendiente paraguaya, que ha enfrentado históricamente la exclusión social y el racismo. Este marco legal establece mecanismos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las per­sonas afrodescendientes, un paso crucial en la lucha por la igualdad y los derechos huma­nos en el país.

En lo que respecta a la tercera edad, una promesa en proceso de ser cumplida es la univer­salización del acceso a la pen­sión y se estima que para el 2027 la totalidad de este sector estará cobrando este haber. Los adultos mayores elegibles, según la normativa 7322/2024, accederán a una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, equivalente a apro­ximadamente G. 700.000. El monto se reajustará auto­máticamente, conforme a la variación del salario.

La ley también beneficia a las familias indígenas, en cuyo caso la pensión será univer­sal a partir de los 50 años. Por otra parte, las personas entre 60 y 65 años también podrán acceder al beneficio en casos de discapacidad severa, constatada y certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapaci­dad (Senadis).

En la Itaipú Binacional se ha logrado un acuerdo tari­fario de USD 19,28 hasta el 2027 con el Brasil y tam­bién se concretó la posibili­dad de exportar energía de otras fuentes al mercado bra­sileño, resultados positivos para esta administración.

El nuevo precio de la tarifa durante tres años generará alrededor de USD 280 millo­nes de ingresos por royal­ties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, tota­lizando USD 1.250 millones anuales. Aún está pendiente la renegociación del Anexo C, lo que definirá el futuro de los próximos 50 años de esta empresa binacional y de ambos países.

Las propuestas en torno a solucionar la situación finan­ciera de la Entidad Binacio­nal Yacyreta (EBY) aún están pendientes. Si bien se han obtenido históricos desem­bolsos por parte de Argentina, el incumplimiento por cesión y uso de energía por parte del vecino país todavía imposi­bilita que la hidroeléctrica adquiera estabilidad.

Una promesa en marcha es la duplicación de los agen­tes de la Policía Nacional. El Gobierno se trazó como meta la incorporación de 5.000 policías por año, los que sumarán 25.000 al tér­mino de esta administración en agosto de 2028.

Para el próximo 19 de diciem­bre está previsto el egreso de los primeros 5.000 policías que pasarán a prestar servi­cios directamente en comi­sarías de todo el país, sumán­dose al esfuerzo diario contra el crimen organizado y las estructuras delictivas, for­taleciendo la seguridad en la vía pública.

La reducción de precios del combustible es una compresa cumplida de Santiago Peña, quien durante este gobierno ha anunciado en 7 oportuni­dades la disminución de esta materia prima fundamental para el desarrollo del país.

De esta forma, Petróleos Para­guayos (Petropar) redujo en total G. 1.550 el precio de las naftas desde agosto de 2023 a la fecha. También redujo el precio del gas y se mantiene desde el 15 de noviembre en G. 6.500 por kg. Al combustible, se sumó la reducción del pre­cio del cemento, beneficiando al sector de la construcción y al consumidor final.

Un menor precio en los pro­ductos de la canasta básica también fue un compro­miso de Peña; no obstante, el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) reportó incrementos de pre­cios en bienes alimenticios, por lo que este punto aún es una materia pendiente para el Gobierno.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Esta­dística (INE) hubo una reduc­ción de la pobreza al compa­rar los datos entre el 2022 y 2023. Previamente, el nivel de pobreza ocupaba el 25,5 % de la población y este descendió al 22,7 %, esto incluye a perso­nas que no llegan a un ingreso diario per cápita de al menos G. 26.000.

En cuanto a la pobreza extrema, que alberga a quie­nes no llegan a los G. 12.000 al día, las cifras arrojan tam­bién una leve disminución. Del 6,1 % registrado previa­mente, al 2023 se contabi­lizó que 4,9 % de los habitan­tes del país se encontraban en esta situación, porcentaje que representa a 269.000 personas. Los compatrio­tas en situación de pobreza y pobreza extrema suman 1.330.000.

Un hecho destacado es la reducción de intereses para pequeños agricultores, de 12 a 4 % a varones y de 12 a 0 % a mujeres.

Si bien la promesa del presi­dente de reducir la pobreza está en marcha, aún queda mucho trabajo por delante ya que a la fecha todavía existe un gran número de paragua­yos que no alcanza el mínimo de ingresos diarios.

La generación de 500.000 puestos de trabajo es una de las apuestas más fuertes del gobierno de Peña, la meta es ambiciosa y a la fecha los datos del Viceministerio de Empleo señalan que en este periodo 43.324 personas han ingre­sado por primera vez den­tro del sistema de protección social. Cabe destacar que esto no incluye al sector del emprendedurismo.

El combate a la informali­dad es clave para llegar a la meta de los 500.000 puestos de trabajo manifestó la vice­ministra de Empleo, Verónica López, a La Nación/Nación Media, y agregó que deben contabilizarse los empleos generados en el sector del emprendimiento.

En 2023 se registraron 4.118 nuevos negocios y queda aguardar las cifras de 2024 para determi­nar el crecimiento en este sector. Esta promesa está avanzando hacia su cum­plimiento, pero con pasos muy lentos.

Uno de los grandes compro­misos en materia económica/ financiera fue la reducción de la deuda pública, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía se puede apreciar que esta ha ido en aumento y a octubre de 2024 llegó a USD 17.958,3 millones. En el mismo periodo del año pasado, alcanzó USD 16.194,2 millones.

Si bien se registra un aumento, cabe destacar que el actual gobierno tuvo que asumir deudas millonarias con el sector de la construc­ción y con las farmacéuticas dejadas por la administración de Mario Abdo Benítez.

Un punto a destacar es el pau­latino acercamiento al tope del déficit fiscal. En diciembre de 2023 fue de 4,1 % y se pro­yecta concluir el 2024 con 2,6 %. El objetivo del Gobierno es volver al 1,5 %, considerado un punto de equilibrio.

“Yo categóricamente rechazo aumentar los impuestos”, afirmó Peña durante su cam­paña a la Presidencia y esta promesa la está cumpliendo hasta la fecha. Su gobierno no ha impulsado reformas en este aspecto y los parla­mentarios oficialistas tam­poco han acompañado inten­ciones legislativas de elevar tasas impositivas.

Peña prometió reformas en pos de reducir la burocra­cia, optimizar recursos y el funcionamiento de institu­ciones, en este orden se ve un avance mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y está en trámite la creación del Regis­tro Unificado Nacional (RUN) que fusiona Catastro y Regis­tros Públicos.

Una promesa incumplida hasta la fecha es la imple­mentación de un plan de guarderías gratuitas. “En mi gobierno apoyaremos a todas esas mujeres madres que quieren trabajar o estudiar, implementando guarderías gratuitas”, expresó el enton­ces presidenciable, que aún tiene este punto como mate­ria pendiente.

Durante su campaña San­tiago Peña se comprometió a combatir el consumo de dro­gas, como el dañino chespi, y devolverle la seguridad a las calles. Durante el gobierno este compromiso se convirtió en el Plan Sumar, un programa que une a varias ins­tituciones para combatir de forma integral al problema de las adicciones.

El cumplimiento de esta pro­mesa está en proceso, si bien las calles aún son testigos de jóvenes en situación de adic­ción y los problemas de inse­guridad derivados de esta problemática aún persisten, el Gobierno ha encabezado diversas acciones contra el narcotráfico, el microtráfico, se ha dado atención prima­ria a personas con trastor­nos por uso de sustancias y desde el Ministerio de Edu­cación se implementó Escue­las Abiertas, para trabajar desde la prevención, entre otras medidas más.

La problemática que busca resolver el Plan Sumar es a largo plazo, por lo que las acciones llevadas a cabo aún están lejos de reflejar resultados alentadores.

El proyecto de ley para una pensión universal a personas con discapacidad, se define este jueves en la Cámara de Senadores en una sesión extraordinaria. Sin embargo, ya se maneja un proyecto alternativo para la inclusión gradual de las personas, de acuerdo a la ministra Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Yody Ledesma.

De acuerdo con un censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), se maneja el dato de que serían alrededor de 178.841 personas con algún tipo de discapacidad a nivel nacional. Mientras tanto, la titular de la Senadis indicó que se está trabajando con el INE para realizar un nuevo censo y establecer un dato específico, ya que en la institución están inscritas 150.000 personas.

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“Tenemos en la institución censados 150 mil usuarios, pero nosotros estamos haciendo con el INE lo que es el censo de personas con discapacidad, porque en aquella ocasión fueron muy vagas las preguntas que se hicieron a nivel país, entonces manejamos siempre entre el 10 y el 12 % de la población, de lo que es el monto total”, explicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En este proyecto alternativo, las instituciones encargadas serán la Senadis y el Ministerio de Desarrollo Social, pero también se tendrán los datos de todas las instituciones públicas a fin de contar con los datos exactos de todas las personas con algún tipo de discapacidad.

“Eso es lo que estamos haciendo ya, estirando bases de datos de todas las instituciones, porque todos los proyectos de ley que están saliendo, todos piden certificado de discapacidad de la Senadis, entonces como no tenemos tantas filiales a nivel país, como el presidente siempre nos dice, salgan a ver qué es lo que la gente necesita, entonces como tenemos las clínicas móviles de la institución salimos con los profesionales”, refirió la ministra.

Así mismo, señaló que el objetivo de esta propuesta es implementar la pensión de manera gradual, esto teniendo en cuenta que muchas personas se encuentran trabajando, además de cumplir con la inclusión laboral.

“Yo creo que sería lo más conveniente, por ejemplo, tenemos en la institución directores que están en silla de ruedas, son abogados y al ser universal, dicen que no necesitan. Buscar que la gente pueda trabajar es también buscar el 5 % que tenemos en las instituciones, es también darle la oportunidad a las personas con discapacidad que están en condiciones”, indicó.

En este contexto, la ministra refirió que la prioridad deben ser las personas que no cuentan con movilidad y que se encuentran en cama. “Para mí, la prioridad son las personas encamadas, con parálisis cerebral y después ir graduando, porque a nivel país va ser imposible por el costo que esto conlleva”, sentenció.

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