La representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), Blanca Ávalos, dijo que la movilización se realizará mañana en el centro de Asunción. Resaltó que solo participarán líderes sindicales, por lo cual las clases están garantizadas que se desarrollen de forma normal.
“El Estado incumplió una parte de lo que es el salario básico profesional. Mañana se está tratando el tema del Presupuesto General de la Nación y esperamos que se pueda tratar lo que corresponde a educación. Hay que seguir peleando para que por lo menos por parte se pueda ir cumpliendo esos derechos de los trabajadores y del pueblo en general, aquello que nos habían prometido”, sostuvo en contacto con la 800 AM.
“Nosotros creíamos que estaba firme cuando estaba dentro de la ley del presupuesto del 2021, que no hacía falta salir para que ellos puedan cumplir esta tercera parte del salario básico profesional. Por eso que a veces firmar acuerdos con el Estado, si quiere incumplir, de igual manera incumplen. Esto solamente se otorgó el 11%, no se otorgó la totalidad de lo que estaba, inclusive cumpliendo las condiciones que ellos daban que es el crecimiento económico de más del 15%”, explicó.
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“Nosotros lo que vamos a pelear es que se pueda pagar a partir de enero porque estaba previsto que para finales del 2022 se daría”, aclaró Ávalos.
Indicó que además de líderes de la OTEP-SN, participarán dirigentes sindicales de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN) y el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación (Sifemec).
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Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Piden reforzar seguridad tras atraco a banco en Naranjal
El gerente comercial del banco atacado con explosivos, Jorge Woitchack, confirmó que ningún personal se encontraba en el lugar al momento de la explosión que ocasionó severos daños materiales al local. El directivo pidió reforzar la seguridad en todo el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.
“Lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación. Es lo que nos toca hoy experimentar y por lo que tenemos como datos la sucursal fue dañada en términos edilicios de una forma bastante importante”, señaló a la 1020 AM. Expresó que la entidad no cuenta con mucha información aún sobre las pérdidas destacando que “lo más importante es daño a la gente no tuvimos”.
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“La sucursal no tenía ninguna presencia física de personal allí y solamente hubo daños materiales. Y se está haciendo el recuento, ya las autoridades están presentes y nosotros estamos llegando. Y más datos vamos a tener más tarde”, añadió.
No hay datos sobre el dinero
Se excusó de proporcionar información sobre el dinero de la bóveda al mencionar que “se está relevando datos y no tenemos datos precisos todavía”. Esta es la primera vez que la sede de Bancop es atacada por delincuentes, por lo que el gerente abogó el refuerzo policial en la zona.
“Todos sabemos que Naranjal es una zona muy productiva, de mucha gente que se dedica a la producción agrícola principalmente. Y básicamente es una de nuestras sucursales agrícolas”, subrayó el gerente comercial de la entidad bancaria.
Garantizó que el banco cuenta con el respaldo de una compañía de seguro, aunque en todo momento se negó a adelantar si la bóveda fue vaciada por los malvivientes. “Ya es cuestión de las autoridades correspondientes y creo que lo estarán haciendo”, significó sobre la necesidad de reforzar la dotación de la Policía en este distrito del país.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Servicio civil: Sitrande dice que no hay objeciones y que los “reclamos se han corregido”
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), Adolfo Villalba, dijo que no se acoplarán de forma masiva a la movilización convocada desde las centrales obreras para este miércoles 13 de noviembre con el fin de solicitar al Senado la postergación del proyecto de reforma del servicio civil.
Detalló que la decisión fue tomada este último lunes por la mesa directiva del sindicato al no existir objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.
“Hemos corroborado que en el proyecto colectivo presentado al Parlamento que los reclamos principales que hemos tenido como sindicato sí se han corregido, esto teniendo en cuenta que en el proyecto habían varios artículos que suponían un retroceso en cuanto a lo que es el derecho de los trabajadores”, sostuvo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Hoy en día estamos regidos por la Ley 1626 que es de la función pública, entonces hicimos una comparación con esta normativa, el motivo de ser de los sindicatos es verificar que el trabajador no salga perjudicado y que la ley no tenga un retroceso, entonces controlamos que el proyecto de la carrera civil mínimamente sea igual en cuanto a los derechos laborales”, remarcó.
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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el 16 de setiembre pasado. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la función pública, entre otros.
“Somos funcionarios públicos y que haya una ley que nos rija no está mal. Acompañaremos muy de cerca el tratamiento del proyecto de ley, estarán presentes nuestros delegados, pero no saldremos masivamente a corroborar que la propuesta acordada sea aplicada. Si uno se coloca a leer el proyecto de ley de la carrera del servicio civil podrá ver que en grandes medidas es un copia y pegue de la ley 1626 con algunas correcciones luego de los 20 años de vigencia que tiene esta norma”, dijo.