En la ciudad de Encarnación una mujer fue detenida luego de agredir a su expareja que estaba en su lugar de trabajo y destruir parte de la motocicleta del hombre. Al parecer, la mujer había abandonado al hombre y a su hijo, y ahora volvió con la intención de llevarse al menor, pero el hombre se negó a entregarlo.

Según el reporte policial, el hecho se registró en pleno centro de la ciudad de Encarnación, donde el hombre se desempeñaba como guardia de seguridad de un local comercial. Hasta allá llegó la mujer identificada como María Magdalena Del Puerto, de nacionalidad argentina, e inició la discusión con el trabajador.

Al no tener una respuesta favorable por parte de la víctima, la mujer comenzó a agredir verbal y físicamente, hasta que le arrojó piedras. No conforme con eso, decidió destruir la motocicleta del hombre. Todo fue grabado por amigos y conocidos del trabajador que llamaron al sistema 911 para denunciar el caso, además, entregaron los videos.

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Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de mujeres y lograron detener a la agresora, que quedó a disposición del Ministerio Público. El hombre realizó la denuncia y confirmó a las autoridades que la agresión tendría como trasfondo la disputa por la tutela de su hijo en común.

Aclaró que la mujer abandonó el hogar donde residían y que hace unos días regresó para pelear legalmente por la custodia del menor, pero al no entregar a su hijo decidió atacar físicamente al padre. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y tomar las medidas pertinentes.

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Este martes la Policía Nacional detuvo a Elián López Torres, de 24 años, sindicado como supuesto autor de la agresión a una joven que perdió un ojo en un local nocturno de la ciudad de Asunción. Esta persona desde ayer lunes contaba con una orden de detención y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El caso se reportó el fin de semana último en un bar y discoteca, donde la víctima Dahiana Montserrat Benítez, de 20 años, estaba compartiendo con sus hermanos y amigos hasta que se desarrolló una gresca dentro del local. Durante el encontronazo la joven recibió el impacto de un elemento de vidrio que le reventó el ojo derecho.

“Desde ayer que estamos tras los pasos de esta persona y fuimos hasta la casa de sus padres, hablamos con ellos y se llegó a un acuerdo que en el día de la fecha (hoy martes) se presentaría ante la Fiscalía”, explicó el comisario Osvaldo Andino, jefe de investigaciones de Asunción, en entrevista con la 1020 AM.

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Resaltó que en el transcurso de esta mañana Elián López se presentó con su abogado ante el Ministerio Público y se procedió a su aprehensión. “El se llamó a silencio y durante todo este tiempo no dijo nada. Será llevado a la Fiscalía para su declaración, aún no cuenta con una orden de prisión preventiva”, aseguró.

Tras el terrible incidente que se registró en el local nocturno asunceno la víctima fue llevada hasta un centro asistencial donde confirmaron que perdió el ojo. La denuncia se realizó ante la fiscal Diana Laterza, quien luego de acceder a las imágenes de cámaras de seguridad, identificó al agresor y ordenó su detención.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos