El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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El senador Javier Zacarías sostuvo que el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, está utilizando toda la estructura y los recursos de la Municipalidad para posicionar a su candidato para las elecciones del 2026, Daniel Mujica.

“El actual intendente ya tiene su candidato que es su llavero, es su mochila. Donde va el intendente va su candidato, usando la estructura de la Municipalidad para toda la campaña política que hace el intendente, lo hace con su candidato Mujica, tratando de transferir eventualmente los votos; por supuesto utilizar toda la estructura municipal a favor de su candidato”, expresó en la 1020 AM.

El legislador afirmó que esto podría tener un efecto búmeran en el desarrollo de los comicios. “Yo creo que eso va ser un búmeran porque hay muchas cosas que el pueblo siente, no es todo redes sociales, muchas veces en las redes sociales nos muestran otra cosa y es otra la realidad en el lugar”, apuntó. Zacarías sostuvo que la ciudad se encuentra totalmente abandonada y con mucha corrupción “que se demuestra todos los días”, y la ciudadanía percibe toda esa situación.

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“Acá los barrios están abandonados, los dispensarios médicos están abandonados, baches por toda la ciudad, suciedad, falta de iluminación, falta de coordinación con los transportistas, falta de coordinación con los comerciantes, falta una voz de mando que maneje y dirija la ciudad para el beneficio de todos los ciudadanos que vivimos en Ciudad del Este”, cuestionó.

Por otra parte, el senador señaló que el Partido Colorado aún no cuenta con un candidato; sin embargo, dijo que espera que la agrupación política llegue a un consenso con uno candidato que pueda aglutinar al electorado y recuperar la comuna esteña.

“Ojalá podamos llegar a un acuerdo todos los colorados y tengamos una candidatura única, donde todos consensuemos, todos estemos de acuerdo, que no sea precisamente mi candidato, ni el candidato de sultano ni fulano, sino que sea un buen candidato y que sea candidato único del Partido Colorado. Voy abogar siempre por la unidad entre todos y que no tengamos ningún tipo de diferencias ni peleas para poder recuperar la intendencia”, sentenció.

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La Municipalidad de Asunción resolvió intervenir un conocido shopping donde falleció ayer una joven de 19 años, con el objetivo de realizar la pericia pertinente sobre la seguridad del lugar, luego de que la víctima cayera del tercer piso. Desde el Ministerio Público ya iniciaron una investigación sobre el caso a fin de determinar en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento son desconocidas, aunque desde la comuna asuncena indicaron que la intervención es para determinar si la víctima perdió la vida tras una caída accidental por fallas en las instalaciones del centro comercial ubicado en el barrio Villa Morra.

“La intervención se realizó como lo solemos hacer normalmente cuando se reporta una denuncia por irregularidad y lo hizo un equipo de fiscalización del PCI, de Licencias Comerciales y de Vigilancia Municipal”, detalló Nelson Mora, jefe de Gabinete de la municipalidad, en entrevista con el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Apuntó que se realizó un recorrido por todo el lugar, especialmente en el piso donde se habría registrado el incidente y se encontraron con varias irregularidades. Todo lo actuado será comunicado al Ministerio Público atendiendo al caso acontecido en el lugar y para que pueda sumar a las investigaciones.

“Recorrieron todas las instalaciones, los diferentes bloques y pisos, quedaron totalmente sorprendidos. Las irregularidades son manifiestas, atroces y muy peligrosas, que generan una situación de riesgo para la gente, los comerciantes y para los propios trabajadores. Vamos a pasar a la parte jurídica para ver qué pasos siguen de ahora en adelante”, puntualizó.

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Unidad de Investigación Nación Media

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.

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El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

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Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

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Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.

De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

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Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.