El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, señaló que la dirección de Operaciones Urbanas manejaba informaciones sobre la estructura del Clan Rotela que ayer fue desmantelada durante el operativo Sudamericana, en el barrio Jara de Asunción. Este grupo movía una cantidad importante de sustancias para el microtráfico en la zona, afirmó.

Las intervenciones se realizaron en el marco del Plan Sumar que busca enfrentar a la comercialización, tráfico y microtráfico de sustancias ilegales en el país.

Destacó que el resultado del trabajo fue exitoso, ya que “hace años que no se veía este tipo de resultados en la Senad en coordinación con el Ministerio Público”, dijo.

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“Luego de llevar un trabajo de inteligencia se logró incautar casi 6,400 kilos de cocaína, en un solo allanamiento. Fueron cuatro allanamientos en simultáneo, con aprehensión de personas, incautación de drogas, armas, celulares. Fue un gol récord para los muchachos de Operaciones Urbanas de la Senad y vamos a seguir así trabajando”, remarcó.

El titular de Antidrogas señaló que esta estructura delictiva se preparaba para proveer drogas a los hinchas de ambos equipos que están llegando al país, para la final sudamericana, entre Racing Club de Argentina y Cruzeiro de Brasil, este sábado en el estadio de La Nueva Olla Azulgrana.

Destacó que la incautación de estas sustancias, representan un fuerte golpe monetario para estas estructuras delictivas, porque estas drogas, una vez que los ladrillos de cocaína se dividen y se venden a otros centros de acopios, van incrementando su valor.

“Varía totalmente el precio, es decir de un precio de 8.000 dólares el kilo, al dividirse y venderse en el narcomenudeo, se triplica o cuadruplica el precio. Con esos seis kilos y algo de cocaína se vendía de manera rápida, se podría vender a 8.000 dólares el kilo, pero este tipo de estructura vende en pequeñas dosis”, explicó.

El ministro Rachid destacó el trabajo de los agentes de la Senad, a quienes les insta constantemente a afinar el trabajo de inteligencia, y se busque llegar a lo más alto de la estructura criminal.

Asimismo, lamentó que existan gente que opinen sin saber, pero para los que están trabajando en esa lucha desde hace tiempo, sabe que no se trata solamente del problema de las drogas, de por sí como negocios.

“Esto genera problemas de seguridad interna, los robos, los robos agravados, los hurtos y hurtos agravados, genera problemas en la salud mental de las personas adictas. Por eso hablamos dentro del marco del Plan Sumar, que esto no es tan sencillo y no se tiene que tomar tan a la ligera. Porque el que vende en un colegio está apuntando a un grupo de jóvenes y niños, y los que venden a grande escalas, se dedica a lo mismo, pero a gran escala”, acotó.

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Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

Los trabajos de corte y destrucción de cultivos de hierba maldita se centraron en una zona boscosa de la colonia Santa Clara, distrito de la ciudad de Cerro Corá, a pocos kilómetros de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

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De acuerdo a los datos brindados por los intervinientes, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron el sitio gracias a las informaciones obtenidas mediante trabajos de inteligencia. Con antelación sabían que en el lugar se estaba procesando una importante cantidad de esa droga para ser enviada al Brasil.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los uniformados cuando, al ingresar a un lugar boscoso, hallaron 8 hectáreas de cultivo de marihuana en etapa de cosecha y, a su costado, casi 600 kilos de esa droga lista para ser vendida.

Según se informó, la “mercadería” pertenece a una poderosa facción criminal que, desde la zona de frontera, envía grandes cantidades de hierba maldita al rentable mercado brasileño.

La intervención no arrojó detenciones, pero sí un importante perjuicio económico a los financistas de la droga.

“De ese cultivo, irían procesar aproximadamente 24 toneladas de hierba maldita”, señalaron los agentes intervinientes.

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Por disposición del Ministerio Público, la marihuana fue incinerada en el lugar.

El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos