El senador Natalicio Chase aclaró los alcances del proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, cuyo tratamiento está previsto para este miércoles en sesión ordinaria de la Cámara Alta. El líder de la bancada de Honor Colorado afirmó que se harán las correcciones de modo a despejar todas las dudas de los sectores.

“Los servicios básicos deben estar garantizados y tienen todo el derecho a la huelga. La ley dice que lo único requerido es garantizar esos servicios, no está prohibida la huelga”, aseveró Chase en contacto con “12/8″ emitido por GEN/Nación Media, donde respondió a las inquietudes de Julio López, sindicalista de la Confederación de la Clase Trabajadora.

En este sentido, Chase indicó que el artículo N.° 47 de la iniciativa contempla que se considera como servicios públicos imprescindibles a todos aquellos cuya interrupción total o parcial a la comunidad pongan en peligro la vida, salud, seguridad, comunicación y movilidad de las personas. Entre los cuales se encuentran la atención hospitalaria, producción y distribución de agua potable, energía, combustibles entre otros.

Lea también: Comisión de ANR apoya ley de la función pública y carrera del servicio civil

“La huelga va a poder realizarse, pero garantizando a la ciudadanía los servicios esenciales. No podemos someterle a la ciudadanía a una huelga general donde se corten los servicios básicos, imagínense a Asunción sin agua o energía por 48 horas”, expresó el senador.

Asimismo, puso como ejemplo a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que cuenta con alrededor de 2.300 funcionarios. Chase indicó que para la producción y distribución de agua potable solo se necesitan de 322 trabajadores, el resto, corresponde a funcionarios administrativos y de cuadrilla no esenciales que podrían llevar adelante sin inconvenientes una huelga.

“Se ha tenido cuidado en todo eso, no legislamos de mala fe y si hace falta alguna palabra, alguna coma para que se queden tranquilos, vamos a hacer las correcciones necesarias en el Senado para que vuelva en Diputados. Creo que debemos garantizar los servicios básicos”, ratificó ante el sindicalista.

Le puede interesar: Paraguay formará parte del G20 por invitación de Lula da Silva

Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.

Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.

“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.

Puede interesarle: Se incautan de 1,6 toneladas de marihuana y detienen a dos personas en dos allanamientos

Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.

Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.

Puede interesarle: Hay tecnología y pacientes, pero faltan donantes para avanzar con los trasplante de córneas

Más de un millón de pasajeros se ven afectados este miércoles por una huelga de transporte en Argentina, que no incluye al gremio de autobuses, en rechazo al ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei, el aumento de la pobreza y el intento de privatizar la estatal Aerolíneas Argentinas.

Hay “más de un millón de pasajeros afectados y más de 1.800 trenes sin circular”, informó a la AFP un vocero de la estatal Trenes Argentinos, que maneja las principales líneas de pasajeros de Buenos Aires.

Además de los principales gremios ferroviarios, a la medida de fuerza se plegaron los de transporte fluvial, aeronáuticos, taxistas, subterráneos y camioneros, afectando además el traslado de mercaderías.

“Hay un sector importante de la población que la está pasando mal”, comentó Pablo Moyano, cosecretario de la principal central sindical argentina, CGT.

“Hoy estamos defendiendo la soberanía del transporte nacional, en todas las modalidades, para que no nos invadan los extranjeros por dos mangos (dos monedas)”, dijo a Radio 10.

La estatal Aerolíneas Argentinas indicó en un comunicado que 27.700 pasajeros y 263 vuelos resultaron afectados.

También se adhirieron trabajadores estatales, universitarios, estudiantes y otros gremios contra el ajuste del gobierno y la pérdida del poder de compra de los salarios.

“Estamos peleando no solo por cuestiones sectoriales, sino por la educación, la salud, los jubilados y por todo lo que este gobierno está destruyendo”, declaró el martes el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.

Dante Medina, quien trabaja en la alimentación, dijo a la AFP frente a la estación de trenes de Retiro que le parecía “injusto eso de que paguen todos los demás por los reclamos que ellos tengan que hacer”.

El principal sindicato de conductores de autobuses, que no se adhirió a esta medida y había programado un paro separado el jueves, anunció su suspensión porque llegó a “un principio de acuerdo” de recomposición salarial con el gobierno, informó la prensa.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo a radio Mitre que el paro es “un boicot político de un grupo de dirigentes que está mirando sus propios intereses”.

Desde su asunción en diciembre, Milei aplicó duras medidas de desregulación de la economía y de recorte sobre el gasto público y como consecuencia el Ejecutivo consiguió superávit en las cuentas públicas.

Pero la economía doméstica sufre de una recesión económica, con una inflación que en septiembre fue del 209% y una pobreza que en la primera mitad del año alcanzó al 52,9 % de la población.

Fuente: AFP

Tras darse a conocer la propuesta de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de trasladar las oficinas administrativas de la institución hasta un local ubicado en el barrio Rincón de la ciudad de Ñemby, el malestar de los posibles vecinos no se hizo esperar.

Si bien la idea del traslado surgió como una posible solución para lograr que los grupos de pueblos originarios desalojen calles aledañas al Indi y ya no generen caos en el tránsito cuando realizan las protestas exigiendo sus reivindicaciones, ahora los vecinos del nuevo local del instituto se encuentran en pie de guerra, ya que se niegan a tener que pasar por las mismas circunstancias calamitosas que generó el traslado.

“No nos gusta la idea de que se muden acá; estamos reunidos más de 20 comisiones vecinales con las cuales nos mantenemos en contacto y planteamos, inclusive, una manifestación para el próximo sábado. Nuestro temor es que, como hay baldíos aquí enfrente, se instalen los indígenas aquí y ya no se vayan”, comentó Victor Godoy, vecino de la zona, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Podes leer: Campesinos indígenas dispararon contra policías en Canindeyú

El mismo precisó que conocen el historial de problemas de estas personas, y que si bien se habla de que se buscan mejorar las condiciones de los mismos, nadie puede darle a los vecinos la garantía de que no se repita el escenario y, por sobre todo, de que si se da la instalación de estas personas, las mismas puedan ser desalojadas por la policía.

Por su parte, Eva Fleitas, otra pobladora de la zona, manifestó que si bien comprenden la necesidad de cambiar la sede del Indi, destacó que esta no puede estar en un barrio como ese, el cual es considerado residencial y cuenta con una población muy alta de niños y adolecentes que pueden estar expuestos a las conductas atipicas de los indígenas.

“Muchos nos mencionaron que esta sería una medida provisoria hasta que se realice una sede más amplia y en condiciones, pero la verdad es que no creemos en que sea una decisión provisoria o si lo es pasará mucho tiempo antes de que cambien a la sede definitiva y nosotros no vamos a tolerar esto”, remacó Eva Fletas en conversación con GEN.

Lea también: Reabre el club de adultos mayores del IPS Ingavi