En la mañana de este viernes, en un nuevo intento de destrabar la crisis del sector educativo, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, está reunido con los sindicatos de docentes para llegar a un acuerdo en el reajuste salarial.
Al respecto, Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A), dijo que ellos no están de acuerdo con el aumento del 11% que plantean desde el Gobierno. “En realidad, el Congreso unitario tiene la misma posición. Ahora estamos camino a una reunión con el ministro del MEC”, indicó en contacto con la 780 AM.
En otro momento mencionó que inicialmente estaban inamovibles con un 8% desde el Gobierno y que al final están con un 11% de aumento. “Y si están con un 11%, nosotros creemos que sí, pueden con un 16%”, afirmó.
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Espínola indicó que tendrán que llevar en todo caso toda esta propuesta, que en esencia podría significar el no cumplimiento de la ley. “No hemos escuchado un planteamiento de cómo se complementa después. Nosotros estamos con esa posición infranqueable de que se tiene que cumplir (el aumento del 16%), ya después de tantos años”, apuntó.
Igualmente, el representante del gremio sostuvo que no tienen otra determinación y que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene las normativas para cumplir con el 16%. “Los trabajadores de la educación son los que trabajaron varios meses sin salario por debajo del mínimo legal. Lo que pretenden instalar es que nosotros somos privilegiados. El docente por turno recibe 2.690.000 guaraníes y 27.000 por cátedra”, remarcó.
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CICSI no brinda asistencialismo, ya que cumple acuerdos y sentencias de organismos internacionales
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
La directora general de DD.HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, defendió el trabajo que lleva adelante la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI), que preside el vicepresidente Pedro Alliana, resaltando que no se trata de asistencialismo a las comunidades indígenas, sino que es el cumplimiento de las sentencias o incluso recomendaciones que brindaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Peralta explicó que el acompañamiento que brinda el Estado paraguayo a través del CICSI no es asistencialismo, ya que en el caso de las comunidades de pueblos originarios son en el cumplimiento de sentencias, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la Corte Interamericana, así como aquellos que están con acuerdos de solución amistosa.
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Mencionó que, además de las comunicades indígenas también están llevando casos que ya se cerraron el año pasado, así como otros procesos que están en vía de ser cerrados, como el caso Alejandro Nissen Pessolani; el caso del ministro Bonifacio Ríos; el de Goiburú que está pendiente de cierre.
Recordó que el año pasado ya se cerraron el caso de niños soldados, por casos de tortura, en este caso se les sigue brindando asistencia a las víctimas; como también siguen trabajando en el caso del Centro de Educación Panchito López; ya que algunos siguen dentro del sistema penitenciario y otros ya fuera a quienes se les está buscando para continuar con la asistencia por parte del Estado, todos fueron reparados económicamente y con asistencia de salud, educación y formación de mando medios.
“El trabajo que estamos llevando en la CICIS es muy sensible, pero, sobre todo hay que destacar el avance que estamos teniendo en el cumplimiento de las sentencias ya cuerdos, sobre todo desde que asumió la presidencia de la comisión el vicepresidente Pedro Alliana. Sobre todo teniendo en cuenta la decisión política que es del presidente de la República Santiago Peña, que ya en su primer informe ante el Congreso destacó el avance de Paraguay en el cumplimiento de temas de Derechos Humanos en demandas internacionales, los cuales no se pueden señalar como asistencialismo por parte del gobierno”, indicó.
Resarcimiento es prioridad en el PGN
Además, Peralta destacó que existe una reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que en la última reunión que tuvo en el consejo asesor consultivo, el representante del MEF indicó que, en el Presupuesto General de la Nación, se está dando prioridad para destinar los casos de resarcimiento en tema de DD.HH en los casos que hubiere.
“Nosotros estamos avanzando en las negociaciones para acuerdo de solución amistosa. Pero en los casos que ya tienen sentencia, obviamente van a ser resarcidos. No obstante, existen otros casos en los que se busca una solución amistosa y se están agilizando y negociando para llegar a un acuerdo con las víctimas para no llegar a la Corte IDH, pero que muchas veces azuzados por organizaciones que buscan llegar a las últimas instancias”, precisó.
Resaltó que continúan llevando adelante el trabajo conjunto del Gobierno, para demostrar la diligencia del Estado, con la presencia permanente que no es asistencialismo, ya que permanentemente están presentes con la Secretaría de Emergencia Nacional viendo todas las necesidades que tienen, llevando los kits de alimentos, en algunas comunidades indígenas incluso ya llega el almuerzo escolar.
“Estamos agilizando todo lo que se pueda con la Ande para que les llegue la energía eléctrica, en muchos casos ya nos piden internet, estamos cumpliendo con las viviendas. Es muy complejo todo, pero se está cumpliendo con todos ellos” remarcó.
Provisión de agua en Xamok Kasek
En cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, el Gobierno del Paraguay, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, envió 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek, en el Chaco Paraguayo. Con la instalación de estas cañerías, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua potable.
Este viernes partieron los camiones del Comando de Ejército que transportan las cañerías, desde el Cuartel General del Comando de Ejército, con presencia del Ministerio de Defensa, Oscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director de Senasa, Fernando García.
Los técnicos de Senasa y el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Oscar Ferreira recibieron en la comunidad indígena las cañerías que serán instaladas, a fin de facilitar el acceso al agua a las familias de la comunidad Xamok Kasek.
A su vez, el director de Senasa, Fernando García, explicó que, durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños, teniendo en cuenta que tienen tajamares también construidos por Senasa, que actualmente están con mucha agua por las lluvias caídas y pidieron estos caños para acercar el agua desde el tajamar hasta sus aldeas. Con esto, evitarán el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios, añadió.
En ese marco, la institución que preside envió 9.600 metros de caños, que serán instalados por técnicos de Senasa, con apoyo de la gobernación y la coordinación interinstitucional como el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.
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Gobierno pone foco en el crecimiento de la clase media, resalta Santiago Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, señaló la decisión firme del Ejecutivo de trabajar en favor de la clase media, que según indicó quedó atrapada entre dos sectores beneficiados tanto por las condiciones de estabilidad macroeconómica, como por las políticas focalizadas en la lucha contra la pobreza.
“La oferta de política pública nunca se enfocó en ese sector y es ahí donde nosotros estamos poniendo nuestra atención”, afirmó Peña este viernes, durante la inauguración de viviendas sociales en la ciudad de Capiatá, departamento Central.
El mandatario comentó que en los últimos 25 años, la oferta pública paraguaya se enfocó en dos áreas, la macroeconomía que favorece las condiciones para la inversión empresarial y las políticas públicas específicas orientadas a los ciudadanos más humildes. “Los pobres y ricos fueron los que registraron mayores índices de crecimiento, no así la clase media”, precisó.
El mandatario resaltó que las políticas públicas adoptadas fueron importantes en la reducción de la pobreza que afecta a los sectores vulnerables, por lo que instruyó al Gabinete Social a seguir trabajando con los más vulnerables. Sin embargo, anunció que también lo harán con la clase media, que según dijo, “le está costando mucho llegar a fin de mes”, remarcó.
Cuidar el bolsillo de la gente
“Para muchas familias la factura de la Ande es un ítem demasiado grande dentro de su gasto, tenemos que bajar el precio de la energía, estamos trabajando para que eso sea una realidad”, anunció el presidente remarcando el compromiso del Ejecutivo de trabajar en favor de la clase trabajadora.
En ese orden, destacó la importancia de impulsar estrategias que permitan que la macroeconomía se sienta en el bolsillo de la gente. “Me enfoqué en campaña en esto y en ello voy a trabajar en los próximos años”, recalcó.
“El testimonio de Claudio, el repositor del supermercado que le abraza al profe Gustavo Alfaro (técnico de la selección) y le dice que la Albirroja es su única satisfacción que apenas llega a fin de mes, esa es la realidad de muchos paraguayos”, expresó el mandatario.
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Por mayoría, Senado aprueba proyecto Letrina Cero en las instituciones educativas
El proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, Ministerio de Educación y Ciencias”, conocida como “Letrina Cero en las escuelas” fue aprobado por la Cámara de Senadores y ahora pasa a la Cámara de Diputados para cumplir con el circuito legislativo. La ampliación presupuestaria para la cartera educativa es de G. 48.000.000.000, para el rubro de construcciones en el ejercicio fiscal del 2025.
El senador Silvio Ovelar, impulsor del proyecto, indicó que con este programa finalmente se logrará erradicar las letrinas en las instituciones educativas del país. “Este es un proyecto que va a devolver la dignidad a esos niños en las localidades más vulnerables del país. Ya fue ampliamente debatido, por consiguiente, solicito el acompañamiento de los colegas”, expresó el legislador.
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Ovelar también expuso un listado de los departamentos del país con que cuenta con letrinas en las instituciones educativas, entre los cuatro primeros lugares, va desde 42 a 78 que aún cuentan con este tipo de baño común, afectando a 15.350 alumnos.
“Esto va a abarcar a todos los departamentos del país. El departamento de Presidente Hayes (Chaco) es el que tiene mayor cantidad de letrina común, y que no tiene, son 78 en total, el siguiente departamento es el de Canindeyú con 47, el tercero de es Caazapá con 47 y en el cuarto lugar está el departamento de Boquerón con 42, después todos los departamentos tienen una cantidad que oscilan entre 5 a 20 aproximadamente”, detalló.
Esta iniciativa fue acompañada por la mayoría de los miembros del pleno del Senado para su aprobación, y la misma será analizada en la Cámara Baja, de ser sancionada, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto correspondiente. El proyecto ya había sido incluido en el orden del día de la sesión del pasado miércoles, sin embargo, no se llevó adelante su tratamiento por falta de quórum.
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Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.
Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.
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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.
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