El senador Natalicio Chase aclaró los alcances del proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, cuyo tratamiento está previsto para este miércoles en sesión ordinaria de la Cámara Alta. El líder de la bancada de Honor Colorado afirmó que se harán las correcciones de modo a despejar todas las dudas de los sectores.

“Los servicios básicos deben estar garantizados y tienen todo el derecho a la huelga. La ley dice que lo único requerido es garantizar esos servicios, no está prohibida la huelga”, aseveró Chase en contacto con “12/8″ emitido por GEN/Nación Media, donde respondió a las inquietudes de Julio López, sindicalista de la Confederación de la Clase Trabajadora.

En este sentido, Chase indicó que el artículo N.° 47 de la iniciativa contempla que se considera como servicios públicos imprescindibles a todos aquellos cuya interrupción total o parcial a la comunidad pongan en peligro la vida, salud, seguridad, comunicación y movilidad de las personas. Entre los cuales se encuentran la atención hospitalaria, producción y distribución de agua potable, energía, combustibles entre otros.

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“La huelga va a poder realizarse, pero garantizando a la ciudadanía los servicios esenciales. No podemos someterle a la ciudadanía a una huelga general donde se corten los servicios básicos, imagínense a Asunción sin agua o energía por 48 horas”, expresó el senador.

Asimismo, puso como ejemplo a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que cuenta con alrededor de 2.300 funcionarios. Chase indicó que para la producción y distribución de agua potable solo se necesitan de 322 trabajadores, el resto, corresponde a funcionarios administrativos y de cuadrilla no esenciales que podrían llevar adelante sin inconvenientes una huelga.

“Se ha tenido cuidado en todo eso, no legislamos de mala fe y si hace falta alguna palabra, alguna coma para que se queden tranquilos, vamos a hacer las correcciones necesarias en el Senado para que vuelva en Diputados. Creo que debemos garantizar los servicios básicos”, ratificó ante el sindicalista.

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Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.

Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.

“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.

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Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.

Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.

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Este lunes, padres del segundo grado de la escuela Cristóbal Colón de la ciudad de Ñemby se manifestaron frente a la institución para solicitar que la docente y directora vuelvan a sus cargos. Ambas fueron denunciadas por supuesto maltrato contra un alumno a quien la docente no dejó ir al baño.

Según Beatriz Ayala, vocera de los padres del segundo grado, están bastante indignados con la decisión de apartar a la profesora Nidia Cardozo, quien es bastante apreciada por sus alumnos. Resaltó que es injusta la denuncia realizada por la madre y que afectó a todos los estudiantes del curso.

“El jueves pasado fue apartada tras la denuncia de una madre por supuesto maltrato verbal y psicológico al niño. Desde el año pasado tenemos problemas con esta mujer y es la única mamá que crea inconvenientes, ahora dejó sin profesora a todos los alumnos del segundo”, detalló Ayala, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que en el 2023 también realizó varias quejas contra otra docente y que aparentemente sería una mujer conflictiva. “La manifestación la hacemos para pedir el reintegro de la profe Nidia, del segundo grado y de la directora Beatriz Martínez. Es lamentable lo que estamos pasando todos en este momento”, aseguró.

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La madre refirió que los chicos quieren mucho a su profesora y que a raíz de la denuncia no están desarrollando clases, afectando el rendimiento de los alumnos. A todo esto se suma que están a una semana de los exámenes finales y que requieren de ayuda para el repaso.

“A raíz de la denuncia de esta señora nuestros hijos están afectados psicológicamente porque quieren a su profe y preguntan cuándo va a volver. Es una de las pocas docentes que es recibida con los brazos abiertos por sus alumnos, la acompañan hasta el salón de clases y ahora no puede acercarse a ellos”, detalló en LN.

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Este lunes, un grupo de padres llegó hasta la supervisión y entregó una nota en la que solicitan la reincorporación de la docente y de la directora. La nota pasará a Dirección Departamental, pero el periodo de respuesta sería dentro de 6 meses a un año, mientras los alumnos terminarán en año lectivo sin profesora.

“La nota está firmada por varios padres, que acompañan nuestro reclamo. La manifestación seguirá y esperamos tener una respuesta más rápida. Tenemos mucha confianza en la directora y la profe Nidia, que desde hace cinco años forma parte del plantel docente y nunca hubo quejas de ella”, aseguró.

Agregó que la madre del niño, refirió que su hijo tiene problemas renales y que la docente le negó la posibilidad de ir al baño, que esta situación afectó psicológicamente a su pequeño. “Esta persona no presentó pruebas para la denuncia, lo hizo verbalmente. Existe mucha incoherencia en la denuncia que ella hizo”, puntualizó.

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Más de un millón de pasajeros se ven afectados este miércoles por una huelga de transporte en Argentina, que no incluye al gremio de autobuses, en rechazo al ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei, el aumento de la pobreza y el intento de privatizar la estatal Aerolíneas Argentinas.

Hay “más de un millón de pasajeros afectados y más de 1.800 trenes sin circular”, informó a la AFP un vocero de la estatal Trenes Argentinos, que maneja las principales líneas de pasajeros de Buenos Aires.

Además de los principales gremios ferroviarios, a la medida de fuerza se plegaron los de transporte fluvial, aeronáuticos, taxistas, subterráneos y camioneros, afectando además el traslado de mercaderías.

“Hay un sector importante de la población que la está pasando mal”, comentó Pablo Moyano, cosecretario de la principal central sindical argentina, CGT.

“Hoy estamos defendiendo la soberanía del transporte nacional, en todas las modalidades, para que no nos invadan los extranjeros por dos mangos (dos monedas)”, dijo a Radio 10.

La estatal Aerolíneas Argentinas indicó en un comunicado que 27.700 pasajeros y 263 vuelos resultaron afectados.

También se adhirieron trabajadores estatales, universitarios, estudiantes y otros gremios contra el ajuste del gobierno y la pérdida del poder de compra de los salarios.

“Estamos peleando no solo por cuestiones sectoriales, sino por la educación, la salud, los jubilados y por todo lo que este gobierno está destruyendo”, declaró el martes el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.

Dante Medina, quien trabaja en la alimentación, dijo a la AFP frente a la estación de trenes de Retiro que le parecía “injusto eso de que paguen todos los demás por los reclamos que ellos tengan que hacer”.

El principal sindicato de conductores de autobuses, que no se adhirió a esta medida y había programado un paro separado el jueves, anunció su suspensión porque llegó a “un principio de acuerdo” de recomposición salarial con el gobierno, informó la prensa.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo a radio Mitre que el paro es “un boicot político de un grupo de dirigentes que está mirando sus propios intereses”.

Desde su asunción en diciembre, Milei aplicó duras medidas de desregulación de la economía y de recorte sobre el gasto público y como consecuencia el Ejecutivo consiguió superávit en las cuentas públicas.

Pero la economía doméstica sufre de una recesión económica, con una inflación que en septiembre fue del 209% y una pobreza que en la primera mitad del año alcanzó al 52,9 % de la población.

Fuente: AFP