Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.

Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.

El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.

Entre los primeros puntos que serán analizados durante la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, por la Cámara de Diputados, está el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.

El titular de Diputados, Raúl Latorre, determinó que el orden del día estará integrado por 24 puntos.

El proyecto del RUN ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

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Según la exposición de motivos, este nuevo RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.

Por otro lado, también analizarán el proyecto de ley “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Honorable Cámara Diputados Nº 1336/2024, Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. La Cámara de Senadores, ya aprobó esta semana, prorrogar por 60 días más la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero.

El plenario de la Cámara Baja también tiene previsto estudiar el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP). Según la exposición de motivos, el ISEMP, anteriormente, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, constituye un organismo de apoyo fundamental para la carrera fiscal.

Como instancia académica, ejecuta los programas de formación para funcionarios de la institución, alineados con los ejes del plan estratégico de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de un Fiscal Adjunto, según el documento.

La Cámara de Diputados analizará también, en la ocasión, el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

Esta iniciativa, que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos, contempla la creación de un Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Otro documento que forma parte del orden del día de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007, ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”.

Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales. El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal.

Para constituir una concertación nacional, según la exposición de motivos, los partidos y movimientos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

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