La verdadera democracia solo se logra con gobiernos justos y transparentes. En este sentido, desde el 2016, cada 28 de setiembre se celebra Día Internacional del Acceso a la Información Pública o el Derecho a Saber, con el objetivo de que la ciudadanía pueda monitorear de manera permanente el desempeño de los servidores públicos y resaltar el poder de la ciudadanía para controlar y exigir transparencia a sus autoridades.
En Paraguay, en el 2014 se aprueba y se promulga la Ley N°5282 de “Acceso a la información pública”, que es una conquista de la sociedad civil con la participación activa de la organización IDEA. Con esta ley ya salieron a la luz varios casos de corrupción, algunos de ellos condenados como el caso de la niñera de oro, los caseros de José María Ibáñez o el caso de la hija de la exdiputada, Perla Vázquez, más conocida como Perlita, donde se recuperó el dinero mal habido e incluso Víctor Bogado y José María Ibañéz, perdieron su investidura.
La información pública es una herramienta que garantiza la vigencia de los derechos humanos y evita los casos de corrupción. En este sentido, en Paraguay inició el proceso para la sanción de esta ley en el 2007, cuando un locutor de la ciudad de San Lorenzo, de nombre Daniel Vargas Téllez, abrió camino a esta ley desde el pedido de una oyente que requirió saber la nómina de funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo.
Esto, dio pie a que el comunicador solicite esta información y ahí comenzó el largo trajinar que finalmente se concretó en 2014 con la aprobación de la Ley 5282. Una obra que relata en detalle ese contexto es el libro “Historia de un juego de poder”, que puede ser descargado en formato PDF desde nuestra web en: https://www.idea.org.py/biblioteca.
Otra que perdió su investidura gracias a la revelación de datos públicos fue la entonces senadora Mirta Gusinky, quien recibió de manera irregular la vacuna contra el COVID-19. Más recientemente, durante la pandemia, se pudo comprobar que más de 500 funcionarios públicos cobraron irregularmente los subsidios de Ñangareko y Pytyvo.
Otro ejemplo podría ser que altos empleados públicos recibieron el subsidio de la ANDE pese a mantener sus jugosos honorarios. También, en el 2020 se marcó otro hito en el marco de esta normativa con la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de dar publicidad a las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades desde 1998 a 2017.
Sin embargo, los sujetos obligados por esta ley deben adoptar drásticas medidas para su aplicación plena y efectiva, esencialmente en cuanto al cumplimiento en la actualización permanente de la información en los portales gubernamentales y la calidad de las respuestas frente a las solicitudes de información, los formatos de la información y su accesibilidad para todo el público; también, en cuanto al ámbito judicial: la flexibilidad y gratuidad para que cualquier persona pueda recurrir ante la justicia cualquier negativa arbitraria.