El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, asegura que faltan agentes en las calles y al mismo tiempo resalta que la Policía Nacional no puede realizar cobertura de seguridad a empresas privadas. Sin embargo, denuncian que uniformados realizan guardias particulares a cambio de dinero, mientras en zonas rojas de Asunción y alrededores, la ciudadanía resiente la ausencia policial al ser víctima de asaltos.

“Lo que se conoce como guardias privadas no debería luego existir. Ni siquiera hace falta una orden de un superior para que eso se dé. Es importante recordar que eso está vigente. El Ministerio del Interior va a reforzar la idea de que no deben haber guardias privadas a través de resoluciones”, dice Giuzzio, principal responsable del accionar de la Policía Nacional.

En tanto que durante un recorrido periodístico del canal GEN se observa que en ciudades como Asunción, Luque o Villa Elisa hay uniformados custodiando varios locales privados, pese a lo señalado por Giuzzio, ministro del Interior.

Bancos, supermercados, joyerías, locales de venta de electrodomésticos y estaciones de servicio son custodiados por policías, en muchos casos a cambio de dinero que reciben los propios jefes policiales. Muchos “matan” el tiempo “chateando” mediante sus teléfonos celulares sin dar la atención de lo que sucede en la vía pública en ese momento.

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De acuerdo a la denuncia del equipo del canal GEN, los policías tampoco realizan las guardias privadas de manera gratuita debido a que los empresarios pagan hasta G. 3.000.000 por turno, monto de dinero que reciben los jefes policiales. Una parte de esta suma, cerca de G. 600.000 es destinada a los efectivos policiales.

La ciudadanía cuestiona que la Policía Nacional pretenda instalar que solo se trata de una “sensación de inseguridad” por la falta de respuestas ante la ola de robos ocurridos en las últimas semanas. Al contrario, acusan que los delincuentes aprovechan la baja presencia policial en las calles para cometer robos.

En el 2019 se emitió la Resolución Nº 356 por el Ministerio del Interior, que dis­puso la prohibición de la comisión de los personales policiales a institucio­nes públicas o privadas que no están establecidas por la Constitución Nacional.

“Custodios comunes para la ciudadanía”

Pese a esta situación, desde la Policía Nacional recuerdan que un agente no puede realizar guardia en un local comercial durante mucho tiempo. De acuerdo a la jefa de Relaciones Públicas, la comisaria María Elena Andrada, se realizan coberturas como medida preventiva, pero reconoce que los uniformados no pueden permanecer por mucho tiempo en un mismo local comercial.

“Como medida preventiva, los jefes de comisaría realizan la cobertura donde hay mucha circulación de personas y mucho circulante de dinero. El policía tiene responsabilidad en una o dos manzanas, entonces él itinera (sic), no puede estar permanentemente en un negocio, donde puede además entablar una conversación con el dueño del local, por ejemplo, tipo haciendo hora porque no va a estar caminando durante su servicio que puede durar 6 horas”, dice Andrada, en contacto con el canal GEN.

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La ciudadanía reclama al Ministerio del Interior a que pueda reorganizar la custodia policial correspondiente a empresas privadas para direccionarla a la protección de los ciudadanos en las calles, pero en la práctica se encuentra en lugares específicos para dar protección privada.

Ciudadanos denuncian que las guardias privadas tendrían un pago extra para los uniformados por parte de los propietarios de locales comerciales, el pago se realizaría directamente con comisarios de cada zona afectada. “Los policías no son guardias privados, sino custodios comunes para la ciudadanía, la cuadra o la zona en general”, expresa Andrada.

En la Resolución Nº 822, en el artículo 175 de la Consti­tución Nacional se establece que entre las funciones obli­gatorias de la Policía Nacio­nal están las de preservar el orden público, proteger la vida, la integridad, la segu­ridad y la libertad de las per­sonas, de entidades y bienes. Además de prevenir la comi­sión de hechos punibles y fallas mediante la organiza­ción técnica, la información y vigilancia.


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