El sector farmacéutico emplea directamente a casi 7.000 trabajadores, de los cuales el 48 % cuenta con educación terciaria o universitaria. Las ventas de medicamentos de origen nacional alcanzaron un valor aproximado de G. 10,122 billones (USD 482 millones) en los últimos tres años, ocupando el 70 % de la demanda de medicamentos en el mercado paraguayo, informaron desde el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Respecto a estos datos, Gerardo García, presidente de la Cámara de Industria Química Farmacéutica (Cifarma) expresó: “Esto demuestra que el crecimiento de todo nuestro sector no es solamente en infraestructuras sino también en mano de obra y mano de obra especializada. Ocupamos prácticamente el 100 % de todos los profesionales químicos del Paraguay”, durante una conferencia de prensa.

Sostuvo que este crecimiento demuestra que la industria farmacéutica nacional no solo es competitiva frente a los productos importados, sino que también juega un papel crucial en la autosuficiencia sanitaria del país. También destacó que las farmacéuticas paraguayas incrementaron sus envíos internacionales con exportaciones que superaron los USD 73 millones en 2023, “consolidando la reputación del país como un proveedor confiable en mercados internacionales”.

Por su parte, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, de acuerdo a estos datos, afirmó que esto es un logro de los empresarios paraguayos y que prestigia cada vez más al sector. “La pandemia nos demostró una falta de solidaridad entre países. Y nosotros nos hemos refugiado en nuestra propia industria, y ahí es donde la industria farmacéutica paraguaya demostró realmente quién es”, resaltó.

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El industrial hizo énfasis en la importancia de la participación del Estado para este rubro, ya que muchas veces se “satanizan” las licitaciones públicas, porque el Estado es el mayor comprador en la industria. “Al ser el mayor comprador, tiene que ser el mayor propulsor de la industria paraguaya. Y cada vez más tenemos que ir reemplazando dentro de las cuentas públicas aquellos productos que vienen de afuera”, señaló.

La cantidad de ocupados que emplea solo las empresas asociadas a Cifarma asciende a 6.185 personas, es decir que la cámara genera el 88,7% de empleos en el sector. En el año 2008, las empresas asociadas a dicho gremio ocupaban a 3.600 personas, lo que significa un aumento del 71 % en la mano de obra ocupada en 16 años.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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A medida que los medicamentos e insumos van faltando en los hospitales públicos a nivel país, el Ministerio de Salud vuelve a reponer el stock para garantizar el servicio a la población en general. Este fin de semana se realizó reposición para Limpio, Itá, Ñemby y Alto Paraná, además, entregaron equipos médicos en Concepción.

Atendiendo la temporada de mucho frío existe una mayor concurrencia de personas a los centros asistenciales por los cuadros respiratorios, esto hace que las medicaciones se agoten más rápido, pero desde la cartera sanitaria buscan reponer con rapidez a medida que reciban las notificaciones de faltantes.

“Se realizó suministros de médicos a los servicios de Limpio, Itá, Ñemby y Alto Paraná. Esta distribución regular permite mantener el stock necesario en las farmacias de estos establecimientos sanitarios del país”, detallaron desde Salud Pública.

Indicaron que de esta forma buscan que los pacientes tengan una atención garantizada y que tengan acceso a los medicamentos que son requeridos para el tratamiento dado por los médicos. “Garantizando así la provisión constante de medicamentos esenciales a la población”, apuntaron.

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En tanto que, en el Hospital Regional de Concepción recibieron equipos médicos consistentes en tres cajas con 54 instrumentales cada una; dos cajas de cirugía mayor; una caja de cirugía ginecológica; tres laringoscopios de los cuales dos eran para adultos y uno pediátrico, y un aire acondicionado de 36.000 BTU.

La entrega se dio en el marco de los convenios interinstitucionales, para entregar recursos como equipamiento, materiales y obras de infraestructura en los servicios de salud, entre la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS) y universidades privadas, en esta oportunidad la Universidad del Pacífico por un monto de 36.096.000 millones de guaraníes.

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