Las temporadas de humo por los distintos tipos de fuegos ocasio­nados en el país, principalmente los incendios forestales, los con­siderados más agresivos contra la salud, deben ir extinguiéndose necesariamente si no queremos repetir los últimos sufrimien­tos de infecciones respiratorias a las que se sometió a la población. En este objetivo es clave que, además de las normas vigentes, el respeto de las mismas sea innegociable y que la población se involucre en la preven­ción como los controles pertinentes.

Los municipios tienen la tarea imposterga­ble de animar a sus respectivas comunida­des en la vigilancia contra este mal que se propaga de manera inconsciente. La gente debe empezar a exigir que se cumplan las leyes ambientales, etc., para evitar incen­dios que generan enormes daños, funda­mentalmente a la salud.

La negra experiencia reciente del incen­dio provocado en la región del alto Chaco, que devoró miles de hectáreas de la reserva Chovoreca que difícilmente se pueda recu­perar en décadas. Además, se perjudicó al país, colapsando los consultorios, urgen­cias de los hospitales es una situación que no se debe repetir. El impacto fue muy negativo y se expandió a nivel nacional, se vieron también perjudicados los estudian­tes que se vieron imposibilitados de reali­zar sus actividades académicas, deportivas a causa del humo que ennegreció distritos enteros.

La Justicia actuó contra los responsables de los sitios donde se originó el fuego en el Chaco. Corrieron imputaciones y procesos judiciales.

Los entes reguladores y de control aplica­ron restricciones más extensas y severas, pero sabemos que estas acciones son reac­tivas, de muy difícil efectividad si el com­promiso no es colectivo, principalmente si la comunidad no se convierte en custodia del medioambiente, en este caso para pro­teger de los incendios.

En este contexto de preocupaciones, en un periodo de riesgo por el calor que colabora con el brote de estos siniestros, el Poder Ejecutivo emitió el día de ayer el Decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de opti­mizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

Con la reglamentación también se incor­pora, según socializaron oficialmente, la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramien­tas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

Anunciaron que se implementará un regis­tro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes.

Algo muy importante en este nuevo refuerzo legal es la aplicación de otros métodos de controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales cali­ficados. Esto es clave, comprometer a los municipios es trascendental puesto que no se pueden reducir a centralizaciones el manejo de temas tan sensibles como riesgos que provienen de la propagación del fuego.

Los jefes locales tienen que encontrar la manera de incentivar a sus comunidades en la lucha contra los siniestros ambien­tales e ir preparando funcionarios de alto perfil para el manejo de incendios como todo tipo de fuego. También, la gente debe entender los riesgos y perjuicios que se producen al quemar, no bastan solamente reglas, hace falta conciencia.

En la medida que se involucre a la pobla­ción, las medidas de prevención se torna­rán reales y más efectivas. Todavía nos encontramos en el retroceso de desha­cernos de nuestros desechos mediante el fuego, la quema, y eso es letal para el ambiente en el cual respiramos. Sin embargo, este daño no entra en la medi­ción mental que tenemos de lo que afecta nuestra calidad de vida, siendo la salud una prioridad.

Es por eso que el Gobierno, en la aplica­ción de sus refuerzos normativos, tiene que marcar una hoja de ruta en el combate con­tra los incendios que involucre a las muni­cipalidades, las comunidades, que son los bomberos más efectivos en este objetivo.

Desde Itaipú informaron este martes que la entidad binacional transfirió al Estado paraguayo un total de USD 197 millones por royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Afirman que estos recursos económicos, establecidos dentro del Anexo C del Tratado, son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la estatal eléctrica puedan impulsar diversas obras de infraestructuras.

Según el reporte de la Dirección Financiera de la represa, de enero a abril del presente ejercicio fueron remesados USD 94 millones en concepto de royalties y USD 71 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, la Ande ingresó USD 32 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión. En lo que se refiere solo a los desembolsos de la entidad en el cuarto mes del presente año, la transferencia por royalties totalizó USD 23 millones, mientras que USD 14 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Ande recibió la suma de USD 27 millones; totalizando así USD 64 millones las transferencias de la hidroelectrica en abril.

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Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. Los aportes de la binacional por Anexo C ayudan a los gobiernos departamentales y municipios para el desarrollo de los programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distribuidos a municipios y gobernaciones. Igualmente, los pagos de Itaipú a la Ande le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión en busca de ofrecer un mejor servicio eléctrico a los paraguayos.

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El presidente de la República, Santiago Peña, abogó por un trabajo conjunto entre el gobierno central, los jefes comunales y departamentales en la lucha por la erradicación del hambre en el Paraguay mediante la reducción de la pobreza. En una reunión de trabajo realizado este lunes en Mburuvicha Róga con sus ministros se acordó la instalación de las mesas de protección social en 22 municipios de siete departamentos.

Las mesas de protección social serán instaladas de manera permanente y estarán lideradas por las autoridades municipales con el respaldo de las 26 instituciones integrantes del Gabinete Social, tras la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno y las demás autoridades locales.

Las instalaciones de las mesas en los 7 departamentos comenzarán el 5 abril y se aguarda que próximamente abarque otros departamentos. Las mesas de protección social serán instaladas en el departamento de San Pedro, en los distritos de Yrybucua, Capiibary y Santa Rosa; en Caaguazú, las localidades de RI 3 Corrales, Yhu y Tembiaporã; en Caazapá, las ciudades de General Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno.

En Itapúa serán instaladas en Alto Verá y San Pedro del Paraná; en Alto Paraná, estarán activas en Itakyry y Juan E. O´leary; mientras que en Ñeembucú se habilitarán en los municipios de Pilar, Villa Oliva, Villa Franca y Alberdi, y en Central en los distritos de Limpio, Capiatá, San Antonio, Ñemby, Itá y Luque.

“Estos son los distritos donde podremos impactar de una manera muy importante, en el corto plazo, en uno, dos, tres años podremos decir que hemos disminuido ostensiblemente en estas localidades y esto va a generar un desarrollo muy, pero muy importante en estos puntos de nuestro país”, sostuvo el mandatario.

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Las afirmaciones de Peña surgieron tras exponer a los intendentes y gobernadores el Sistema de Protección Social (SPS), impulsado por el Gabinete Social de la Presidencia con la finalidad de hacer frente a las situaciones de crisis, garantizar el acceso a la salud, educación y otros servicios básicos, encontrar empleo y proteger a grupos vulnerables.

Para la selección de estos 22 municipios se tuvieron en cuenta criterios técnicos, de acuerdo a las informaciones proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El sistema se encuentra diseñado sobre la base de un enfoque de derechos y con abordaje de ciclo de vida de las personas.

Busca dar respuestas integrales a problemáticas multidimensionales, definiendo la protección social desde una amplia perspectiva como la acción pública, mediante la cual los organismos del Estado garantizan a sus habitantes el acceso a derechos, dando prioridad a quienes viven en situación de vulnerabilidad.

Peña informó que en los próximos días su gobierno compartirá a la ciudadanía los datos oficiales con relación al nivel de pobreza en el 2023. El mandatario se mostró optimista en que los números serán positivos, con una tendencia hacia la reducción mediante las medidas implementadas por su administración en último semestre del pasado año.

“Hoy ya estoy mirando cuál será la medición que vamos a hacer a fin de año, en este 2024. Me rehuso a pensar que el resultado de la pobreza en el 2024 será simplemente un dato estadístico, será la consecuencia de lo que hagamos a partir de ahora”, afirmó.

“Tenemos hoy la satisfacción de que la semana pasada se aprobó el proyecto `Hambre cero en las escuelas`, esta ley será una gran herramienta, pero tenemos que trabajarla porque también habrá un gran desafío de cómo asegurar que la mayor cantidad de recursos quede en el distrito para generar un impacto en los pequeños productores”, acotó el mandatario.

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A finales de este marzo, en muchos municipios del área Central se dará el vencimiento del registro de conducir y las autoridades municipales recuerdan a los ciudadanos la importancia de ir acercándose a realizar los trámites y pagos correspondientes para evitar las largas filas y posibles multas, una vez cumplido el periodo.

Los municipios donde el registro de conducir vence a fin de mes son Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso y Fernando de la Mora. Según cada ciudad, los horarios de atención varían al igual que los costos del trámite administrativo.

En Luque, el costo para renovar el registro de conducir particular es de G. 57.013, para los motociclistas es de G. 52.013 y para quienes cuenten con registro profesional A y B es de G. 76.013 y G. 63.013, respectivamente. En cuanto al horario de atención, los contribuyentes pueden acercarse de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 y los sábados de 7:00 a 11:00.

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Para aquellas personas que cuenten con el registro emitido en Lambaré, el costo de renovación de registro para particulares es de G. 80.000, para motociclistas es de G. 75.000, para la categoría profesional A es de G. 100.000 y para profesional B es de G. 90.000. El horario de atención está disponible a partir de las 7:00 a 15:00, de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 a 12:00.

En Fernando de la Mora, el costo de la renovación de registros particulares es de G. 101.600, mientras que para motociclistas es de G. 99.800, En cuanto aquellos que posean registros profesionales A y B, el costo en ambos casos es de G. 104.000. Las ventanillas de la Dirección de Tránsito del municipio están habilitadas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y los sábados de 7:00 a 12:00.

En cuanto a la ciudad Mariano Roque Alonso, el costo a abonar para la renovación de registros particulares es de G. 75.000, para los motociclistas es de G. 73.000 y para quienes cuenten con registros profesionales A y B deben abonar en ambos casos G. 72.000. Los ciudadanos pueden realizar sus pagos de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y los sábados de 7:00 a 12:00.

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