La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.

“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.

En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.

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“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.

“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.

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Tras la desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado, no obstante, anunciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la auditoría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría además de algunos parlamentarios”, expuso José González, asesor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS, había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el asesor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministerio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para realizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

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“Yo creo que con ese elemento debería contar la Fiscalía para eventualmente confirmar su desestimación o presentar la imputación que corresponda. Tiene que haber sanciones, sino no hay nadie que asuma ninguna responsabilidad y se deja un mal precedente para la administración pública”, aseveró.

Igualmente, manifestó que están confiados en que el juez que dará trámite a la desestimación, se opondrá a la misma y esperan que en caso de que ocurra eso, el Ministerio Público rectifique su dictamen. González advirtió que, caso contrario, impugnarán lo que resuelva el juzgado, pero mientras tanto, queda aguardar la decisión del Poder Judicial

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José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), junto con Alicia Olazar, directora de Auditoría del IPS, coincidieron en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media, en que el Ministerio Público no tenía falta de pruebas para proceder con la imputación a Vicente Bataglia, extitular de la previsional.

“Estamos sorprendidos por la actitud prematura del Ministerio Público. Nosotros consideramos que estaban dadas las condiciones para que se formule una imputación, no solo contra las autoridades pasadas del instituto, sino también con aquellas personas que ejercieron cargo de gerente”, sentenció.

González puntualizó que la Fiscalía debió haber aguardado los resultados de la auditoría interna del IPS, así como también de la auditoría externa. Recordó que se habían elaborado una serie de investigaciones, entre ellas se encuentra lo referente al fideicomiso y si se hicieron o no las obras proyectadas con el mismo.

“Confiamos en el juez penal de Garantías, que dé trámite de oposición, agote la instancia y vea si los fiscales se ratifican o rectifican”, indicó, aparte de aclarar que el Ministerio Público ni siquiera contó con un perito contable para llegar a la conclusión de desestimar la denuncia contra Bataglia.

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“El requerimiento de desestimación contiene cinco puntos, que hablan sobre diferencias en saldos presupuestarios, diferencias entre registraciones, etc. Entiendo que la Fiscalía calificó que los hechos corresponderían a diferencias administrativas y no a hechos punibles”, remarcó.

No obstante, hay un informe pendiente por la auditoría sobre uno de los puntos, el cual trata de los préstamos adquiridos por el IPS. Ratificó la importancia de que el Ministerio Público espere primeramente a los resultados del mencionado informe, los cuales podrían darse a conocer en 30 días.

Entre algunas de las irregularidades detectadas se encuentra la verificación de un préstamo sacado por la previsional, el cual supera el presupuesto cuando esto está prohibido por ley. Se hablaría de un perjuicio patrimonial, sin mencionar la falta de identificación sobre la utilización del préstamo.

“La auditoría corresponde a causas abiertas. Líneas de crédito sindicadas, su utilización, saldo inicial de caja, son cuestiones conexas”, señaló Olazar, con respecto al contenido del proceso llevado adelante desde la Dirección de Auditoría del IPS.

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El abogado y comunicador Héctor Alegre; y el arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS), coincidieron en el programa 12/8 por GEN/Nación Media, que existen pruebas suficientes para no desestimar denuncias contra el extitular del IPS, Vicente Bataglia.

“La Fiscalía dice que no hay lesión de confianza y daño patrimonial. Ahora, quiero saber si los fiscales se constituyeron en los lugares donde debían estar los bienes materiales; ¿por qué la Fiscalía no espera el informe del IPS?”, expresó Alegre, cuestionando las pruebas del Ministerio Público para decir que no ocurrió nada en la administración de Bataglia.

El abogado manifestó que, de acuerdo a un informe de la Contraloría, se constataron serias irregularidades durante la administración de Bataglia, donde se registraron inconsistencias entre los desembolsos sobre las obras y la finalización de las mismas, así como también dobles obras.

“G. 14.000 millones en obras que fueron cargadas dobles como estado de ejecución; G. 1.432 millones de diferencia entre las obras certificadas y las obras realizadas; G. 4.650 millones en bienes no pudieron ser ubicados; yo quiero preguntarme si los fiscales fueron a verificar esto”, sentenció Alegre.

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“IPS tiene auditoría interna, director jurídico, y no sé qué documentos le pasaron a la Fiscalía sobre el uso de esos fondos”, puntualizó Masi, en referencia a la utilización del dinero para la construcción de obras; coincidió en que el informe de la Contraloría es lapidario y no se puede hablar de falta de configuración de tipos penales.

Masi además cuestionó los precios pagados en mantenimiento, durante la administración de Bataglia. “También me llama la atención que la Dirección de Mantenimiento fue a terminar obras que eran de la Dirección de Infraestructura, esto está penado”, aseguró.

Por su parte, la jefa de Dictámenes y Contratos de la previsional, Jorgelina Gómez, quien también conversó al respecto, manifestó que resulta sorpresivo para la propia previsional que el Ministerio Público haya desistido en la denuncia contra Bataglia, sin tener todos los informes del IPS.

“La nueva administración también hace la denuncia correspondiente a la Fiscalía, de modo a que pueda intervenir y contar con la documentación que, en ese momento, no se encontraba”, subrayó Gómez.

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