“Este proyecto de ley no es final, es el camino para empezar el ordenamiento en la posesión y titulación de tierras que termine generando seguridad, tanto jurídica, para las inversiones y la producción”, indicó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con relación a la propuesta del Poder Ejecutivo, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN).

“Si bien para mí la principal riqueza del país son las personas, los paraguayos y a lo mejor la segunda gran riqueza es nuestra tierra terriblemente fértil y productiva, pero así como es una de las principales riquezas tenemos un problema importante que es la titulación y que plantea muchos conflictos respecto a la tenencia de la tierra y como consecuencia, trae la inseguridad jurídica”, dijo en una entrevista con el programa “Fuego Cruzado” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado y será evaluada este miércoles por el pleno de la Cámara Baja como uno de los puntos resaltantes del orden del día. “Este proyecto de ley será un tremendo beneficio para el país y su espíritu es absolutamente bueno, existen componentes que están siendo debatidos, pero creo que hay un pensamiento, si no es unificado, es claramente mayoritario inclinado hacia su relevancia e importancia”, sostuvo.

La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña propone unificar la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento indica que el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado.

Con relación a la reforma de la Carrera del Servicio Civil, propuesta también impulsada por el gobierno de Peña y que ya cuenta a la vez con la aprobación del Senado, Latorre indicó que el documento aún no fue discutido en la mesa directiva de la Cámara Baja ya que fue aprobado por el Senado la semana pasada; pero al igual que todos los proyectos que son presentados se buscará un amplio debate en la Cámara Baja.

“Todavía no leí, pero según como fue aprobado en el Senado, tuvo muchas modificaciones al proyecto original, ahora nosotros tendremos la oportunidad de analizar todos esas propuestas y evaluar todas esas modificaciones”, manifestó.

Detalló que este proyecto tiene un plazo de 3 meses para ser estudiado en la Cámara Baja, antes de que tenga sanción automática. Remarcó que el plenario tiene un amplio trabajo de aquí a fin de año, ya que existe una extensa agenda de diversos temas a ser analizados antes del inicio del receso parlamentario, que se dará el próximo 20 de diciembre.

Asimismo el parlamentario defendió las propuestas presentadas por el Ejecutivo al parlamento, tanto las que fueron aprobadas y las que figuran en tratamiento argumentando que generan importantes transformaciones para el Paraguay.

En otro momento, Latorre se refirió a sus recientes encuentros con el nuevo embajador de Israel, Amit Mekel, así como reuniones con representantes de la Unión Europea. Destacó en primer lugar el gran relacionamiento que tiene con el presidente del parlamento de Israel, Amir Ohana, que recientemente visitó el país y que por invitación suya también tuvo la oportunidad de visitar este país y las comunidades afectadas por el atentado terrorista del año pasado.

En el marco de la gran cooperación que mantienen Israel y Paraguay, el diputado dijo que este fin de semana llegó al país para la embajada de Israel en Asunción, un experto en aguas. Paraguay es el segundo país en el mundo en contar con la cooperación de un experto en el ámbito siendo un país prácticamente desértico. El profesional estará aportando sus conocimientos para el Chaco paraguayo.

“En cuanto a la Unión Europea, fuimos claros en cuando a la defensa de los principios y valores, entendiendo que queremos construir en base al respeto, y condición de aliados; queremos construir sin condicionamientos planteando nuestro modelo de desarrollo sostenible, pero sin hacernos responsables de la contaminación que otros hicieron al mundo y que nosotros no lo hicimos, desde la lógica que Paraguay es un país con energía 100 % renovable”, explicó.

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El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

El analista de política internacional Ignacio Montes de Oca hizo una reflexión acerca de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y el impacto que tendrá la presidencia del magnate para la América Latina. El experto sostiene que la región no hace parte de la agenda del futuro presidente estadounidense.

“Para Trump, América Latina no existe, no forma parte de su agenda, y para que la gente lo comprenda mejor, hay tres grados de países en América Latina en la agenda que ya es escasa, respecto a América Latina, los que tienen que ver con el narcotráfico y las migraciones, los tres bastiones de China, Venezuela, Cuba y Nicaragua”, fueron las expresiones del analista en el programa “Fuego Cruzado” de canal GEN/Nación Media.

Agregó que ese interés proviene de la disputa por la influencia de China en la región y no por la región como tal. “Eso les genera una pequeña preocupación en la disputa, no por la región, sino por la disputa con China, y el resto no existimos, entendámoslo. No solamente no existimos, sino que además van a dejar de comprarnos, con lo cual queda claro que vamos a tener que buscar alternativas”, apuntó.

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A esto, Montes de Oca señaló que durante su campaña electoral Trump no realizó ninguna mención sobre su política exterior con relación a América Latina. “A veces el mejor dato es el que no existe, es decir, durante la campaña Trump no hizo prácticamente ninguna mención positiva, no mencionó a nuestra región, no mencionó a América Latica, excepto cuando tuvo que referirse por cuestiones vinculadas en primer lugar a las migraciones y en segundo lugar al narcotráfico”, expresó.

El analista argentino también se refirió al aspecto económico y de producción, señalado que Trump menciona un privilegio a la producción local, y es ahí donde afectará a la región que debe analizar si seguir o no vendiendo sus productos a los Estados Unidos.

“Hasta ahí es la ganancia personal del presidente, ahora, de Argentina al igual que los países de la región saben que este era el peor resultado para sus economías y hay que explicarlo de una manera muy sencilla. Trump promete privilegiar la producción local, no solamente industrial, sino también la agrícola y minera y además establecer aranceles para crear una especie de muro de protección para su economía”, expresó.

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El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.

Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.

“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.

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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.

“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.

El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.

“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.

Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.

Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.

“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.

Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.

“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.

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