En un documento de apenas 20 páginas, un grupo de fiscales solicitó de manera exprés la desestimación de una denuncia por daño patrimonial de más de G. 1 billón cometido durante la administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, puesto en el cargo por el expresidente Mario Abdo. Debían usar dinero de los asegurados para construir hospitales que nunca se hicieron, y con el desistimiento podrían sentar un blanqueo sin precedentes en el que el principal beneficiado es el extitular del ente.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Un giro inesperado ha causado indignación en Paraguay: el equipo de fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la desestimación de una denuncia por el presunto desfalco de G. 1 billón de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Esta decisión, tomada sin esperar una auditoría en curso, deja en el aire serias sospechas de corrupción y malversación en uno de los casos más graves en la historia del sistema de salud paraguayo.
La denuncia contra Vicente Bataglia, exadministrador del IPS, y varios colaboradores se inició en setiembre de 2023 tras la presentación de tres informes de la Contraloría General de la República, dirigidos al IPS y al Ministerio Público, que alertaban sobre un posible perjuicio patrimonial masivo. Los documentos detallan irregularidades en el manejo de fondos destinados a infraestructura hospitalaria y reportan el desvío de grandes sumas para obras inexistentes o inconclusas en varias localidades del país.
La solicitud de desestimación por parte de los fiscales sorprende no solo por el monto involucrado, sino también por el momento en que se presenta, sin tomar en cuenta los resultados finales de la auditoría en proceso, que son claves para esclarecer los hechos.
Una vez más se ha revelado la opacidad en la gestión de fondos públicos durante el gobierno anterior. Durante la administración de Vicente Bataglia, un fideicomiso con el banco Atlas fue creado para financiar proyectos de infraestructura en salud. Parte de estos fondos, aproximadamente G. 828 mil millones, debía destinarse a la construcción de un hospital oncológico que nunca se concretó y se ha convertido en símbolo de la presunta corrupción en el IPS.
De acuerdo con un informe preliminar de auditoría, la administración de Bataglia realizó múltiples desembolsos bajo el pretexto de mejoras y construcciones en centros de salud. No obstante, al verificar la ejecución de las obras, se constató que muchas son ficticias o están incompletas, y que el dinero destinado a ellas ha desaparecido.
La auditoría interna del IPS, detallada en un informe de 448 páginas, documenta 21 hallazgos de obras inexistentes y 16 proyectos inconclusos, con pagos injustificados y certificaciones de obras no ejecutadas. Las inspecciones en centros de salud de localidades como Pedro Juan Caballero, Concepción, Encarnación y San Juan Bautista revelaron que las supuestas mejoras y ampliaciones, en muchos casos, simplemente no existían.
Por ejemplo, en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero se detectó una diferencia de G. 280.819.500 entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Situaciones similares se observaron en el Hospital Regional de Concepción (G. 28.268.172), en la Agencia Administrativa de Caaguazú (G. 24.672.948) y otros centros de salud en el país. Las discrepancias totales alcanzan cifras alarmantes, lo que cuestiona el control del banco Atlas, encargado de gestionar los fondos del fideicomiso.
Los auditores del IPS hallaron un panorama desolador en los centros de salud donde, en teoría, se había invertido el dinero del fideicomiso. Las instalaciones presentan techos dañados, paredes con filtraciones, ventanas rotas, caños deteriorados y sistemas de desagüe incompletos. Además, existen áreas inoperativas que en los planos originales figuraban como operativas.
En algunos casos, los centros apenas están en condiciones de prestar servicios básicos, lo que pone en riesgo tanto a los pacientes como al personal médico. Esta situación ha impactado directamente en la calidad de atención a los asegurados del IPS, quienes ven su acceso a una atención digna y oportuna seriamente afectado. La promesa del hospital oncológico, que habría beneficiado a pacientes con cáncer, sigue siendo solo una ilusión.
La desestimación de esta denuncia podría tener un efecto devastador en la confianza pública en el sistema de justicia paraguayo. Los asegurados del IPS, quienes dependen de una cobertura médica eficiente y de calidad, han sido los principales afectados por este desfalco, ya que los fondos malversados estaban destinados a mejorar la infraestructura de salud y construir un hospital oncológico que nunca se llevó a cabo.
Familiares de pacientes oncológicos, indignados por la situación, han exigido justicia y demandan explicaciones sobre el destino del dinero que podría haber salvado vidas. La omisión de la Fiscalía en este caso plantea la posibilidad de que los responsables queden impunes, lo cual sería un duro golpe a la lucha contra la corrupción en Paraguay.
Ante la presión social y política, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de revisar la solicitud de desestimación y evaluar todos los elementos probatorios, incluidos los resultados finales de la auditoría pendiente. Este caso, que muchos han calificado como “la corrupción del siglo” en Paraguay, subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el uso de fondos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud.
El destino de los fondos del IPS no solo representa una cifra en un informe financiero; es un símbolo del derecho de los paraguayos a una salud digna y un recordatorio de la responsabilidad de las autoridades en proteger el bienestar de los ciudadanos.