De acuerdo al registro oficial de la Policía Nacional, son unos 300 indígenas provenientes de la comunidad Arroyo, Porã del departamento de Caaguazú, que desde ayer acampan en la Plaza Uruguaya, en Asunción.
Los mismos son de la parcialidad Mbya Guaraní y este domingo llegaron hasta la capital del país para pedir a las autoridades que sus reclamos sean escuchados, ya que hoy harán un reclamo al Gobierno, pidiendo la compra y legalización de tierras, así como también apertura de caminos e instalaciones del servicio eléctrico para sus comunidades.
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Indicaron que van a permanecer en la plaza hasta tener respuesta a sus pedidos por parte de las autoridades, al igual que los demás grupos que habitualmente suelen venir a la capital.
En cuanto a lo que se puede observar, muchos de los que están apostados en el lugar son niños y niñas que están descalzos y con poco abrigo.
Los indígenas que están en el lugar son independientes a los que están apostados desde hace unos días en el área del ferrocarril. De esta manera, son más las comunidades nativas apostadas en la capital exigiendo reivindicaciones de tierras y esperando ser escuchadas.
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DNCP levantó restricciones para compra de máquinas de votación
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.
A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.
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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.
Compra y no arrendamiento
Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.
En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.
“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.
Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.
Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.
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Denuncian supuesto desvío de G. 400 millones en municipalidad de Caaguazú
Una grave denuncia se registró en la Municipalidad de Caaguazú, bajo la administración del intendente liberal José “Papu” Ríos, que, de acuerdo a medios locales, se trataría de un esquema de estafa que llevó al supuesto desvío de fondos de G. 400 millones de las arcas municipales. La denuncia apunta a funcionarios de la comuna, presuntos allegados al intendente Ríos, sobre el cobro en caja de inmuebles y posterior anulación de la operación para no dejar registro del cobro.
“Los concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de la Municipalidad de Caaguazú nos dirigimos a la ciudadanía en relación a la reciente denuncia pública que ha tenido eco en la prensa local, en la cual se señala el supuesto desvío de fondos provenientes de pagos por la compra de inmuebles municipales”, expresa un comunicado emitido por un grupo de concejales municipales, que solicita una profunda investigación del caso.
Para garantizar la transparencia de la administración pública, los representantes comunales instan a la ciudadanía local que haya realizado pagos por la adquisición de solares municipales a “acercarse a sus contadores para verificar la validez de las facturas expedidas por la Municipalidad y la correcta acreditación de sus pagos en el sistema Marangatu”.
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También solicitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso para aclarar cualquier irregularidad, y “asegurar que los recursos municipales sean gestionando de manera honesta y eficiente”. Además, expresan el compromiso para garantizar los intereses de la comunidad y la adopción de medidas para garantizar la integridad en la gestión de los bienes públicos.
“Solicitamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes. No toleramos actos de corrupción, ni prácticas que atenten contra el patrimonio municipal y el bienestar de nuestra comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el desarrollo de Caaguazú”, finaliza el comunicado de la bancada de la ANR de la Junta Municipal caaguaceña.
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DNCP responde a Prieto: “Nuestra institución es técnica, no entramos en guerra política”
“Se pretendía llevar adelante una licitación de manzanas con las características técnicas de unas peras”, manifestó el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, sobre el viciado proceso de licitación que fue encarado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para la compra de 10.500 muebles escolares chinos.
“Nosotros nos guiamos por documentos, no entramos en ninguna guerra política. La DNCP es una institución 100 % técnica, vela por un proceso transparente y competitivo”, sostuvo Encina, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Encina defendió la decisión de la DNCP de anular el procedimiento de contratación y ordenar la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Es importante aclarar que la DNCP ya alertó el 7 de marzo del año 2021 a la municipalidad de Ciudad del Este que ellos eran los únicos responsables de sus precios referenciales y que debían hacerse de conformidad a lo que se establece en las leyes y normativas vigentes. Para ser más específicos, tenían que ceñirse a la guía de precios referenciales establecidos por la DNCP y no lo hicieron así”, refirió el titular de la entidad.
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Fuera del marco legal
Las afirmaciones de Encina surgen ante los ataques realizados por el dirigente opositor con el apoyo de medios de comunicación afines contra la institución que encabeza. Prieto acusó de manera ligera a la DNCP de encubrir un supuesto “negociado” en la Entidad Binacional Itaipú con relación a la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa paraguaya Kamamya SA.
“Yo creo que la Municipalidad de Ciudad del Este debe estar agradecida porque la DNCP anuló la licitación al inicio y no al final del proceso porque realmente todo lo que se había hecho se encontraba fuera del marco legal establecido”, puntualizó Encina a Nación Media.
La anulación del proceso licitatorio fue concretado tras el reconocimiento de las empresas cotizantes con la administración de Prieto, cuyos representantes sostuvieron haber presentado erróneamente sus presupuestos para la confección de los precios referenciales. “Nosotros solo nos ceñimos a cumplir con nuestro rol de ente de control y anulamos este proceso ya que hubieron confesiones documentales de los mismos cotizantes”, sentenció el director de DNCP.
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Detienen al supuesto autor del homicidio del dueño de una playa de autos en CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En Caaguazú fue detenido Auspicio González Arriola, quien tenía orden de captura desde diciembre de 2024 por homicidio doloso ocurrido en Ciudad del Este. Es investigado por el fiscal Gabriel Segovia como supuesto autor del homicidio de un comerciante playero identificado Antonio Teodoro Gómez Encina.
La dirección de Investigación Criminal informó que a través de un trabajo técnico fue ubicado en una zona boscosa de la compañía Yukyry Central del distrito de Caaguazú, departamento del mismo nombre, donde se realizó una vigilancia desde esta madrugada y siendo las 13:00 fue visualizado el hombre en el lugar.
El prófugo, al percatarse de la presencia policial, huyó ingresando al bosque, pero fue alcanzado y reducido por los agentes, siendo trasladado hasta la sede del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión Regional Alto Paraná y puesto a disposición del Ministerio Público de Ciudad del Este.
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El homicidio que se investiga ocurrió a las 12:20 del 23 de diciembre de 2024 en la playa de venta de vehículos AM Automotores S.R.L. del barrio Ciudad Nueva, de la capital altoparanaense, propiedad de la víctima.
En esa ocasión, Auspicio González Arriola, siendo cliente de la empresa, llegó a la playa, conversó con el propietario, se produjo una discusión y el hombre efectuó dos disparos contra Gómez Encima, supuestamente. El herido fue llevado al hospital y falleció a la noche, según el reporte policial de entonces.
El jefe de la comisaría que intervino entonces en el suceso, comisario principal Darío Aquino, había señalado a La Nación/Nación Media que la empresa de vehículos habría secuestrado por deuda un automóvil que estaba en poder de González Arriola, y el hombre se habría ido a reclamar al playero por ese hecho que resultó en el homicidio.
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