A fines del 2020, más de 30 organizaciones de la sociedad civil elevaron su voz de protesta ante el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia de Paraguay 2020-2024. Ante los reclamos, el mencionado plan volvió a fase 0 y quienes lo desarrollaron dijeron que se tendría en cuenta a los padres de familia para el desarrollo del nuevo plan.

Sin embargo, esto al parecer no fue así y pudimos indagar más de esta situación con la abogada Valeria Insfrán, presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, quien sigue desde el primer momento el desarrollo tanto del anterior como del nuevo proyecto.

– LN: ¿Qué podemos conocer de los antecedentes de la reelaboración del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia?

– Como recordarás, este proceso se inició el año pasado ante la denuncia que varias asociaciones de padres y organizaciones civiles enfocadas a la niñez y adolescencia realizaron ante el conocimiento que tomaron del Plan de la Niñez que estaba listo y a un paso de aprobarse vía decreto.

Nuestro equipo técnico hizo un análisis jurídico e ideológico del plan que había sido aprobado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, integrado por representantes de otros ministerios, otros poderes del Estado y varias oenegés. También se objetó la falta de socialización del plan, accedimos a él de forma casual.

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En este contexto fue que se realizó una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde fue citada la ministra Teresa Martínez, a la cual no se presentó, actitud que dio pie a la interpelación posterior. Ante esta situación, el Ministerio Nacional de la Niñez y Adolescencia (Minna) se vio obligado a bajar el plan y proponer su reelaboración con participación de las asociaciones de padres y organizaciones civiles ya mencionadas.

– LN: Actualmente, ¿en qué etapa se encuentra el nuevo plan?

– Específicamente, en este momento el ministerio, en una reunión realizada el 29 de junio pasado, expuso lo que vendría a ser el borrador del nuevo plan con los ejes, el marco conceptual y jurídico. A esta reunión vía Zoom solo fueron convocadas algunas organizaciones, no se utilizaron las vías institucionales de convocatoria.

La Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, que está integrada por más de 30 asociaciones y organizaciones, no recibió invitación alguna a la reunión donde se expondría ya el resumen esquemático de lo que desarrollaría el Plan de la Niñez.

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Tomamos conocimiento de la reunión dos horas antes de la misma, por aviso de organizaciones afines, e ingresamos ya que nos compartieron el enlace. Es así que pudimos participar de la exposición de lo que pretenden llamar nuevo Plan de la Niñez y Adolescencia; en esta reunión quedó claro para nosotros que ninguna de las objeciones realizadas en todos los meses que duró el proceso de supuesta reelaboración fueron tomadas en cuenta por el Minna, poniendo de manifiesto también que hemos sido utilizados para validar un plan que hoy disfraza los mismos objetivos cambiando las palabras e incluso incluyendo nuevos conceptos que el plan anterior no preveía.

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– LN: ¿De qué objeciones al plan anterior está hablando y por qué el Minna se propuso crear otro de cero?

– Las objeciones más importantes que realizamos al plan denunciado, fueron:

1- La inversión del orden constitucional de principal garante en la protección de los niños, posicionando al Estado por sobre los padres de familia.

2- La introducción del enfoque de género y el principio de interculturalidad como ejes transversales en las políticas públicas sobre niños desde los 0 años.

3- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como base del plan, en abierta colisión con nuestra Constitución Nacional.

4- La nula convocatoria y participación de organizaciones de padres en el proceso de elaboración del plan.

5- Las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales involucrados en la elaboración del anterior Plan de la Niñez y Adolescencia y su posterior validación son abiertamente proideología de género y proaborto.

– LN: ¿Qué surgió de nuevo en esta última reunión con el ministerio?

– Quedó en evidencia que las oposiciones realizadas por los padres y sociedad organizada a los conceptos y principios que pretenden imponer no fueron tenidas en cuenta en lo más mínimo. Las objeciones se han hecho en forma verbal en las reuniones y posteriormente presentadas por escrito ante el Minna.

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A pesar de todo esto, en aquella reunión nos volvimos a encontrar con un marco conceptual basado en enfoque de derechos, lo que implica que la perspectiva de género es central en el plan, igualdad y no discriminación, lo que abarca también aspectos sexuales, principio de participación de niños, niñas y adolescentes o rol protagónico, el principio de autonomía progresiva y el programa social Vamos, que también contiene transversalmente la ideología de género.

– LN: ¿Cuáles serían las implicancias de la implementación de estos principios de conceptos en el futuro Plan de la Niñez?

– Observando cómo están actualmente las sociedades argentina o española, tendremos una idea de las consecuencias. La implementación de estos conceptos desde las políticas públicas destruye el tejido social, creando confrontación dentro mismo de las familias.

Veamos algunos de los conceptos para dimensionar el alcance de los mismos. La autonomía progresiva no es un concepto previsto en la legislación positiva e implica una independencia, legal o de hecho, progresiva del menor respecto a sus padres, lo cual impide establecer límites claros y precisos entre las decisiones que los menores pueden tomar sin el consentimiento de sus padres, de manera autónoma, según su desarrollo “emocional” y aquellas decisiones que sí requieren del consentimiento de sus padres.

El concepto de autonomía progresiva pone en entredicho el alcance del derecho de crianza y las acciones derivadas de ese derecho, ya que presupone que el menor de edad, en la medida que vaya avanzando en su autonomía, podría cuestionar, desacatar o incluso oponerse a la crianza impartida por sus padres, presentándose así un doble conflicto, el primero el de la autoridad natural de los padres respecto a sus hijos y el segundo el del menoscabo del derecho constitucional de educar a los hijos conforme a la creencia, principios y valores de los padres, establecido en el Art. 53 de la CN.

Con esto llegaremos al absurdo de que las diferencias de opinión entre los menores y sus padres, que en la adolescencia son muchas, eventualmente deberán ser resueltas por el Estado, a través de un juez, socavándose así los derechos derivados de la patria potestad.

En cuanto al principio de participación o rol protagónico de niños, niñas y adolescentes, es importante enmarcar la mencionada participación en las normas legales vigentes en la legislación paraguaya.

Así tenemos que los Art. 37 y 38 del Código Civil paraguayo regulan lo relativo a la capacidad jurídica de hecho de las personas, la cual se adquiere de manera plena al alcanzar la mayoría de edad, 18 años. La única excepción es la emancipación, mientras esta no opere, el menor de edad no posee la capacidad legal para ejercer por sí mismo sus derechos. Son sus padres quienes asumen ese rol de representación conforme el Art. 71, inc. e) del Código de la Niñez y la Adolescencia.

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En nuestro ordenamiento jurídico se prevé el derecho de los niños y adolescentes a ser oídos, pero esta prerrogativa tiene que ser correctamente aplicada a los casos específicamente contemplados en la ley. Lo relativo a la capacidad jurídica constituye una cuestión de orden público, y como tal debe ser interpretada restrictivamente, sin hacer extensivo a casos que no estén expresamente contemplados.

El Código de la Niñez y de la Adolescencia contempla el derecho a ser oído, como una herramienta procesal referencial, de carácter no vinculante. Esto es así porque tanto los casos contemplados en los Art. 92 (De la convivencia familiar), Art. 93 (De la controversia entre el padre y la madre) y Art. 167 (Del carácter del procedimiento), el juez debe escuchar al niño en función de su edad y madurez.

Entonces, tenemos que el mencionado derecho a ser oído es solo una herramienta procesal y no vinculante que el juez podrá sopesar al momento de dictar una resolución y sirve solo para los casos en que estén involucrados intereses particulares y específicos del niño o adolescente, como ser el régimen de relacionamiento o el de alimentos, en el marco de un proceso judicial.

Lo grave es que en el plan, por el principio de participación, se pretende extender el derecho a ser oído del niño, establecido en normas procesales y particulares, a un ámbito colectivo e involucrando a menores de edad, fácilmente influenciables y manipulables, hasta en la elaboración de políticas públicas. Se transgrede de esta forma las normas relativas a la capacidad jurídica, la emancipación y la patria potestad.

A través de la participación de este proceso puede ver personalmente que el llamado rol protagónico de los niños y adolescentes es otra cosa que la formación de los mismos en activistas sociales y políticos por oenegés financiadas por organismos internacionales con alto contenido ideológico que van contra nuestros principios y valores culturales.

Durante todo el proceso de supuesta reelaboración participaron activamente adolescentes, cuando argumenté en contra de este principio, un chico manifestó que nosotros, los que objetamos, no estamos listos para la revolución, con lo cual quedó comprobado lo que estoy comentando.

Sobre el género como eje central del posible plan, es solo cuestión de ver lo que pasa en otros países donde el enfoque ya está adoptado para darnos cuenta que nos lleva a una hipersexualización de los niños, esto conduce a nuestros chicos a experimentar una sexualidad precoz, lo que no solo aumenta los abusos sexuales, sino que también los expone a enfermedades de transmisión venérea.

Sin mencionar que el mismo enfoque de género implica la negación misma de la biología del ser humano, desde que normaliza la posibilidad de optar por el sexo psicológico o género de preferencia, con el agravante que esta normalización se pretende hacer en niños.

Estos son algunos ejemplos de nuestras objeciones al plan como padres organizados, nos preocupa de sobremanera que se institucionalicen estos principios y conceptos y la ciudadanía merece estar al tanto de lo que pasa y de los riesgos, sobre todo los padres deben entender que si permitimos que avancen, estamos accediendo a la expropiación de la mente de nuestros niños e incluso a la renuncia de nuestra patria potestad sobre nuestros hijos.

Los paraguayos y el ser humano en general, casi cualquier cosa puede soportar y dejar pasar, pero las autoridades deben saber que vamos a defender a nuestros hijos hasta las últimas consecuencias.

Realmente es indignante ver que nuestras políticas públicas sobre niñez no atienden realmente las auténticas necesidades de los niños paraguayos, que no cultivan nuestros valores, que no refuerzan a la familia, son un burdo copia y pega de modelos nefastos impuestos desde organismos internacionales, con algunos retoques hechos por asesores de ONG que cobran en dólares por el trabajo de promoción e implementación de estas políticas a las que nos obligan.

Solo resta decir que Dios y la patria demanden a los políticos y funcionarios públicos que agachan la cabeza ante presiones foráneas y no son capaces de defender a lo más preciado de un país, su niñez y juventud.

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