La Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) intensifica controles a transportes públicos que operan de manera irregular. Los propios empresarios solicitaron la fiscalización ante la proliferación de minibuses que operan al margen de la ley. El titular de la Dinatran destacó que las unidades que están habilitadas deben contar con seguro para garantizar protección a los usuarios.

“Es un control que venimos realizando en conjunto con los transportistas del área del interior a pedido de ellos justamente. Y porque también están en una situación que genera malestar principalmente en las personas que usufructúan el servicio y que están invirtiendo”, señaló el titular de Dinatran, Luis Fernando González, a la 1020 AM.

Dijo que es obligación de este ente la fiscalización para garantizar un servicio de calidad y seguro. “Estamos intensificando en contra de los transportes informales en ruta. Hay una cantidad considerable de minibuses que están trabajando de forma irregular. Y el trabajo que estamos haciendo es justamente para tratar de contrarrestar esa situación y que la gente pueda usufructuar los servicios que están habilitados”, manifestó.

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Uno de los operativos de control se realizó el día de ayer viernes en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa. “El objetivo es verificar y sancionar a los vehículos tipo minibuses no autorizados por Dinatran, que operan como unidades de transporte regulares alzando pasajeros sin los permisos correspondientes”, informó la Dinatran en la red social X.

La institución aclaró que los controles no afectan a los vehículos que se utilizan para fines particulares, familiares, laborales y turísticos. “Viajar en transportes no autorizados pone en riesgo la seguridad”, alertaron las autoridades de la Dinatran.

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Con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, la ministra de Obras Públicas y representantes del sector Transporte ayer se realizó la presentación de una flota de 22 nuevos buses de mediana y larga distancia, además del servicio internacio­nal y de turismo que forman parte del proceso de moderni­zación y mejora del servicio del transporte público.

Las unidades de media y larga distancia conectará a Asun­ción con varios departamentos, como Caaguazú, Guairá, San Pedro, Alto Paraná y Boquerón.

La compra y puesta en opera­ción de estas nuevas unida­des se concretó mediante la inversión de las empresas del sector privado, de un total de USD 7,5 millones. “Se alinean con las políticas públicas que impulsa el Gobierno, que tiene como objetivo único poner en el centro de todas las acciones al ciudadano. Estas son acciones concretas donde las personas no solo reciben un mejor trato, sino un viaje más seguro apro­vechando las nuevas infraes­tructuras con que cuenta el país, podrán realizar sus via­jes con mucha previsibilidad y seguridad en el andar”, dijo la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“Los empresarios son los pro­tagonistas en esta acción, en el gran desafío que es mejorar el sistema del transporte público. Esto de alguna manera refleja la visión que tenemos. Para mí es una gran satisfacción el poder ver que el sector privado está invirtiendo, mejorando sus flotas de buses”, sostuvo el presidente Santiago Peña.

Asimismo, acotó que “para nosotros es un aliento a seguir apostando por políticas públi­cas claras y transparentes, que haya un control que le pueda dar las garantías al sector pri­vado de que tiene que recu­perar su inversión. Yo estoy seguro que todos ustedes salie­ron a endeudarse para poder comprar esta flota de nuevos vehículos de transporte con la expectativa de recibir una compensación a mediano y largo plazo”.

Cada ómnibus implicó una suma de entre USD 250.000 y 300.000, por lo que consti­tuye “una inversión grande” la que realiza el sector privado apuntando al cumplimiento de su compromiso de invertir 15 millones de dólares anua­les en la adquisición de nuevas unidades “sin recibir ningún tipo de subsidio estatal”, dijo Humberto Rodas, gerente de la Cámara Paraguaya de Trans­porte Internacional.

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Trans­porte, Luis Fernando Gonzá­lez, informó que las 22 uni­dades 0 km presentadas en la fecha se suman a las 46 que se habían puesto en operación en noviembre de 2023, mediante una inversión de USD 12 millo­nes. Anunció que otras 12 uni­dades se estarán incorpo­rando al servicio en setiembre próximo, por lo que se comple­taría un total de 80 unidades nuevas.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que se llegó a un acuerdo con los productores de San Pedro que se encontraban en plena manifestación con cierre de un tramo de la ruta PY08. Fue tras un encuentro de diálogo mantenido este lunes, logrando levantar dicha medida de fuerza.

“El diálogo es y será siempre el mejor camino. Conversamos una vez más con los productores de San Pedro, que estaban con cierres de rutas. Para tranquilidad de la ciudadanía, comunicamos que se ha levantado la manifestación”, expresó vía X.

Los productores, específicamente del distrito de Liberación, recurrieron a dicha medida de fuerza para solicitar créditos “especiales” que puedan financiar la zafra agrícola, correspondiente al periodo 2024-2025. Esto, ante condiciones ya de endeudamiento por las complicaciones del sector.

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Tras culminar la mesa de diálogo con los productores de dicho departamento, el titular de la cartera agraria indicó que se abordaron estos temas importantes. Así también los avances en trabajos conjuntos que se están desarrollando con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Giménez explicó que se está apuntando a los productores que reúnen los requisitos para acceder a créditos puedan ser sujetos de esta herramienta, mientras que para los que no poseen las características requeridas, se están buscando soluciones o alternativas acordes.

“El Gobierno Nacional está cumpliendo con los productores. Desde el sistema MAG se realizó un arduo trabajo de verificación de fincas y georeferenciamiento, analizando caso por caso, estamos en ese proceso de trabajo”, agregó el ministro.

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Desde la Presidencia de la República solicitaron la fiscalización especial inmediata de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), para llevar adelante la verificación y habilitación del servicio del transporte público hasta junio del 2024. Para el efecto, la Contraloría General de la República ya se constituyó este viernes en las oficinas de esta dirección.

Al respecto, Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, en comunicación con radio Uno 650Am, explicó que fue el Ejecutivo el que solicitó la fiscalización especial inmediata de la Dinatran. En el periodo que va desde el 2022 hasta junio del 2024. Atendiendo a una denuncia ingresada a la Contraloría, específicamente para verificar la habilitación y regulación del transporte público, dentro de las disposiciones que rigen desde Dinatran.

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“En la fecha, el controlador dispuso la nominación del equipo para realizar una fiscalización especial inmediata. El equipo tiene la función de ir a verificar que las habilitaciones y regulaciones del transporte público se hayan efectuado conforme a lo que dictan las normas legales”, mencionó.

Mencionó además que esta situación es una preocupación de la Presidencia de la República respecto a la calidad del transporte y a los hechos denunciados en los medios sobre el levantamiento de controles en las rutas, luego de una supuesta exoneración de multas a camioneros y colectiveros por 650 millones de guaraníes.

“Además, de verificar las denuncias que se han presentado en la Contraloría y medios de comunicación. De hecho, este es un pedido del Ejecutivo por las denuncias. Las denuncias que estamos recibiendo son publicaciones con relación a la habilitación. El equipo auditor debe verificar esta denuncia”, preció.

Indicó que los fiscalizadores van a verificar todo lo que se refiera a la habilitación y regulación del transporte público. “La fiscalización normalmente es una moralidad de control un poco más abreviada. Se espera que en dos meses esté el resultado de este trabajo, todo depende de cómo fluya la información desde la Dinatran hacia la Contraloría”, acotó.

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