En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Los precios del petróleo subieron el viernes impulsados por la posibilidad de un refuerzo de las sanciones estadounidenses contra Moscú y Teherán y al aprovechar un rebote técnico luego de varias sesiones a la baja. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, subió un 1,30 % hasta los 70,36 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de la referencia West Texas Intermediate, para entrega en abril, logró un 1,03 % a 67,04 dólares. “Tuvimos un movimiento de venta importante desde hace dos semanas y los inversores que habían apostado a la baja ahora creen que es tiempo de retirar parte de sus ganancias al llegar el fin de semana”, destacó a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

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Este repunte técnico podría ser de corto plazo, mientras que el “panorama general tiende sobre todo a una dinámica bajista”, estimó el experto al considerar posible que el barril de Brent vuelva a superar el techo simbólico de los 70 dólares desde el lunes.

El viernes, los precios del petróleo también se beneficiaron de las declaraciones el día anterior del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien dijo que su país no dudará en “ir a fondo” al referirse a posibles sanciones contra la energía rusa si eso le permite un cese el fuego en la guerra en Ucrania, subrayaron Helge André Martinsen y  Tobias Ingebrigtsen, de DNB.

Las sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso se aplicaron desde enero por el expresidente Joe Biden, antes de su salida de la Casa Blanca, y contribuyen a que los precios del crudo estén más altos y limitan las exportaciones de energía de Moscú.

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Bessent también confirmó que “la estrategia de ‘máxima presión’ contra Irán seguiría”, de acuerdo a las precisiones dadas por Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management. Irán es parte de los diez mayores productores mundiales y las sanciones en su contra son un factor considerable del alza de los precios en el mercado.

Desde su retorno el 20 de enero a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump reforzó las sanciones contra Teherán dirigidas sobre todo a las ventas de petróleo.

Fuente: AFP

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que desde el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conaes) están interviniendo en todos los lugares desde donde surgen denuncias sobre la provisión de alimentos del programa Hambre Cero. Recordó la responsabilidad de las gobernaciones en cada departamento.

Si bien el programa arrancó el pasado lunes 24 de febrero, con el inicio de clases en el sector público, el ministro de Desarrollo Social aseguró que desde ese primer día están trabajando a nivel país con los gobernadores. En este tiempo se han tomado nota sobre algunas denuncias que se dieron en algunos departamentos y eso es absoluta responsabilidad de los gobernadores, como administradores de contrato.

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El ministro Rojas indicó que el Conaes está asesorando a los gobernadores, a modo de que puedan hacer las intervenciones y labrar actas en forma correcta. Además, están guiando para que puedan hacer un dictamen jurídico en función al contrato y al pliego de bases y condiciones y, finalmente, si corresponde, tienen que sancionar a las empresas que no cumplen con el buen servicio.

“En el peor de los casos el Conaes va a tomar intervención y va a proceder a las sanciones porque para nosotros es intolerable el incumplimiento de contratos en la no provisión, y lógicamente la provisión de insumos en mal estado si es muy reiterativo corresponde también intervenir y sancionar”, enfatizó.

En el caso específico de denuncias por raciones muy pequeñas, registrado en un distrito del departamento de Itapúa, el ministro Rojas indicó que se ha enviado una nota a la gobernación pidiendo nota de sus acciones e intervenciones tomadas.

“Anoche estuve hablando con el gobernador de ese departamento pidiendo que intervenga y nos haga saber. Nosotros también vamos a enviar gente del Conae que intervenga”, precisó.

Rojas indicó que el Conaes cuenta con un equipo de auditores, tecnólogos de alimentos y nutricionistas que está recorriendo el país, y que paralelamente se están monitoreando los medios y las redes sociales para intervenir en los lugares donde hay denuncias.

“Desde el Conaes y el MDS estamos con la lupa sobre las denuncias y estamos exigiendo la intervención, informes y acciones que toman las gobernaciones con relación a esas denuncias, estamos en alerta para que esto se cumpla a cabalidad”, explicó.

En estos primeros días, el ministro indicó que de manera formal han sido aproximadamente 15 las denuncias recibidas hasta el momento, a nivel país, y que por ello se está advirtiendo a las empresas para que puedan planificar mejor la provisión del servicio.

“Nosotros les hemos otorgado a las empresas todas las garantías en los contratos, buen precio, entonces deben cumplir y en eso estamos siendo implacables”, aseveró.

Desde el inicio del presente año escolar, el Gobierno implementó la universalización del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, llegando a 7.036 instituciones en los 263 distritos, con más de 980.000 niños y jóvenes beneficiados.

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