Teniendo en cuenta la información de la rescisión de contrato con la empresa G42, subsidiaria de Sinopharm en Emiratos Árabes Unidos, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Hernán Martínez, informó a la población vacunada con esta plataforma que puede tener la seguridad de recibir la segunda aplicación también de Sinopharm.
En este sentido, el viceministro recordó que el Gobierno Nacional había firmado contrato para la compra de un millón de vacunas y adquirió en primera instancia 250.000 dosis, de las cuales 125.000 eran para primera aplicación y el resto para la segunda. Por lo tanto, no existen inconvenientes para completar el esquema de inmunización con esta plataforma.
Leer más: Segunda dosis: en el Rubén Dumot ya vacunaron al 65% de los previstos para hoy
Desde la cartera sanitaria explicaron que pese a que la rescisión de contrato es irreversible, hay que mencionar que la mayoría de las personas vacunadas con la mencionada plataforma ya ha recibido la segunda dosis.
Hay que recordar que es importante acudir a los vacunatorios para recibir la segunda dosis de las plataformas recibidas. La aplicación de dosis contra el COVID-19 es fundamental para lograr mitigar el impacto de la enfermedad. Por ello se insiste en completar el esquema de vacunación con las dos dosis para lograr una mayor efectividad de las vacunas.
Leer también: Aplicarán segunda dosis de la vacuna Moderna el jueves y viernes
Manifestaron además que el Gobierno Nacional sigue realizando las gestiones correspondientes para adquirir más vacunas y así inmunizar a toda la población contra el COVID-19.
Dejanos tu comentario
Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado
Dejanos tu comentario
Senador aboga por inmediata sanción de ley para combatir el tráfico de armas
El senador Sergio Roberto Rojas Sosa, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, requirió una profunda investigación al esquema que involucra a 46 militares y 55 policías en el tráfico de armas para grupos criminales brasileños. El legislador abogó por la inmediata sanción del proyecto de ley que regula la utilización de armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 25 de setiembre pasado.
“Es una práctica muy común que los policiales y militares adquieran armas y después denuncian como robadas. Esto es una práctica muy común que si se investiga a profundidad pueden aparecer más nombres de otras autoridades”, comentó el congresista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a los medios de comunicación. Rojas sostuvo que la Policía Federal del Brasil manejaría informaciones sobre esta red de armatráfico destapada tras el procedimiento en un comercio en Asunción, ayer lunes.
“Espero que el Gobierno sea implacable, se debe investigar profundamente. Podemos tener más sorpresas, hay un informe de la Federal que ha llegado, tenemos que ver qué dice. Yo creo que hay más gente involucrada porque aparentemente el volumen (las armas comercializadas para criminales brasileños) es mucho mayor”, refirió el titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado.
Sosa es uno de los 22 senadores que patrocina el proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, presentado en julio pasado. Entre los principales requisitos para la portación de armas, el documento establece que se exigirá un certificado médico de aptitud sicofísica, debidamente legalizado por el Ministerio de Salud, y la ausencia de antecedentes policiales vinculados a violencia, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas y abigeato.
Te puede interesar: Caso fideicomiso de IPS: colorados respaldan a Peña
Dejanos tu comentario
Instan a los padres a inocular a sus hijos con la vacuna hexavalente acelular
La vacuna hexavalente acelular sigue siendo fundamental para proteger a los niños y niñas desde los 2 meses hasta los 18 meses de edad. Esta vacuna, disponible en todos los centros vacunatorios del país, reemplaza a las vacunas pentavalente y antipolio, brindando protección contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.
La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) apoya al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su campaña Vacunarse es poder. Desde el año 2023, cuando fue incorporada al esquema regular de vacunación, ha demostrado ser una opción eficiente para reducir el número de inyecciones que los bebes deben recibir.
Esto no solo alivia el dolor de los niños durante el proceso, sino que también reduce el estrés de las familias al simplificar el esquema de vacunación, debido a que tienen un excelente impacto y otorga muchos beneficios.
Te puede interesar: Presentarán nuevas demandas contra el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs
La vacuna hexavalente no solo protege contra estas enfermedades potencialmente peligrosas, sino que también previene complicaciones graves. Al proteger a los niños, se reduce la carga sobre el sistema de salud y se mejora la calidad de vida de las familias y la comunidad en general.
La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) respalda con fuerza esta iniciativa a través de la campaña “Vacunarse es poder”, la cual busca crear conciencia sobre la importancia de seguir el esquema de vacunación recomendado. Los expertos recalcan que las vacunas son seguras, efectivas y esenciales para prevenir enfermedades serias en los niños.
Paraguay, líder en la región
Paraguay es un ejemplo para seguir en Latinoamérica, siendo el cuarto país en la región en incluir la vacuna hexavalente en su calendario de vacunación, después de Panamá, Chile y México. Desde abril de 2023, todos los niños y niñas nacidos en Paraguay tienen acceso a esta vacuna a los 2, 4, 6 y 18 meses de vida.
Para cualquier consulta, los padres pueden llamar a la línea gratuita 138, disponible de lunes a domingo de 07:00 a 19:00, desde cualquier teléfono en todo el país.
Lea también: Embajada de Israel responsabiliza a Irán por la peligrosa escalada de violencia
Dejanos tu comentario
Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.