Cuarenta trabajadores de una conocida empresa de servicios exequiales fueron despedidos en forma injustificada, hace un mes, según una denuncia de los afectados, quienes realizaban las tareas de asesoría de ventas.

En contacto con el diario La Nación/Nación Media, Norma Domínguez y Lilian Gisselle Ortiz denunciaron que fueron convocados por la oficina de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la desvinculación laboral sin motivo alguno.

Una de las afectadas, Norma Domínguez, refirió que solamente le querían abonar una indemnización equivalente a 9 millones de guaraníes, a ser efectivizada en tres cuotas y con cheque diferido, cuando en realidad le correspondía 17.400.000 guaraníes, según los años de trabajo en la empresa y la correspondiente indemnización legal verificada por el Ministerio de Trabajo.

“La firma exequial nos quiere pagar muchísimo menos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Aparte, nos hacían trabajar 8 horas diarias cuando nos pagaban por 4 horas y esas horas declaraban a IPS”, dijo una de las asesoras de ventas.

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Norma junto a otras compañeras, como Lilian Ortiz, Katherine Fleitas, Beatriz Gaona, Andrea Bordón, y Hernán Benítez, realizaron la denuncia formal ante la dependencia ministerial, que realizó las correctas verificaciones correspondientes al resarcimiento legal.

Ante esta situación, el Departamento de Mediación de conflictos individuales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a la empresa de servicio exequial, a raíz de esta denuncia. En la primera convocatoria, los representantes de la firma no acudieron a la audiencia. Nuevamente, se fijó una nueva audiencia para este viernes 22 de noviembre.

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El presidente de la República, Santiago Peña, había anunciado la semana pasada el aumento en la creación de empleos en unas 57.000 personas, que forman parte de la recuperación de la mano de obra en el tercer trimestre del año, comparado con el segundo trimestre, según los datos oficiales.

Estos datos fueron analizados por la Dirección del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). De acuerdo a ese análisis, entre abril y junio del 2024, el país había registrado 2.849.766 ocupados, mientras que, entre julio y setiembre, este indicador se elevó a 2.906.475 ocupados, destacando el incremento de 56.709 empleos.

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Este informe señala, que gran parte del aumento de la población ocupada es parte de los 41.000 empleos adicionales generados en el sector privado. Esto también se debe a las actividades económicas que se dinamiza en términos intertrimestrales del sector de la industria, que creó 36.000 nuevos empleos, al igual que el sector primario con más de 29.000 empleos, mientras tanto, hubo bajas en los sectores de transporte y construcción.

El informe del Ministerio de Trabajo señala que, en cuanto al nivel de desempleo, en el último trimestre se redujo en casi 32.000 personas, bajando de 195.948 entre abril y junio del 2024 a 164.000 entre julio y setiembre, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento de empleo, también tiene un importante incremento en la dinámica de seguro social, ya que los trabajadores son incluidos en el registro del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre setiembre del 2023 y el mismo mes de este año, la cantidad de cotizantes pasó de 710.973 a 753.777, lo que da como resultado un adicional de 42.804 nuevos trabajadores y sus familiares ingresados al seguro social, reflejando un crecimiento interanual del 6 %.

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Una delegación de Paraguay, encabezada por el director de Empleo, Wilberto Otazú, participó de una semana de labores con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay (MTSS). El objetivo central fue intercambiar experiencias para fortalecer los Servicios Públicos de Empleo.

“La finalidad de este encuentro es impulsar mejoras en la plataforma de intermediación laboral de Paraguay y fortalecer los servicios de empleo público que ofrecemos a los trabajadores paraguayos”, expresaron desde las redes sociales del Ministerio de Trabajo de Paraguay.

Desde la cartera nacional remarcaron que este intercambio refuerza el compromiso de Paraguay de ofrecer un servicio de intermediación laboral más accesible, efectivo y conectado con las necesidades de los usuarios, apostando a la captación de procesos exitosos implementados en otros países.

Por otra parte, los representantes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el país tiene objetivos clave con las jornadas de trabajo con sus homólogos uruguayos. Los puntos prioritarios se centran en fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito de servicios de empleo.

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La cooperación bilateral se realizaría uniendo esfuerzos para crear herramientas efectivas y adaptadas a las necesidades de los trabajadores. Al punto mencionado se sumaría la incorporación de innovaciones tecnológicas, con lo cual se apuntaría a desarrollos más progresivos y actualizados a los avances laborales.

En la línea de otros pilares estratégicos a implementarse desde el Mtess se encuentra la integración de oportunidades de capacitación con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (Snpp) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

Esto con el objetivo de ir conectando de manera institucional a los usuarios, con cursos que potencien sus habilidades y aumenten sus oportunidades laborales. Además de fomentar una red de empleo nacional que genere mayor apoyo y apuesta por el sistema laboral del país.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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