Integrantes de la comunidad indígena Ka’a Poty, del pueblo Ava Guaraní de Itakyry, departamento de Alto Paraná, se manifiestan frente al Poder Judicial donde denuncian que fueron víctimas de un desalojo ilegal de su territorio. La jueza Magalí Zavala debe resolver la medida cautelar solicitada por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para la restitución de la propiedad a la comunidad.

Manifiestan que, el pasado 15 de junio, la comunidad Ka’ã Poty del pueblo Ava Guaraní fue desalojada por policías y civiles en forma violenta, destruyendo sus viviendas y cultivos, perdiendo sus animales y pertenencias básicas, quedando las familias despojadas de todo lo elemental para subsistir.

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Reclaman que en el procedimiento de desalojo forzoso fue destruida la escuela básica “12 de agosto”, reconocida por el Ministerio de Educación como institución de enseñanza, donde se quemaron libros materiales y otros documentos pertenecientes a la misma, además del templo de la comunidad. Todas las familias, incluyendo niñas y niños, no recibieron asistencia institucional alguna.

Aseguran que pese a contar con título de propiedad sobre 1.364 hectáreas, inscripto en los Registros Públicos, la comunidad indígena fue expulsada de sus tierras supuestamente a instancias de Liz Carolina Alfonso, una exfiscal de marcas de Alto Paraná, suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por presunta corrupción.

Desde hace más de un mes, la comunidad indígena Ka’a Poty se encuentra en la Plaza de Armas, en Asunción, sobreviviendo gracias a la solidaridad ciudadana y padeciendo los embates del frío. La vulneración extrema de derechos de esta comunidad debe terminar, como el de las demás comunidades desalojas durante todo este tiempo

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