El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

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“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

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Durante un procedimiento de control en la zona de ingresos, personal de la penitenciaría de mujeres Buen Pastor, con el acompañamiento de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), logró detectar que una mujer intentaba ingresar al penal con una importante cantidad de droga oculta en su cuerpo.

La ahora detenida fue identificada como Soledad Simberli, de 20 años, quien llegó al lugar supuestamente para visitar a una reclusa. Durante el control de rutina se pudo constatar que la mujer traía ocultos dos paquetes de droga en zonas íntimas de su cuerpo y se procedió a una inspección general.

En total fueron detectados 60 gramos de pasta base, más conocida como chespi, que equivaldrían a unas 400 dosis de la sustancia y 15 gramos de cocaína. Tras confirmar la pureza de la droga el fiscal del caso Luis Said dispuso la detención de la joven y la incautación de las evidencias.

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Ahora se trabajará con los datos obtenidos para poder identificar si se trata o no de un esquema organizado de ingreso de drogas al penal, atendiendo quién sería el receptor final en el interior del lugar. Hay que destacar que ante intentos similares ya se había tomado la determinación de fortalecer los controles de seguridad y contar con el apoyo interinstitucional de la Policía y la Senad, de forma a que los mismos sean más efectivos.

Este tipo de casos muestra la lucha que se encara desde las diferentes instituciones para evitar el ingreso de estos productos ilícitos a los centros de reclusión, donde el consumo de estupefacientes puede ser uno de los detonantes para peleas entre reclusos, lo cual pone en riesgo la seguridad general del lugar.

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El titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión con la Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente a la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal 2023.

“Tomamos con mucha apertura las observaciones que hizo la Contraloría. La comisión que está a cargo del diputado César Cerini nos abrió las puertas, para tener la oportunidad de visibilizar algunas cuestiones contables y administrativas, no de esta gestión, estamos hablando del periodo 2023, de gobiernos anteriores”, detalló.

El secretario de Estado detalló ante los miembros de prensa en el Congreso, que las autoridades pudieron fijarse en tres observaciones brindadas incluso desde el 2005, sobre las cuales no se han determinado soluciones definitivas, por lo cual remarcó la importancia de actuar de manera estratégica.

“En algún momento debemos dar un corte administrativo general a todas estas cuentas y números pendientes y buscar un mecanismo, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la comisión misma”, señaló el ministro de Justicia.

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Nicora indicó que se buscará articular la manera formal de dar un cierre a todas las cuentas pendientes, en torno a las cuentas administrativas, y si existen observaciones sin sustento legal se derivarán a las instancias correspondientes.

“La conclusión a la que llegamos es que queda mucha tarea por hacer, pero también existe mucha apertura con las distintas instituciones para, de alguna manera, ir subsanando todo y llegar mucho más ordenados”, afirmó el ministro de Justicia, en referencia a su cartera.

El informe final a ser elaborado por la Bicameral, será entregado a ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 45 días. Además, la comisión tiene la potestad de elevar denuncias de cualquier irregularidad encontrada a instancias como el Ministerio Público.

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