Este lunes, desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recordaron que para poder vacacionar en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y otros, durante el verano se debe contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Este documento es obligatorio para ingresar a los países de la región.

Según el doctor Luis Cousirat, director del programa, las personas que tengan planeado viajar en vacaciones de verano deben tener el certificado de vacunación y en caso de no contar deben aplicarse la dosis correspondiente. Recordaron que se trata de una dosis única y que es de suma importancia contar con el documento.

“Las personas que planean viajar y que no encuentran su carnet de vacunación deben crear su identidad electrónica, porque mediante este portal del Gobierno uno puede recuperar su carnet de vacunación”, detalló en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Explicó que se puede presentar el certificado de vacunación en formato electrónico. “El digital tiene la misma validez que el impreso, porque cuenta con QR, código de barras y todos los mecanismos de seguridad. Esto le permite a la población evitar las largas filas en los vacunatorios”, puntualizó.

Afirmó que los países que exigen son: Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y otros países. “Las personas que planean viajar a unos de los países citados deben tener en cuenta esta recomendación, que es una exigencia del reglamento sanitario internacional”, refirió el profesional.

Indicó que se trata de una dosis que tiene una protección de por vida e instó a las personas que aún no tienen acudir a tiempo a los vacunatorios para evitar aglomeraciones. “Los ciudadanos que no figuran en el certificado electrónico y no tienen el documento en físico, van a tener que vacunarse. Se aplica a partir del 1 año de vida hasta los 59 años, se deben vacunar 15 días antes del viaje”, manifestó.

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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a través de la resolución N°980/2024, encontró responsable a Tomás Reiz , a la firma Clemencia y/o Hugo Miguel Zelada y/o Hugo Sebastián Jara Aranda por la quema y el desmonte de área boscosa nativa, ubicado en la localidad de Colonia San Alfredo del distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay al pago de una multa de 20.000 jornales mínimos, equivalentes a G. 2.152.540.000.

La sanción administrativa es la conclusión del sumario administrativo que inició el Mades, cuya determinación se dio a conocer este martes. Igualmente de acuerdo a la resolución del Mades se revocó la Declaración de Impacto Ambiental otorgada en el 2017 para ejecutar el proyecto Plan de Uso de la Tierra – Explotación Silvopastoril en la colonia San Gabriel Arcángel, Bahía Negra.

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Del mismo modo, según la resolución administrativa se impuso varias exigencias que los sancionados tendrán que cumplir como lo es la recomposición ambiental que deberá cumplir dentro de los 10 días hábiles.

Luego del terrible incendio forestal ocurrido en la reserva natural del cerro Chovoreca, el Ministerio Público presentó imputación contra Hugo Miguel Zelada Jara por delitos ambientales, tala y quema de bosques.

Un informe del Instituto Forestal Nacional (Infona) confirmó que entre setiembre y los primeros 10 días de octubre se dañaron más de 450.000 hectáreas a causa de los incendios forestales, que también provocaron una mala calidad del aire en Asunción, Central y Chaco.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, se reunió con el gobernador del departamento de Alto Paraguay, Arturo Méndez, quien integrará la Red de Derechos Humanos de la cartera de Estado. Ambas autoridades conversaron sobre los principales desafíos en materia de DD. HH., y el aporte que puede brindar el gobernador.

“Amena reunión con el ministro de Justicia, quien cuenta con una extensa experiencia en la función pública. Intercambiamos puntos en común como la importancia de los derechos humanos en la impartición de la justicia”, detalló Méndez a través de sus redes sociales, tras la reunión.

El tema prioritario del encuentro estuvo centrado en la importancia de los derechos humanos en la gestión de gobierno y su aplicabilidad para el acceso a la justicia. Estos aspectos serían trabajados con mayor detenimiento por parte del jefe departamental, dentro de la red a integrar.

Al respecto, Méndez destacó el intercambio de opiniones e información sobre la gestión de sus respectivas instituciones, lo cual permitirá también trabajar de una manera más colaborativa sobre los puntos en común. Para el ejecutivo departamental, la Gobernación puede aportar de manera significativa.

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La Red de DDHH es la instancia encargada de la coordinación y articulación de políticas, planes y programas en la materia provenientes del Poder Ejecutivo, tendientes a mejorar los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos.

El Ministerio de Justicia coordina la mencionada red, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente del Viceministerio de Justicia. El gobernador Méndez afirmó que integrará con mucha responsabilidad y compromiso la mencionada red.

Es de señalar que la Gobernación del Alto Paraguay será la primera gobernación que integrará la Red de Derechos Humanos de la cartera de Justicia, lo cual Méndez catalogó como una oportunidad fundamental para trabajar de manera aún más determinante en la defensa, promoción y protección de los derechos de las personas.

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