La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este jueves en Viena una resolución que critica a Irán por su falta de cooperación en materia nuclear y que Teherán acusó de estar “políticamente motivada”.

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La moción, presentada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, fue adoptada por 19 de los 35 países de la junta de esa organización de Naciones Unidas, indicaron a AFP dos fuentes diplomáticas.

Rusia, China y Burkina Faso votaron en contra, mientras que 12 países se abstuvieron. Venezuela no pudo participar.

Estados Unidos y sus aliados europeos tomaron previamente la palabra para denunciar la escalada de la República Islámica.

Sus actividades nucleares son “profundamente preocupantes”, declaró la embajadora estadounidense, Laura Holgate.

Alemania, Francia y Reino Unido insistieron en este punto, señalando que Irán ha acumulado suficiente uranio altamente enriquecido para “cuatro armas nucleares”. “Su comportamiento supone una amenaza para la seguridad internacional” y “el sistema mundial de no proliferación”, según su declaración conjunta.

Tras la votación, el representante de Irán, Mohsen Naziri Asl, declaró a AFP que la medida estaba “políticamente motivada y recibió poco apoyo en comparación con resoluciones anteriores”.

El documento, de carácter simbólico por el momento, recuerda a Irán sus “obligaciones legales”, en virtud del Tratado de No proliferación (TNP) ratificado en 1970.

“Es esencial y urgente” que Irán dé “respuestas técnicas creíbles” sobre la presencia de restos de uranio inexplicados en dos sitios no declarados, escriben los autores de la resolución, reclamando al OIEA “un informe completo” para la primavera de 2025.

Desde 2021, Irán restringió significativamente su cooperación con la agencia nuclear de la ONU, desconectando cámaras de vigilancia y retirando la acreditación a inspectores experimentados.

Teherán niega tajantemente que busque desarrollar el arma atómica, pero su programa nuclear no hace más que crecer.

Esta vez, la resolución llega en un contexto particular, con una brecha entre la posición occidental y la del jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi.

Durante una visita a Irán la semana pasada, Grossi obtuvo el acuerdo de la República Islámica para comenzar los preparativos para detener la expansión de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

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“Es un paso concreto en la buena dirección”, insistió el miércoles, y lo es “por primera vez” desde que Teherán se liberó de sus compromisos establecidos en el acuerdo firmado en 2015 en Viena.

Fuente: AFP

El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 apro­bado por la Cámara de Dipu­tados asciende a G. 132,9 billo­nes, lo que representa unos USD 17.560 millones. Según explicó la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, el objetivo fue dar una inyección a las áreas sensibles.

“Tiene cuatro ejes principa­les que son educación, salud, seguridad y toda la parte social. Lo que hay que des­tacar es toda la inyección al Ministerio de Salud para el tema de asegurar todas las partidas presupuestarias para mantener el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y también las cargas horarias que bene­ficiarán a 1.000 médicos a par­tir de julio del año que viene”, detalló.

En contacto con Universo 970 AM-GEN/Nación Media, la legisladora detalló que tam­bién se destinarán recursos para el pago de bonificacio­nes por insalubridad para los hospitales de Acosta Ñu, de Trauma y el Incan, institu­ciones en las que desde hace tiempo se hace el reclamo por parte de los profesionales.

“Lo que se refiere a seguridad contemplamos la incorpo­ración de nuevos policías, la compra de las tobilleras elec­trónicas. También el tema de educación, todo lo que es la merienda escolar, los salarios docentes para ir ajustando el escalafón docente”, señaló la parlamentaria de la bancada de Honor Colorado.

Asimismo, indicó que la deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS) que data de la pandemia no fue una cuestión abordada para el próximo plan de gastos. No obstante, indicó que se han iniciado conversaciones con el presidente de la previsio­nal, el doctor Jorge Brítez, lo que podría ser el princi­pio para saldar este compro­miso pendiente. “Creo que es el comienzo de diálogos entre todas las bancadas para que de esta manera se puedan ir generando las posibilidades de que conozcamos mucho más la realidad del IPS”, sos­tuvo Villalba.

El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

La Cámara de Diputados sancionó ayer martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régi­men nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres pode­res del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ade­más del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los pode­res del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

La propuesta crea el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción y dispone que los bie­nes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Con­greso Nacional; el Gabi­nete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrup­ción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores. Eso es algo que se entendió con claridad y con base en eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortale­cer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al argumentar la iniciativa ante el pleno.

El diputado Billy Vaesken explicó en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, el proyecto de ley que pretende crear un fondo especial para el tratamiento contra el cáncer, mediante un aporte obligatorio de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y de seguros médicos privados.

“La idea es hacer posible que enfermedades catastróficas, como el cáncer, tengan una solución inmediata. Las estadísticas nos dicen que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Paraguay; de cada 10 personas que fallecen por cáncer, cuatro pudieron haberse salvado”, señaló el parlamentario.

Vaesken explicó así que el proyecto de ley busca que los aportes a ser recogidos de los asegurados y de seguros médicos vayan al programa de atención integral para pacientes con cáncer y se pueda financiar la compra de medicamentos oncológicos.

“Esto no va a aumentar el aporte al IPS o al seguro médico privado, estamos hablando de G. 40 mil o G. 70 mil por asegurado. La idea es también terminar con los amparos judiciales; tanto el sector privado, como el Ministerio de Salud y el IPS tienen amparos multimillonarios, que les cuestan más caro”, expresó.

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El diputado remarcó que el sistema de aportes a ser instalado con el proyecto de ley, introducirá una situación amistosa entre el sector público y el privado, brindando además mayor solución a la falta de medicamentos que sufre diariamente la ciudadanía.

“Esto irá al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el que lo administrará será el Ministerio de Salud, y los beneficiarios serán todos”, señaló, en referencia a aquellos que no cuentan con un seguro médico y aquellos que poseen incluso un seguro privado muy alto, atendiendo que no existe una cobertura total para enfermos de cáncer.

“Esto hará también que se termine con la actitud mendigante dentro de salud pública. Aproximadamente se recaudaría un promedio de USD 80 millones por año, para compra de medicamentos”, remarcó el parlamentario, quien agregó que la iniciativa ha sido debatida con médicos especialistas y asociaciones de pacientes con cáncer.

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En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio de las comisiones asesoras un proyecto de ley que pretende aplicar la obligatoriedad de pagar un aporte para el tratamiento del cáncer, esto dirigido al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Esta iniciativa fue analizada en una mesa de trabajo promovida por la Comisión de Legislación y Calificación.

El proyecto de ley establece un aporte de USD 5 por cada asegurado básico y USD 10 por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro médico privado, además del aporte de USD 5 por cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS). También establece la obligatoriedad de que estos fondos sean destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – INCAN.

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“Estos aportes se destinarán exclusivamente al financiamiento del objeto de gastos 352, que corresponde a la compra de medicamentos oncológicos y a las actividades previstas en la Ley N° 6.266/18 - de atención integral a las personas con cáncer”, refiere la argumentación del proyecto.

Seguidamente, se agrega que “la implementación de estos aportes proporcionará una fuente de ingresos constante y predecible para el INCAN, lo que permitirá planificar y ejecutar programas de atención y tratamiento de manera más eficaz y eficiente”.

El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos Mariño, destacó la importancia de este espacio de diálogo, ya que participaron representantes de empresas de medicina prepaga y representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y legisladores integrantes de la comisión asesora.

“Hemos invitado a representantes de la Cámara Paraguaya de Medicina Privada, que están directamente vinculados a este proyecto; y también a referentes del IPS. En otra oportunidad estuvimos con médicos y vamos a ir ampliando el debate para escuchar todas las opiniones y después poder poner a consideración del pleno”, refirió el diputado.

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