El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología destacó en su publicación el trabajo de investigación desarrollado por el Servicio de Salud Bucal del Hospital de Clínicas, dentro del programa de odontología social.

La Mg. Prof. Dra. Cinthya Vera, jefa del Servicio de Odontología del Departamento Bucodental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCMUNA) celebró el anuncio.

El programa de salud bucal materno-infantil, iniciado en noviembre de 2013, es un proyecto educativo, preventivo y asistencial que proporciona cobertura completa a las mujeres embarazadas que acuden a la cátedra de Gineco Obstetricia del Centro Materno Infantil del Hospital de Clínicas de la FCMUNA. Este esfuerzo investigativo estuvieron a cargo de las doctoras Ana Raggio, Cinthya Vera y Fátima María Lizett Romero.

“Estamos muy contentas con esta publicación, el texto se trata de una publicación internacional de odontología a nivel social, escrita en español, que incluye datos recopilados de varios países latinoamericanos. También se han publicado otros trabajos de extensión de la Universidad Nacional de Concepción, de la Facultad de Odontología de la UNA y del Hospital de Clínicas”, afirmó la Dra. Vera.

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El trabajo presentado en conjunto con la Cátedra de Gineco Obstetricia del Hospital de Clínicas destaca la atención bucodental brindada a embarazadas, bebés y niños entre los años 2013 y 2015. El profesor Antonio Castaño, catedrático de Odontología de la Universidad de Sevilla, mostró gran interés en el proyecto y solicitó colaboración para su publicación internacional.

El profesor Castaño, reconocido por su compromiso con la odontología social, visitó Paraguay durante el año pandémico y quedó impresionado con los trabajos realizados en el Hospital Escuela de la FCMUNA. Su proyecto, enfocado en mostrar los trabajos de odontología social, ha permitido la difusión de los datos estadísticos sobre las consultas, patologías, interconsultas, obturaciones, inactivaciones de caries, exodoncias y limpiezas de sarro realizados en embarazadas, así como las técnicas preventivas de cepillado e higiene.

Como resultado de esta colaboración, el profesor Castaño invitó a las profesionales del Servicio de Odontología a realizar una pasantía en odontología hospitalaria en Madrid, donde fue presentado el proyecto.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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Desde el Ministerio Público informaron que el fiscal Osvaldo Zaracho imputó a un presunto delincuente que simuló ser cliente para asaltar y robar al empleado de una farmacia. El imputado está identificado como Juan Ariel Godoy Orué, quien enfrenta cargos por robo agravado y se encuentra privado de libertad en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

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Según refieren los antecedentes, el atraco ocurrió el 13 de agosto pasado, a las 19:45 aproximadamente, en el interior del local denominado “Nissi Farma”, ubicado en la avenida Julio César Riquelme del kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva de la capital del Alto Paraná.

La versión de los testigos dan cuenta que en la oportunidad, el sospechoso llegó al lugar y pidió algunos medicamentos. Mientras el dependiente se dio la vuelta para buscar los remedios, el sindicado desenfundó un cuchillo y lo apretó por la espalda, exigiendo la entrega del dinero que tenía en la caja.

“Como el trabajador le manifestó que no tenía dinero, el atacante lo hirió con el arma blanca, haciéndole retroceder para acercarse a la caja y finalmente habría robado la suma de 600 mil guaraníes y un teléfono celular, de la marca Samsung, para escapar del lugar”, revela el informe.

A continuación relata que un grupo de vecinos persiguió al presunto criminal y, con ayuda de agentes policiales de la Comisaría 2ª jurisdiccional, redujeron a Godoy Orué. De su poder se recuperó el celular robado y la suma de 90.000 guaraníes. Asimismo, se incautó el cuchillo utilizado presuntamente para el atraco.

Finalmente, el documento fiscal indica que luego de intervenir en el caso, el fiscal Zaracho decidió la imputación del detenido, al considerar que existen suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del ilícito y la participación del encausado. Igualmente, solicitó su prisión preventiva por la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena carcelaria.

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