Al menos 95 personas murieron en unas enormes inundaciones que devastaron principalmente la región española de Valencia, una cifra que “va a aumentar” porque todavía hay “muchos desaparecidos”, advirtió el gobierno este miércoles.

“La cifra actualizada es de 92 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla La Mancha y una persona más en Andalucía, lo que hace un total de 95 personas”, indicó a la televisión pública TVE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “Son datos provisionales”, porque “lamentablemente todo hace prever que esta cifra va a aumentar”, advirtió Torres.

Valencia era la región más crítica para los servicios de emergencia este miércoles, que seguían buscando víctimas, con carreteras cortadas y zonas aisladas y sin telefonía ni electricidad desde que la zona fuera azotada la noche del martes por descomunales lluvias que provocaron las inundaciones.

“Ha estado 10 horas lloviendo sin parar (...) Y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados, No se puede acceder a la parte del pueblo. Las carreteras están todas cortadas, puentes cortados”, dijo a AFPTV José Manuel Rellán, residente de la población valenciana de Ribarroja del Turia.

Las impactantes imágenes de la noche del martes mostraron calles convertidas en verdaderos ríos caudalosos que arrastraban todo a su paso, incluidos los vehículos.

La agencia estatal de meteorología Aemet registró “acumulaciones extraordinarias” de lluvia, con algunos municipios recibiendo 300 litros de agua por metro cuadrado en apenas unas horas, “prácticamente lo que puede llover en un año completo”, según señaló en la red social X.

“Yo venía de dejar a mis nietos en la otra calle y eran las 7:10pm, y cuando nos vamos al balcón veo que entra por aquí el agua”, dijo a la AFP Francisco Puente, un residente de 69 años de la población de Sedaví, señalando la calle por donde la riada se llevó su automóvil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien visitará la zona afectada el jueves, instó a los ciudadanos a no bajar la guardia en momentos en que la emergencia “continúa”. “No os vamos a dejar solos”, garantizó el mandatario socialista desde el Palacio de la Moncloa, dirigiéndose a los afectados.

El gobierno decretó tres días de luto oficial a partir del jueves. El transporte aéreo y ferroviario hacia la zona continuaba suspendido y el tren de alta velocidad entre Madrid y Valencia no volverá a funcionar hasta la próxima semana, informaron las autoridades. “Reiteramos la importancia de no hacer desplazamientos por carretera” en las zonas afectadas, insistió el presidente de la región de Valencia, Carlos Mazón.

El rey Felipe VI expresó su “tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas”, en un mensaje desde las islas Canarias. La Unión Europea está “lista para ayudar” a España, afirmó en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Estamos ante una situación inédita, que nadie recuerda”, aseguró el presidente valenciano.

Es la catástrofe debida al mal tiempo más mortífera que se haya registrado en España en más de medio siglo, desde que en octubre de 1973, cuando murieron 300 personas por lluvias torrenciales que arrasaron varias localidades en Murcia y Andalucía.

El gobierno envió a Valencia más de 1.000 efectivos a la Unidad Militar de Emergencias, especializada en misiones de rescate, para apoyar a los servicios locales de socorro, y el ejército movilizó unidades caninas para buscar cuerpos, morgues portátiles y psicólogos para atender a las víctimas.

La Aemet advirtió que las lluvias continuarán al menos hasta el jueves, aunque se irán desplazando hacia el noreste, hacia la región de Cataluña. Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor y tormentas, son cada vez más intensos debido al cambio climático.

“Estos fenómenos extremos pueden superar la capacidad de los planes de contingencia existentes para hacerles frente, incluso en un país relativamente rico como España”, estimó Leslie Mabon, profesora de Sistemas Ambientales en la Universidad Abierta de Gran Bretaña.

La elevada cifra de muertos sugiere que el sistema de alerta de inundaciones de Valencia falló, opinó Hannah Cloke, profesora de Hidrología en la Universidad de Reading. “La gente simplemente no sabe qué hacer cuando se enfrenta a una inundación, o cuando escucha advertencias”, dijo.

Fuente: AFP

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“El banco (del grupo Zuccolillo) no debió hacer los desembolsos, tenía que resguardar que la operación o el objetivo de la fiducia se cumpla”, mencionó la jefa de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, al referirse al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y la entidad bancaria por valor de G. 828.000 millones.

“A través del banco se buscaba resguardar los fondos para un objetivo específico que era la construcción de 4 hospitales. Existió una clausula establecida en el contrato de fideicomiso, para que el banco pueda hacer el desembolso se tenía que haber emitido los certificados de obras, que debían estar firmados por el fiscal de obras, por el director de infraestructura, por el gerente administrativo financiero y por el presidente del instituto”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“Resulta ser que el Instituto de Previsión Social es una entidad muy verticalista y su máxima autoridad institucional es el Consejo de Administración. Tuvo que haber sido el Consejo de Administración a través de una resolución, esa es la máxima autoridad institucional del IPS. Ningún funcionario por debajo del Consejo de Administración puede decidir este tipo de situaciones (desembolso) o modificaciones al contrato”, sostuvo.

Acotó: “La información que se tiene (sobre el avance de las investigaciones fiscales) es muy escasa, entiendo que están en una etapa investigativa, que están haciendo las averiguaciones porque esto también pasa mucho por el área de infraestructura, de la gerencia administrativa y financiera para hacer el cruce entre los certificados de obras que existían y los pagos que se realizaron”.

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El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional comienza a registrar gran demanda de trámites de pasaporte debido a que se aproxima el período de vacaciones y las posibilidades de viajar al exterior. Para atender con celeridad los pedidos, el Ejecutivo autorizó la compra de insumos por la vía de la excepción.

“Estamos nada más ya aguardando que se concrete la parte administrativa para que podamos recibir los insumos de pasaportes, cédulas de identidad adultos y también para menores”, señaló el comisario principal León Almirón al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El asesor jurídico de Identificaciones recordó que se estaba teniendo un déficit de insumos para afrontar lo que se viene en los próximos meses con la “temporada alta” de solicitudes de documentos de identidades.

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“Entonces, estábamos extremando recursos de las oficinas aledañas al departamento que contaban con una buena cantidad de insumos. Con eso pudimos subsanar las cédulas que necesitaban de impresión para menores. Ahora bien, para enfrentar la temporada alta ya tenemos confirmado que en 8 a 10 días estaríamos recibiendo los insumos para poder emitir los documentos sin ningún inconveniente”, refirió.

Afirmó que ya no hay documentos en lista de espera para la entrega y el departamento de Identificaciones está al día con todos los pedidos procesados por los usuarios.

“No hay ningún retraso, no tenemos pendientes. Hace 15 días teníamos una importante cantidad de cédulas para menores que faltaban ser impresas, pero ya hemos subsanado ese inconveniente. Eran 4.000 cédulas para menores que estaban ya en fábrica, pero faltaban los insumos, pero eso ya hemos subsanado internamente”, confirmó.

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