El Ministerio de Justicia confirma que 10 personas privadas de libertad se encuentran con COVID-19 positivo, en tanto son monitoreadas tras presentar síntomas de la enfermedad. Los internos con casos positivos se encuentran aislados del resto de la población.
“En este momento no tenemos muchos infectados, en total tenemos 10 a 12 personas infectadas”, manifestó Cecilia Pérez, ministra de Justicia, esta mañana en contacto con 650 AM.
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La Dirección de Salud Penitenciaria realizará un monitoreo constante para identificar posibles casos sospechosos, tal como lo implementa en los demás centros penitenciarios donde está activo el virus.
Igualmente, señaló que los reos cuentan con permiso correspondiente para recibir visitas en las diferentes penitenciarías del país. “Tienen 2 días de visitas sociales, jueves y domingos, con agendamiento previo, una persona por interno, en espacios abiertos, tinglados, canchas, patio”, manifestó.
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Sobre la cantidad de detenidos en las comisarías del país, la ministra de Justicia indicó que registran números muy altos. “Cuando se ven descubiertos, cuando están mucho tiempo en la comisaría, nosotros repartimos de acuerdo a los lugares donde no tenemos brote o grupos de crimen organizado”, dijo Pérez.
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El Salvador: familiares de presos claman por una “prueba de vida”
Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.
En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.
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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.
“Vivo o muerto”
Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.
“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.
Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.
Cartas de “libertad”
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.
“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.
Fuente: AFP
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.
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Ecuador: asesinan a dos trabajadoras de una cárcel
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) ha informado de la muerte de dos trabajadoras de una cárcel de Guayaquil, en Ecuador.
“La tarde de este 31 de agosto de 2024, dos servidoras del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) (...) fueron víctimas de un atentado delincuencial que les provocó su fallecimiento”, ha publicado el SNAI en un comunicado.
Las dos trabajadoras se dirigían al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas n.°2 para comenzar su jornada laboral cuando fueron atacadas. “EI SNAI solicitará el inicio de las investigaciones correspondientes ante la Fiscalía Provincial del Guayas para determinar los responsables criminales de este hecho violento que enluta a toda nuestra institución. Estos sucesos no pueden quedar impunes”, ha añadido.
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Este ataque se produce poco después del anuncio de la prórroga del estado de excepción durante 30 días adicionales decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y que afecta a las 19 cantones de seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.
Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformando en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado. En los últimos tiempos aumentó la violencia en las penitenciarías, donde están recluidos líderes de bandas de narcotraficantes.
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Fuente: Europa Press - AFP