La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) emitió un comunicado manifestando su preocupación por la promulgación de la Ley N° 6739 que expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social 4.305 hectáreas de la reserva Campos Morombí.
Las mismas están ubicadas entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, para ser distribuidas entre dos asentamientos, considerando que esta determinación deja un precedente para que otros grupos radicales tengan carta blanca para invadir y deforestar reservas naturales privadas o públicas.
“El artículo 2° de la ley expresa que ‘el área expropiada queda desafectada de la calidad de área silvestre protegida’, que había sido declarada por Decreto 14910/2001. El siguiente artículo establece que se debe indemnizar al propietario de dicho inmueble en un plazo no mayor de 90 días corridos”, detalla.
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Agrega que, desde la APS, consideran que este tipo de decisiones no favorece el normal desarrollo del campo, pues crea zozobra y dudas en el interés de los productores de invertir en sus campos y de seguir manteniendo sus reservas boscosas, ya que en Paraguay la mayor cantidad de reserva de bosques se encuentra en manos del sector privado.
“Para nuestro gremio es fundamental el acompañamiento de los grupos campesinos con capacitación y oportunidades mediante la transferencia de tecnología y conocimientos, por lo que creemos que la decisión del Poder Ejecutivo de expropiar una reserva natural para destinarla al establecimiento de estos asentamientos pone en riesgo miles de hectáreas de bosques que se encuentran en manos del sector privado y a la vez estimula las invasiones de tierras de grupos subversivos”.
Finalmente, manifiestan que desde la APS acompañan el trabajo en conjunto para el desarrollo de proyectos tendientes a lograr el empoderamiento de los campesinos.
“Instamos al Gobierno a que siga buscando el bienestar de la gente mediante acciones que no pongan en riesgo el capital de los productores e inversores, más aún en época de pandemia, cuando el escenario es mucho más preocupante e incierto de cara al futuro. Necesitamos garantías y previsibilidad en las políticas públicas para seguir invirtiendo en el campo”, concluyen.
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