La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presenta­ron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de informa­ción de Seprelad donde tam­bién está imputado el expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez.

Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enri­que Kronawetter, represen­tante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.

La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de ape­lación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tri­bunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agra­vio que la resolución apelada es infundada”.

Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el ape­lante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraor­dinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invo­cado”, indica parte de la reso­lución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.

Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realiza­ción de la audiencia de imposi­ción de medidas cautelares así como resolver las doce chica­nas más que aún faltan definir.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecre­tario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presi­dencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez pre­sentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magis­trada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtracio­nes de la Seprelad.

Dentro de la Jornada de Gobierno en Concepción, las autoridades nacionales visitaron las instalaciones de la Dirección de Policía de Concepción, donde se realizaron mejoras y la cual será una de las sedes del “Colegio de Policía”. El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que contar con una policía formada en su propio departamento será trascendente para un mejor servicio y una mejor calidad de vida de los agentes.

“Es una gran reingeniería para saber dónde están los policías y las escuelas regionales son la solución porque van a poder trabajar en su comunidad!”, expresó Riera. Asimismo, indicó que está en estudio un proyecto para cambiar el horario de trabajo de los agentes, estableciendo horarios de 8 horas.

“Si tenemos turnos de ocho horas vamos a tenerlos alertas, despiertos y con una vida normal. Este cambio en los horarios que en este momento está en Gabinete es lo que probablemente nos permitirá tener una policía mucho más acompañada por la comunidad, un policía reencontrado con su sociedad”, añadió.

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El ministro mencionó que actualmente los agentes trabajan ocho días de seguido y posteriormente, tienen una semana de descanso. En el caso de los que están en el Chaco, los agentes trabajan 15 días y luego descansan por este mismo periodo. Este mecanismo de trabajo es insostenible, afirmó. “No solo no dábamos abasto en cantidad, sino en el estilo y forma de trabajo”, aseveró.

Por otro lado, destacó la decisión del Gobierno por haber hecho posible una ley de reforma de la Policía Nacional, la cual permite que estos tengan una carrera y un mecanismo de ascenso, además de mejores condiciones para ellos y sus familias, pero también contempla sanciones para quienes incumplan las normas.

“Esta es la décima escuela y tenemos destinados USD 400.000 para las direcciones departamentales como esta. Vamos a invertir en las comisarías del interior, incorporar tecnología, mejorar el salario para los profesores de la Isepol, que de ganar G. 8.000 por hora cátedra ganarán G. 40.000. Está prevista una inversión de USD 92 millones para equipar a los policías que van a egresar y llegarán más patrulleras”, detalló.

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Unas 20 personas privadas de su libertad utilizarán inicialmente las tobilleras electrónicas cuya implementación arrancará a fin de año. Su puesta en funcionamiento será gradual y conforme a lo estipulado en la legislación que prevé su uso para los procesados por hechos de violencia contra la mujer.

El suboficial mayor Javier Melgarejo, asesor jurídico de la Dirección de Seguridad o sistema 911, explicó el mecanismo para la selección de presidiarios que serán beneficiados con el uso de los dispositivos electrónicos.

“Conforme se está llevando el trabajo a finales de diciembre se podría implementar ya el dispositivo electrónico de control”, confirmó Melgarejo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Explicó que el propio Ministerio del Interior está liderando el proceso de aplicación de la ley y ya en breve se oficializará su vigencia.

“Estamos trabajando en los protocolos de implementación y de reglamentación, tanto dentro de la Policía como del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec) que es el organismo que estará a cargo de controlar la implementación del sistema de dispositivo electrónico”, puntualizó.

El policía aclaró que el Sistema 911 se ocupará del monitoreo y una vez que se active la alarma es la encargada de coordinar con las comisarías o el personal del Grupo Lince a los efectos de acudir y revisar la causa de la activación de la señal.

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Así también dio detalles del alcance de la normativa. “Conforme a la ley vigente son las personas que están dentro del marco de un proceso ya sea imputada o procesada o condenada dentro del marco del Código Penal, Ley 1600 violencia doméstica y la Ley 5777/16 de protección contra toda violencia a la mujer”, remarcó.

Aclaró que el plan piloto prevé la aplicación gradual a partir del próximo mes con la instalación de 20 equipos de monitoreo de presos. En total en la primera etapa se contempla el uso de cien tobilleras que ya están disponibles para el uso.

“Se va a disponer de dos sistemas: uno que la persona portadora beneficiaria va a tener el equipo. Y también a la víctima de un caso de violencia doméstica se le va a dar un celular en el cual va a estar disponible un sistema informático que le va a permitir una vez que se active una alarma. Que esa persona se acerca a su domicilio y la víctima va a tener la oportunidad de entrar en el celular y revisar en simultáneo la ubicación del sujeto”, manifestó.

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Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG) se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo, el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las oenegés que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las oenegés, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las oenegés estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.