El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planas, Mathias Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Días atrás, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra los integrantes del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás.

La chicana fue promovida en su momento por el abogado Emilio Fúster, el pasado 14 de marzo. El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien se encuentra detenido en Brasil.

El Ministerio Público había solicitado al tribunal de sentencia que sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, asociados con Marcus Vinicius Espíndola y que se había fugado de un operativo en Hernandarias, en 2022.

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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado para­guayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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El Tribunal de Apelaciones rechazó este lunes la recusación presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra los integrantes del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás. De esta forma, su juicio oral y público podrá avanzar sin inconvenientes con la fijación de una nueva fecha.

La chicana fue promovida mediante su abogado Emilio Fuster, el pasado 14 de marzo. El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien se encuentra detenido en Brasil.

Igualmente, el Tribunal de Sentencia deberá evaluar el requerimiento realizado por el Ministerio Público consistente en que en el desarrollo del juicio oral y público sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, asociado con Marcus Vinicius Espíndola y que se había fugado de un operativo en Hernandarias, en 2022.

El requerimiento realizado por el órgano extrapoder a la justicia brasileña vía exhorto surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius. Se sospecha que Giuzzio recibió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf.

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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado para­guayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, presentó un proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional celebrados en la República del Paraguay”. La iniciativa busca crear un marco legal especializado para atraer y regular las grandes competiciones deportivas en el país.

El proyecto lleva la firma del presidente, Santiago Peña, y del titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera Escudero, y posiciona al deporte como un eje central de la política pública y visualiza a Paraguay como un actor trascendental en la organización de eventos deportivos internacionales.

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“Paraguay es un país grande que está listo para tomar su rol protagónico principal en el escenario internacional”, se lee en la introducción del proyecto, destacando la ubicación estratégica de la nación en el corazón de Sudamérica, su creciente infraestructura y su cultura deportiva apasionada como ventajas para albergar competiciones de alto nivel.

La legislación propone crear una designación legal única llamada “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” (EDRI), que será establecida por decreto presidencial. Esta designación, según la exposición de motivos, activará automáticamente una serie de disposiciones especiales diseñadas para facilitar la organización de eventos según estándares internacionales.

La propuesta plantea, entre otros detalles, exoneraciones tributarias para las entidades organizadoras, incluyendo la importación de equipos, implementos deportivos y servicios prestados durante el evento, lo mismo que un régimen de admisión temporaria para materiales promocionales y equipamiento deportivo.

Igualmente, estipula regulaciones especiales de visado con visas gratuitas y sin restricciones para delegaciones oficiales, funcionarios de entidades organizadoras y socios comerciales.

Asimismo, plantea la protección de derechos de propiedad intelectual, con reconocimiento especial de las marcas de las entidades organizadoras como “marcas notoriamente conocidas”, también forma parte de los beneficios que otorga esta disposición.

Por último, se prevé el establecimiento de zonas comerciales exclusivas alrededor de las sedes de los eventos, y un mecanismo de resolución de disputas mediante arbitraje para contratos relacionados con la organización de eventos.

La propuesta destaca los logros recientes de Paraguay en la obtención de importantes eventos deportivos internacionales, incluyendo la exitosa organización de los Juegos ODESUR 2022 y próximos eventos como: los Juegos Panamericanos Junior; el Campeonato Mundial de Rally en 2025, 2026 y 2027; el 75º Congreso de la FIFA en mayo de 2025; y uno de los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2030, conmemorando el centenario del torneo.

Según el documento, Paraguay ha perdido, anteriormente, oportunidades para albergar grandes competiciones debido a la falta de garantías legales específicas requeridas por los organizadores internacionales. El proyecto busca abordar “trabas burocráticas, regímenes fiscales poco flexibles y falta de previsibilidad en materia migratoria y laboral, que han limitado el potencial del país, según la exposición de motivos.

“Paraguay no puede darse el lujo de seguir perdiendo oportunidades. El momento de actuar es ahora”, enfatiza la propuesta, enmarcando la iniciativa como parte de las reformas estructurales más amplias del gobierno y la visión a largo plazo para el desarrollo nacional.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su consideración, pero antes deberá pasar por las diferentes comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.

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Autoridades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) asistieron a la convocatoria planteada por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) donde fueron invitados a participar en sesión de modo a responder cuestiones relacionadas a sus actividades, los recursos que administran, fuentes de ingreso, entre otros ítems.

“Nos queda claro que Opaci es una organización no gubernamental (ONG) que recibe fondos de la ciudadanía de manera indirecta, ya que administra recursos provenientes de tasas cobradas a los ciudadanos, en teoría, en beneficio de los municipios”, expresó el senador Gustavo Leite, relator de esta la Comisión, al término del encuentro.

En este sentido, el parlamentario enfatizó en la necesidad de que la institución convocada provea un informe detallado sobre los últimos cinco años, incluyendo ingresos, egresos y los beneficiarios de los pagos realizados por Opaci, tanto personas físicas como jurídicas.

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Varias de las preguntas fueron respondidas en plenaria, no obstante, las autoridades de la institución se comprometieron a compartir el mencionado informe de modo a que queden claros ciertos aspectos, sobre todo los vinculados al dinero que pasa por la institución. La Opaci cuenta con un presupuesto de G. 76.000 millones, de los cuales, G. 25.000 millones provienen del pago por emisión de licencias de conducir.

“Nuestro estatuto habla claramente que la asociación a la Opaci por parte de las municipalidades es voluntaria y está establecida una cuota social que va de G. 600.000 a G. 6.000.000 de acuerdo a la categoría de cada municipio. De las 263 municipalidades, 213 son asociadas”, expuso el presidente de la Opaci, Óscar Cabrera.

Además de esto, la institución se comprometió a informar por escrito sobre el cobro de impuesto de bienes y raíces, atribución que le fue delegada y tarea por la cual, la institución cobra un canon adicional de G. 30.000 por cada trámite. En cuanto a sus funciones, Cabrera manifestó que trabajan de cerca con las municipalidades para las capacitaciones tanto a funcionarios municipales, como a concejales e intendentes.

“Hemos capacitado a 1.800 personas entre intendentes concejales y administradores en aspectos del quehacer del municipio, por ejemplo en la elaboración y ejecución de un presupuesto y llegamos a todos los distritos del país con estas jornadas, además capacitaciones en procesos de contratación y también el aspecto jurídico porque las leyes municipales van cambiando”, explicó.

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Para la próxima sesión de la CBI están convocadas autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para abordar el supuesto caso de financiación irregular a la campaña política de Mario Abdo Benítez. Se prevé consultar si el organismo ha investigado el contenido de un chat atribuido al diputado Eulalio Gomes, en el que se menciona una presunta colaboración de un USD 1 millón.