Juntos por la Educación, con el apoyo de la Unión Europea (UE), lanzó el proyecto “Tetãyguára Jesareko”, que en castellano significa “veeduría ciudadana”. Esto con el objetivo de aumentar los esfuerzos para la reforma educativa a través de la participación, la sensibilización y veeduría de la sociedad civil en las políticas educativas a nivel local y nacional teniendo en cuenta la experiencia e incidencia de la veeduría ciudadana.
El proyecto tendrá vigencia hasta el 2024 y estará enfocado en tres estrategias: consolidar la generación de conocimiento sobre las políticas educativas y su comunicación para la incidencia de la participación informada de la sociedad civil.
Buscará apoyar el diálogo y las acciones de organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de los procesos del sector educativo y, por último, el proyecto desarrollará capacidades para implementar acciones de incidencia de veeduría social en el sector educativo en territorios seleccionados.
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En este primer año de proyecto fueron seleccionados los departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Presidente Hayes.
“Desde hace tres años venimos trabajando en el marco del Observatorio Ciudadano y desde allí lo que hacemos es generar datos o información sobre cómo está avanzando la política educativa a nivel nacional. También estamos trabajando en las metas de los planes nacionales de manera de promover diálogos y participación de la ciudadanía a las cuestiones vinculadas a educación”, explicó Óscar Charoti, director ejecutivo de Juntos por la Educación, en comunicación con La Nación.
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Agregó que con el proyecto Tetãyguára Jesareko se busca el fortalecimiento de la participación así como el empoderamiento ciudadano en torno a la educación, es decir, que las comunidades educativas conozcan las necesidades de sus instituciones educativas y que gestionen para conseguir dichas necesidades con los gobiernos municipales, departamentales o del Estado.
“Vamos a apoyar a los colectivos ciudadanos a que puedan desarrollar proyectos de incidencia. Por ejemplo, uno de los colectivos con quienes estamos empezando a trabajar lo que quieren es monitorear la ejecución de los proyectos de Fonacide en su comunidad, ya que los municipios y gobernaciones reciben recursos todos los años de este fondo para infraestructura y alimentación escolar. Entonces las comunidades están solicitando que el municipio establezca la posibilidad de crear un presupuesto participativo”, explicó.
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Según Charoti, mediante la participación la ciudadanía estará informada sobre dónde se concentran o destinan los recursos y, a su vez, las instituciones que desarrollan su microplanificación educativa, en donde se podrá identificar cuáles son las escuelas y colegios con mayor necesidad, ya que muchas veces los recursos no son destinados a quienes más lo precisan, señaló.