El superintendente de Salud, Ignacio Mendoza, señaló este jueves que se está realizando una auditoría jurídica, médica y contable al sanatorio Samaritano por las denuncias de sobrecosto. Destacó que hay leyes vigentes de cobertura a pacientes COVID-19 y los centros asistenciales no deberían cobrarles.
“Con base en una denuncia formal hemos optado por realizar una auditoría. La situación actual no da para estar dudando de las cosas, la población está temerosa, sensible y no es el momento de estar abusando de la gente”, manifestó el superintendente de Salud en comunicación con Universo 970 AM.
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Sobre el pedido de abonar G. 50 millones para acceder a una cama de terapia intensiva y G. 100 millones para retirar el cadáver de un familiar, en este caso en el sanatorio Samaritano, explicó que hay leyes vigentes que cubren gastos de internación de los paciente COVID-19 y el Ministerio de Salud debe dar respuesta.
Mendoza indicó que desde la Superintendencia de Salud “no se quieren meter tanto en la parte privada” porque respetan las inversiones realizadas por el sanatorio en cuestión. Mencionó que se están ajustando detalles a las normativas para que los privados cumplan con las exigencias y no carguen la responsabilidad a los familiares los costos por lo servicios prestados.
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“Vamos a analizar la situación y es la preocupación de las autoridades ministeriales porque mediante la ley ya le cubre el Estado a los pacientes, que significa una erogación de grandes cantidades monetarias porque tener un paciente con COVID-19 cuesta caro. Sin embargo, muchos (sanatorios) no se quieren ajustar al cumplimiento”, agregó.
La Superintendencia de Salud comenzó a realizar controles sobre presuntos sobrecostos en los servicios de internación médica en los sanatorios privados que firmaron convenio con el Ministerio de Salud para el tratamiento de pacientes con COVID-19.
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