El director legal de la empresa itti Saeca, Miguel Almada, manifestó que la violación del contrato por parte del Banco Atlas, perteneciente al grupo empresarial de la familia Zuccolillo, se registró en los últimos 4 años. Tras denunciar la irregularidad de la entidad bancaria en el uso del software de itti para sus operaciones, la firma de tecnología financiera empezó a recibir ataques mediáticos de dicho grupo, pese a que la postura en el conflicto judicial apuesta por una conciliación.

“Tenemos una controversia con el Banco Atlas, respecto al uso que se está dando a nuestro software, consideramos que el uso se está dando de manera inapropiada y ellos consideran que no. En la resulta de esta controversia, hoy estamos en un proceso de mediación, el cual está en pleno curso”, dijo Almada, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el abogado detalló que la relación comercial entre la firma y el Banco Atlas, data hace 21 años, mientras que el incumplimiento del contrato se registró en los últimos 4 años. “Se inició un diálogo largo con ellos, para encontrar una solución a la situación. Para nosotros es muy claro que existe un incumplimiento. El cese del uso del software por parte del banco sería ciertamente terribles para la entidad, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos en un escrito requiriendo una medida cautelar”, refirió.

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El banco Atlas se fusionó con el banco Familiar, por lo que se requería de una unificación del core bancario, que también debe ser aprobado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para concluir con el proceso. Desde el año 2024, Atlas fue realizando cambios del software de itti que, de acuerdo al contrato, tienen un costo que no se abonó.

“Piratería es cuando se usa un software sin licencia y dentro de lo que se está discutiendo se encuentra la propia viabilidad de la licencia que ellos tienen, con lo cual podría incluirse este calificado de piratería dentro de lo que se discute con el Banco Atlas. La piratería es un delito precedente del lavado de dinero, es uno de los claros delitos establecidos por la Seprelad y los organismos internacionales que regulan este aspecto de la actividad económica”, indicó Almada.

La empresa itti viene reclamando el pago de estas actualizaciones, requeridas también para terminar el proceso de fusión entre las entidades. Sin embargo, Atlas recurrió judicialmente para evitar el pago de la deuda.

“Nuestra impresión es que se realizaron muchos usos inapropiados. De nosotros no salió la información sobre la suma, porque estaríamos violentando nuestra clausula de confidencialidad en la mediación, pero los montos están por ahí. Estamos concentrando nuestras energías en un proceso de mediación, queremos llegar a un acuerdo con el banco, nuestra intención no es litigar, pero lastimosamente ante el día de hoy no hemos encontrado mucho eco del otro lado”, puntualizó.

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El Banco Atlas, perteneciente al grupo empresarial de los Zuccolillo, está en plena disputa judicial con la empresa itti, proveedora del software que utiliza la banca para sus operaciones. El conflicto escala más allá de las diferencias contractuales y la legislación paraguaya, según explicaron, es contundente en esta materia y podría obligarles a pagar un resarcimiento multimillonario.

“La legislación autoral paraguaya prevé marcos de resarcimientos muy elevados. Al daño que eventualmente se determine en un proceso legal, se le puede añadir, como mínimo el 100% de penalidad de modo a que el resarcimiento que se le dé al titular de derechos, sea efectivamente disuasorio para que la infracción no sea más barata que el cumplimiento de la ley, es decir, se debe resarcir el daño que sufriste más el 100%, ese es el piso, pero el máximo es infinito”, aseveró el abogado Miguel Almada, quien defiende los intereses de itti.

Atlas e itti Saeca se encuentran en un proceso de mediación, y pese a que la proveedora de software es optimista respecto a poder llegar a un acuerdo, precisó que la acción judicial fue promovida por el banco. El juez Diego Torres, favoreció a los Zuccolillo en su fallo otorgándoles una medida cautelar permitiéndoles seguir usufructuando el sistema.

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“Consideramos que la medida cautelar no tiene fundamentos, pero respetamos la decisión de los órganos jurisdiccionales. Es más que un incumplimiento contractual”, añadió Almada pero evitó entrar en detalles ya que existe una cláusula de confidencialidad con la banca y no se pueden revelar mayores datos, así como tampoco el monto al cual ascendería el perjuicio económico.

La acción promovida con el banco coincide también con los ataques a la firma realizados a través de los medios de comunicación del Grupo Zuccolillo, desde el cual se ha iniciado una serie de publicaciones en contra de itti señalándolos como favorecidos en licitaciones por una supuesta cercanía con el presidente de la República.

No obstante, el abogado dejó en claro en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media que itti opera en el país desde hace más de 20 años y ofrecen sus servicios al sistema financiero a través de más de 16 entidades bancarias, siendo uno de ellos Atlas. “Nosotros hemos tratado de mantener esa controversia en el ámbito privado y no nos hemos salido de ese compromiso, los que judicializaron el caso fueron ellos, no nosotros”, aseveró.

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El nuevo ataque del grupo empresarial Zuccolillo a través de sus medios de comunicación hacia licitaciones de empresas supuestamente vinculadas al presidente de la República, Santiago Peña, tendría como trasfondo los intereses del holding comandado por Natalia Zuccolillo.

El diario Abc color realizó publicaciones sobre licitaciones de la empresa itti Saeca, señalándola como una “mimada” del Gobierno, teniendo como referencia una denuncia realizada por el diputado abdista, Mauricio Espínola.

Estas publicaciones tendrían como origen una disputa judicial que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Esta entidad se estaría resistiendo a cumplir con un contrato por el uso de software (core bancario) perteneciente al grupo itti Saeca. Así lo expuso el periodista Jorge Torres en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“El abogado César Coll del grupo Zuccolillo planteó una medida cautelar para poder seguir usando el software. Se estima que el banco de los Zuccolillo debe abonar a itti una millonaria deuda. La campaña por parte del grupo de medios de los Zuccolillo contra itti responde a este interés: apretar a la empresa (en todas sus formas) para evitar pagar esa suma de dinero. Saldrán más cosas al respecto”, expuso el periodista.

De los 16 bancos que se encuentran en Paraguay, 10 operan con la empresa itti, entre ellos el banco Atlas, que tiene el core bancario. Se trata de un software con las informaciones bancarias que utilizan las entidades para todas sus operaciones. Sin embargo, el banco perteneciente al grupo empresarial Zuccolillo se niega a cumplir con el pago de este servicio informático.

El banco Atlas se fusionó con el banco Familiar, por lo que se requería de una unificación del core bancario, que también debe ser aprobado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para concluir con el proceso. Desde el 2024 en adelante, Atlas fue realizando cambios del software de itti, que de acuerdo al contrato tienen un costo, que no abonó.

La empresa itti viene reclamando el pago de estas actualizaciones, requeridas también para terminar el proceso de fusión entre las entidades. Sin embargo, Atlas recurrió judicialmente para evitar pagar la millonaria deuda requerida por itti y al mismo tiempo arrancó con publicaciones para desprestigiarla.

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• Texto: La Caja Negra.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) lleva adelante por segunda vez la licitación para el “servicio de diseño, construcción, equipamiento integral y puesta en operación del centro de datos del Estado (Data Center)”, el cual fue cancelado cuando Gustavo Villate asume el cargo de ministro, por verificar que el PBC (pliego de bases y condiciones) anterior no permitía una mayor participación de empresas (se presentaron solo dos consorcios), sumando a esto que ya existía una denuncia de conflicto de interés y otra de direccionamiento del llamado.

Estas denuncias fueron entregadas a los colegas que participaron en la reciente conferencia de prensa en el Mitic.

En medio la segunda convocatoria de la licitación (donde ya se presentaron más de 8 empresas nacionales y extranjeras) se registraron intentos de injerencia y hostigamiento con el fin de aparentemente influenciar la decisión del Comité de Evaluación.

Recordemos que, desde la apertura de las ofertas, se debe guardar confidencialidad, por lo que aparentemente este intento de injerencia en el comité podría tener la intención de direccionar la adjudicación.

De acuerdo con el llamado licitatorio, que puede encontrarse en el portal de Contrataciones Públicas bajo el ID n.° 447.876, la inversión ronda los G. 143.171 millones y está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En septiembre de 2024 se realizó la apertura de ofertas públicas y participaron cuatro consorcios interesados, cuyas propuestas continúan todavía en etapa de evaluación.

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El Consorcio ITC Tecnoedil (conformado por ITC Servicios SRL y Tecnoedil SA Constructora) ofertó G. 193.290 millones; el Consorcio de Infraestructura Tecnológica (integrado por Netlogic SRL y Sociedad Constructora Chaco SA) propuso USD 25,5 millones; el Consorcio Tecnológico Contec (compuesto por Jiménez Gaona y Lima SAE, Tecnología en Electrónica e Informática SA y Geintec SA) ofreció la suma de USD 13 millones y G. 40.386 millones; y el Consorcio Concret FData (integrado por Concret Mix SA y Fibratel SL), propuso USD 21,8 millones.

Llamativamente, algunas empresas cotizan un monto mayor al monto total de la inversión, según el monto que se encuentra como presupuesto en el portal de contrataciones.

Actualmente, este proceso licitatorio enfrenta intentos de injerencia y fuertes hostigamientos para afectar la adjudicación. Así lo expuso en la conferencia de prensa del pasado 28 de febrero, el ministro del Mitic, Gustavo Villate, quien aseguró que la administración actual no tolerará el amedrentamiento ni la intromisión de sectores que buscan frenar el desarrollo tecnológico del país.

La autoridad reveló que en la última semana recibieron intentos de injerencia y hostigamiento por parte de sectores cuyos intereses se verían afectados por la licitación del Data Center. Ante esta situación, el Mitic presentó denuncias ante la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, organismos internacionales y la Fiscalía.

El equipo de “La Caja Negra” accedió a una de estas denuncias realizadas, específicamente ante el Ministerio Público por parte de la funcionaria Deisy Dahiana Acosta, actual jefa de Gabinete del Mitic. La misma formó parte del plantel de funcionarios que participó de la apertura de las ofertas, al igual que otros funcionarios del Mitic.

En su denuncia presentada ante la Fiscalía, el pasado 19 de febrero, Acosta expuso un mensaje recibido vía WhatsApp de un número desconocido, proveniente de Estados Unidos, en el cual le advertían que iban a enviarla a la cárcel por un buen tiempo, ya que mostrarían supuestos audios y videos de negocios, manipulaciones y extorsiones. Además, puso a conocimiento de la Fiscalía que crearon una cuenta falsa en Instagram que se hace pasar por ella.

Posteriormente, el 26 de febrero amplió su denuncia al recibir más mensajes de hostigamiento de otro número desconocido de Estados Unidos. El texto refería lo siguiente: “Seguimos investigando y ya estamos por terminar. Esta semana saldrá todo a los organismos internacionales y nacionales, para que vean la clase de gente que sos”. Seguidamente el responsable de la amenaza adjuntó un archivo PDF con el nombre “Esquema de la Mafia”, acompañado de la frase “la cárcel vos te merecés”.

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Según información proporcionada a “La Caja Negra”, los investigadores habrían inspeccionado el PDF en cuestión y determinado que fue creado mediante el sistema Analyst’s Notebook, tal como puede apreciarse en la descripción de los datos.

Coincidentemente, en nuestro país la empresa que maneja este software es la firma ITC Paraguay, cuyo dueño es el analista de inteligencia Daniel González Segovia. Esta misma empresa ya cuenta con antecedentes de conducta por mala fe, según la denuncia y la investigación realizada por DNCP y fue amonestada en el pasado por intentar influir en el comité de evaluación del Mitic, en el marco de una licitación para ampliar la infraestructura de la Nube Py, donde no resultó ser la empresa adjudicada.

Así también, había sido denunciada en el primer proceso licitatorio del Data Center (que fue cancelado) por una posible colusión con la empresa Tecnoedil por un supuesto intento de direccionamiento del PBC, el cual a la fecha está siendo investigado.

Al verificar el portal de la DNCP aparece como representante de esta empresa Alberto Tomás Ramírez Chase, quien es muy allegado a Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y su esposa Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color. Los tres aparecen en fotografías que demuestran el nivel de cercanía. Otra coincidencia es que el diario Abc Color impulsa una campaña de desprestigio contra la misma funcionaria que recibió las amenazas y hostigamientos.

El diario de la calle Yegros la viene cuestionando por participar de la apertura pública de ofertas donde estaban presentes muchas personas y, según lo investigado, no existe una obligación de firma por parte de todas las empresas asistentes o todas las personas que participan del acto, el cuestionamiento a la funcionaria entendemos que viene ya que en el pasado la misma fue funcionaria contratada del MOPC, cuando era ministro Ramón Jiménez Gaona, conforme pudimos corroborar, la misma era en aquel entonces abogada dictaminante de la Dirección Jurídica y no una persona cercana al ministro porque no era una asesora nombrada.

Hemos profundizado y llama la atención el intento de vinculación de la funcionaria con la adjudicación del fallido Metrobús, dado que quienes firmaron la adjudicación fueron los miembros del Comité de ese llamado.

Inclusive, Abc Color llegó a hurgar en la declaración jurada de bienes de la funcionaria, quien salió a explicar su patrimonio. Ante los cuestionamientos de la prensa, el ministro Villate manifestó que todo el proceso se realiza de manera transparente y que se realizaron las denuncias correspondientes con el fin de proteger la integridad de la licitación en curso.