Noviembre Azul se convierte en una campaña insignia de la lucha y prevención del cáncer de próstata y colon, y es por eso que el Ministerio de Salud y las diferentes organizaciones médicas buscan fortalecer la concienciación respecto a la importancia de los controles médicos en la población masculina.

En 2023, el cáncer de próstata fue la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en Paraguay, con cerca de 1.800 diagnósticos y 258 fallecimientos registrados, según datos de la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES). El INCAN, principal centro oncológico del país, detectó 88 casos nuevos en el 2024.

En conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM, el doctor Gustavo Codas, presidente de la Sociedad de Urología, invitó a la población en general que a partir de los 50 años en adelante acudan al urólogo para un control anual y que lo hagan antes de esa edad si es que se prestaran síntomas como dolor al orinar, hinchazón u otras molestias.

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“Por otro lado, a las personas jóvenes entre los 25 y 30 años queremos decirles que también existe el autoexamen testicular en los varones, esto para saber si existe algún cambio en los testículos porque el cáncer de los testículos es una enfermedad que avanza rápidamente y que consiste en el agrandamiento de los mismos en forma indolora. Por lo tanto, puede retrasar la detección”, comentó el doctor Codas.

En cuanto a la próstata, explicó que el agrandamiento de la misma es prácticamente normal en todos los hombres conforme avanza la edad y que mientras los controles sean realizados de manera rutinaria, la aparición del cáncer es muy detectable a tiempo y tratable dando grandes posibilidades de tratamiento exitoso, motivo por el cual la visita al médico es la mejor manera de prevenir la enfermedad.

Respecto a los exámenes de rutina a los cuales son sometidos los hombres, aseguró que la ciencia ha avanzado bastante, ya que ahora primeramente se realiza una extracción de sangre la cual es analizada para corroborar los niveles de ciertos marcadores de funcionamiento del órgano antes de continuar con cualquier otro procedimiento como la palpación.

El control de la próstata no es doloroso y solo dura unos pocos segundos. Durante la revisión, puede sentir intensos deseos de orinar, que ceden cuando finaliza el tacto. También se cuenta con la prueba PSA (antígeno prostático específico).

Este simple control anual permite descubrir la enfermedad en una fase en la que aún es tratable, y se cuenta con el beneficio de licencia remunerada para chequeos según la Ley n.º 6.280/19, artículo 13, que establece que todos los trabajadores en Paraguay tienen derecho a dos días laborales con goce de sueldo para realizarse exámenes preventivos de cáncer de próstata y colon.

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El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.

El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.

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El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de inver­tir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.

Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.

De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.

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El director jurídico de la Contraloría Gene­ral de la República, Darío Ortega, manifestó ayer que la Fiscalia obvió varias irregularidades regis­tradas en el Instituto de Pre­visión Social (IPS) durante la gestión de Vicente Bata­glia. Indicó que la desesti­mación de la denuncia es algo preocupante.

“Nos causó mucha preocu­pación este caso en particu­lar, por las aristas que tiene, tomaron hechos que no for­maban parte del informe para llegar a concluir en una desestimación”, señaló Ortega.

Luego agregó que “la Fisca­lía solamente pudo verificar pago por 350 mil millones de guaraníes. Sin embargo, la deuda del IPS a proveedores era de 1 billón de dólares que hablando en dólares sería de 130 millones de dólares, o sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”.

Las preocupaciones del director jurídico de la Con­traloría fueron vertidas en el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN TV y Uni­verso 970 AM.

El equipo del Ministerio Público conformado por Néstor Coronel, Luis Piñá­nez y Jorge Luis Arce pidió días atrás al juez penal de Garantías la desestimación de la denuncia contra Vicente Bataglia y los exconsejeros del IPS, Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Lucía Claudina Ailvera, Miguel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo.

Los citados funcionarios del ente fueron denuncia­dos a través de una audito­ría que realizó la Contralo­ría General de la República y que detectó un supuesto desfalco de 1 billón de gua­raníes, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatri­mestre de 2023.

En la denuncia se detalló que se identificó que 9.353 bie­nes de la previsional, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalo­gados como faltantes y tota­lizan la suma de 42.915 millo­nes, entre otras presuntas irregularidades.

Desde la Contraloría y la Dirección Jurídica del IPS aguardan que el juez penal de Garantías rechace el pedido de desestimación fiscal y cas­tigue a los responsables de las graves irregularidades admi­nistrativas que se realizaron en el ente y que perjudica a los asegurados.

Tras la probable desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado; no obstante, anun­ciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la audito­ría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría, además de algunos parlamentarios”, expuso José González, ase­sor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el ase­sor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministe­rio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para rea­lizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.

“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.

En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.

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“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.

“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.

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