“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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• Argentina. AFP.

Un tribunal argentino rati­ficó ayer la condena a seis años de prisión e inhabilita­ción política a Cristina Kir­chner, la principal opositora del gobierno de Javier Milei, en una causa por adminis­tración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidenta consideró “un show”.

La Cámara Federal de Casa­ción Penal decidió “condenar a Cristina Elizabeth Fernán­dez de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabili­tación especial perpetua para ejercer cargos públicos, acce­sorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente respon­sable del delito de adminis­tración fraudulenta en per­juicio de la administración pública”, en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.

Los jueces rechazaron tanto los recursos de la Fiscalía como los de las defensas, por lo que quedaron confirmadas las mismas penas y absolucio­nes dispuestas en diciembre de 2022.

Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “admi­nistración fraudulenta” en la adjudicación de obras via­les durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.

La expresidenta de centro-iz­quierda cuestionó en una carta difundida el martes la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cerca­nos a su rival político Mauri­cio Macri.

Un tribunal argentino ha citado al expresidente de ese país, Alberto Fernández, a prestar declaración el próximo 20 de noviembre por presuntos hechos de corrupción en relación a irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas mientras gobernaba entre 2019 y 2023.

El juez federal Julián Ercolini ha convocado a Fernández y a otras 38 personas a declarar con respecto a “haber intervenido (...) en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”, según ha recogido el diario Página 12.

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Según la imputación, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros”.

El ex jefe de Estado está culpado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La maniobra, añade la resolución, habría requerido de “la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La investigación ha detallado que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros”. Esto “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores”.

Este caso se suma a la imputación previa de Fernández por presuntos delitos de lesiones y amenazas contra la ex primera dama, en los primeros compases de un proceso que ha sacudido la política argentina.

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También, el pasado 5 de setiembre, la Fiscalía de Argentina imputó a Fernández por presunto abuso de autoridad violación de sus deberes como funcionario público al considerar que extendió “de forma indebida” la cuarentena decretada por la pandemia de covid-19, que fue una de las más largas del mundo.

Fuente: Europa Press