Tras el terrible derrumbe que se registró en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida una abuela junto a su nieta, un concejal denunció que el municipio “hace la vista gorda” a los controles que se deben realizar previamente a la construcción. Instó a la junta a realizar una revisión de todos los edificios de la localidad.

Según el concejal Eduardo Florentín, la situación es crítica en la ciudad de Encarnación y se debe realizar controles a todos los edificios de la zona, ya sea que estén en proceso de construcción o ya estén recibiendo a turistas. Resaltó que este derrumbe fue criminal, porque se perdieron la vida de dos personas.

“Es evidente que cada uno construye lo que quiere en Encarnación porque el ejecutivo de la municipalidad hace la vista gorda al control. Estamos dolidos con lo ocurrido, pero esto tiene que servir para identificar a los responsables y que no vuelva a ocurrir. Esta es una irresponsabilidad del propietario y del constructor”, declaró Florentín, en entrevista con la 780 AM.

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Refirió que la firma constructora fue autorizada para construir un edificio de cinco pisos y que ya habían llegado al noveno. Aclaró que la situación iba a ser más grave si se terminaba y habilitaba para recibir a personas en temporada alta, que sería en época de verano cuando recibe a una importante cantidad de turistas del país y la región.

“Acá hay varios responsables directos, es un acto criminal lo que ocurrió y creo que es momento de impulsar desde la junta una revisión total de los edificios de la ciudad. Hoy seguro más de uno está preocupado si vive en un departamento de altura en Encarnación porque se evidencia que no se controla al que construye. Pudo haber sido más grave si se habilitaba así y estábamos en temporada alta”, indicó.

El edificio en construcción que colapsó el miércoles por la noche en el barrio San Roque de Encarnación, arrojando dos víctimas fatales, presentaba fallas en el diseño. Según el plano, presentado y aprobado por la municipalidad local, fue proyectado para cinco pisos, pero se habrían construido 9 lozas.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció este jueves que los militares que custodiaban el Centro Penitenciario de Minga Guazú serán sometidos a la prueba del polígrafo, como una de las medidas que están siendo implementadas debido a la fuga de ocho personas privadas de libertad, que se registró anoche en el citado recinto.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, a las 6:30, el titular del Ministerio de Justicia indicó que estuvo en comunicación con el general Pedro Martínez de las Fuerzas Militares y “se dispuso el uso del polígrafo para los militares encargados de la custodia perimetral del Centro Penitenciario”. Nicora llegó cerca de las 2:00 de este jueves el recinto penal, donde ya lo aguardaba el coronel Rubén Pela, director de Institutos Penales.

Igualmente, confirmó la existencia de elementos relevantes que comprometen a los agentes penitenciarios ya detenidos como consecuencia de la fuga. “Se pudo determinar que se cuenta con indicios importantes de la complicidad de agentes penitenciarios que facilitaron o son responsables en gran medida de la fuga de las ocho personas privadas de libertad (PPL)”, expresó el ministro de Justicia.

Aclaró que la detención ordenada por el Ministerio Público es de cuatro agentes penitenciarios y de un personal encargado del monitoreo del centro de video-vigilancia del sitio. Otro indicio expuesto por Nicora es el horario de recreo de las personas privadas de libertad.

“El horario en que estas PPL se encontraban en los lugares de soleo, en el momento de la fuga, es irregular; son cubículos individuales donde salen dos horas al día a recrearse y hacer un poco de ejercicio y la hora en que estaban, no está contemplado en el protocolo diario del sistema de seguridad”, explicó el ministro.

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Aclaró que el horario establecido es hasta las 17:00 como máximo y las PPL estaban a las 19:00 en el sitio. La fuga se produjo a las 19:18, según confirmó, al igual que la entrega de la llave por parte de uno de los agentes.

“Se pudo constatar que, uno de los agentes penitenciarios, en el momento de abandonar el lugar que tenía que estar custodiando, junto a los otros agentes penitenciarios, hoy detenidos, entregó algún elemento para que estas personas puedan abrir las rejas”, manifestó, aclarando que pudo ser la llave. Informó que se está analizando los materiales audiovisuales “para para ver quién entregó la llave, hay un trabajo de inteligencia al respecto”.

El ministro Rodrigo Nicora detalló sobre los pasos realizados por las PPL para fugarse. “A la zona de soleo fueron ingresando los ocho internos, uno de los agentes entrega lo que sería una llave a uno de ellos, posteriormente los agentes, abandonan el lugar, dejan sin custodia. A partir de allí, el primer interno que tiene la llave proceder a abrir estas rejas y permite la salida de las demás PPL”, explicó.

“Luego toman el techo, pasan al primer muro perimetral interno del módulo de régimen cerrado especial (Pabellón de máxima seguridad), después vulneran un cerco de reja perimetral, luego ya suben por la escalera de la garita de control para ganar el muro principal que da a la calle”, concluyó el titular del Ministerio de Justicia.

Rodrigo Nicora mencionó también que el director del Centro Penitenciario, César Careaga, hoy apartado del cargo, argumentó la falta de personal suficiente como la causa por la cual la garita por donde se fugaron las PPL, estaba sin custodia. Sin embargo, el secretario de Estado rechazó lo expuesto por el director ya apartado, señalando que no es ninguna justificación aceptada.

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• Intervención del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
• Separación del cargo del director y agentes penitenciarios.
• Prueba del polígrafo a militares que realizaban custodia.
• Auditoria y peritaje del sistema de seguridad del centro penitenciario.
• Remisión de antecedentes al Ministerio Público sobre los funcionarios responsables de la vigilancia.
• Refuerzo, custodia y rastrillaje en la zona del centro penitenciario.
• Coordinación con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de todos los centros penitenciarios.
• Detención de cuatro guardias y un personal del centro de monitoreo.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) procedió a la incautación de varias maquinarias agrícolas en la zona de Canindeyú durante un control rutinario y derivadas hasta la base central en la ciudad de Asunción.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el jefe operativo de la DNIT, Martín Cáceres, explicó que desde hace meses se encuentran realizando controles a camiones que transportan maquinarias pesadas, en especial de uso agrícola, para corroborar si las mismas cuentan con las documentaciones legales que avalen el ingreso al país de contrabando.

“En el último operativo logramos incautar de una retroexcavadora y una sembradora que eran transportadas desde la zona de Amambay hasta Canindeyú, donde durante una barrera de control los funcionarios se percataron de que estos vehículos no contaban con documentación que avale que fueron nacionalizados, ni tampoco una cédula verde para confirmar su legalidad”, explicó Cáceres.

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El funcionario destacó que el costo de estas maquinarias incautadas oscilaría entre los 1.500 millones de guaraníes, recordando que en lo que va del año ya han incautado vehículos y maquinarias similares por un valor aproximado de 7.000 millones de guaraníes, todos por carecer de documentos identificatorios y que continúan en la base de la DNIT porque nadie los ha reclamado.

“Cuando se dan este tipo de incautaciones, lo que hacemos es notificar a las autoridades correspondientes para que se abra un sumario para la investigación de la procedencia de los mismos y que también quienes sean propietarios puedan acercar los documentos en caso de que los tengan para que se les sea devuelto. Queremos recordar a los propietarios u operarios que este tipo de vehículos debe contar con documentos porque es igual que cualquier otro vehículo”, subrayó el jefe operativo.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

Una comitiva encabezada por la fiscala Ruth Benítez, agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía de Alto Paraná y personal de la subcomisaría 52, allanaron el fin de semana un taller, en el marco de una investigación por un hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas en vehículos de gran porte.

Incautaron cinco semirremolques y dos tractocamiones, durante un procedimiento en un taller ubicado en el km 31, Fracción Piro’y, distrito de Minga Guazú. La propietaria del inmueble es Mirian Acha viuda de Almirón. En el sitio fueron verificados todos los vehículos, siendo aprehendido Alcides Almirón Acha (45).

En todos los rodados inspeccionados fueron encontrados vestigios de adulteración por borrado total y reimpresión del chasis de su lugar convencional, así como la remoción de la plaqueta de seguridad, según el reporte del personal policial interviniente.