Pedro Halley, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció que alrededor de 6 mil empresas obligan a sus empleados a continuar trabajando pese a pedir la suspensión a la previsional a raíz de la pandemia por COVID-19. Manifestó que, en consecuencia, la previsional pagaba el salario mínimo de G. 1.096.000 y la firma completaba el monto pendiente. Aseguró que se realizará una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El hecho generó indignación por parte de internautas de las redes sociales, que piden la publicación de la lista de las empresas, sean firmas pequeñas o grandes, que suspendieron a sus empleados, pero igual obligaban a asistir a sus puestos de trabajo desde junio del año pasado.

Halley refirió que detectaron unas 6.000 empresas a raíz de denuncias de los propios trabajadores, de los 14.000 que acudieron a la suspensiones a partir del año 2020. Aseguró que se realizará una denuncia formal ante el Ministerio Público y se pedirá publicar la lista de los empresas.

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“La empresa te suspende dos meses, pero te dice que dos meses vas a ir a trabajar igual. El salario pagará IPS por esos dos meses. Después está la suspensión de los 30 días, el salario se paga entre la previsional y la firma. Realmente es un fraude contra el seguro social, que vamos a ir hasta en la Fiscalía, si es necesario”, manifestó Halley en contacto con 1020 AM.

El funcionario calificó este tipo de hecho como una “artimaña” por parte de empresarios que sacaron provecho de las suspensiones del IPS en plena pandemia. “Son 6.000 empresas que hicieron este tipo de tretas, de una u otra forma. La figura de la compensación económica no existía en nuestra legislación, lo hicimos rápidamente y, por supuesto, rápidamente apareció también para desvirtuarla”, afirmó.

Halley manifestó su preocupación al igual que las autoridades del Ministerio de Trabajo, ente que recibe los pedidos de suspensión de contratos, que luego verifica la legitimidad y luego remite la nómina al IPS, que actúa como liquidador o pagador, de acuerdo a las palabras de Halley. La denuncia presentará la previsional una vez que tengan la totalidad de las empresas infractoras.

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Halley manifestó que se trata de una estafa por parte de los dueños de las empresas contra el IPS, por hacer trabajar a su plantel pese a la suspensión laboral. Además, se buscará socializar la lista de las firmas sean pequeñas, medianas o grandes que incurrieron en esta práctica.

“Es un fraude total. Tenemos la lista de todas las empresas que hicieron eso, voy a pedir un dictamen para saber si puedo socializar la lista y saber con quiénes estamos trabajando”, manifestó Halley.

En consecuencia, el IPS necesitará más recursos para seguir pagando a los trabajadores suspendidos, que serán más debido a las nuevas restricciones. Halley advierte que se van a quedar sin fondos económicos en dos meses más y que necesitarán US$ 50 millones más para un semestre completo. “Estimo que para junio ya no tendremos dinero si no recibimos. Tenemos que postergar hasta que el Estado nos entregue otro dinero. Necesitamos US$ 50 millones”, afirmó Halley.