San Antonio. Omar Jara. Agencia Regional.
Un centenar de policías antimotines y agentes de varias comisarías del departamento de Caaguazú realizaron un operativo de despeje de una manifestación de vecinos de la zona de Potrero Ubaldina, San Antonio, y otras comunidades rurales de Coronel Oviedo que impedían la continuación de los trabajos de duplicación de la Ruta PY-02, debido a que según sostienen el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no les ha abonado por las franjas de sus propiedades que están afectadas por la obra.
Pero, el operativo específicamente se centró en una estación de servicios ubicada en el Km. 147 de la mencionada carretera en la compañía San Antonio, hasta donde acudieron los manifestantes para protegerla, porque la misma va a ser afectada por la obra y deberá ser desmantelada. A más del servicentro, están afectados unos 16.000 metros cuadrados de sus tierras, según indicaron miembros de la familia Velázquez, propietaria del predio donde funciona el negocio de expendio de combustible.
El operativo fue encabezado por José Guillermo Trovatto Fleitas, del Juzgado del 12º Turno en lo Civil de la capital del país, quien les expresó a los propietarios del servicentro que en un banco de plaza se halla depositada la suma de G. 833 millones en concepto de indemnización. Los dueños, a más de considerar que dicho monto es insuficiente, aseguran que a través de su abogada pudieron verificar en el banco y no encontraron ninguna cuenta con la suma referida.
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Esta es nada más que una de las alrededor de 25 familias que se encuentran con el problema. Varias otras propiedades quedarán diezmadas por la obra de infraestructura. Los dueños de esas propiedades vienen exigiendo desde hace más de un año el pago de la indemnización correspondiente por la cesión de parte de sus inmuebles para franja de dominio público donde se pueda ejecutar los trabajos de duplicación de la vía.
El MOPC ha tasado la parte afectada de sus terrenos y los propietarios consideran que sus terrenos valen mucho más de lo que calcularon los técnicos.
Ante la falta de acuerdo y el incumplimiento por parte del Consorcio Rutas del Este y el MOPC, se vieron forzados a intervenir e impedir la prosecución de las obras, señalaron. Las propiedades afectadas cuentan con títulos a favor de los vecinos.
Por momentos, el operativo despeje tuvo ribetes preocupantes, pero finalmente los ánimos fueron controlados y de inmediato las máquinas viales comenzaron con la remoción del suelo para llevar adelante los trabajos viales previstos en esa zona del país.