El reconocido abogado Ricardo Preda señaló que las personas que se vacunaron indebidamente contra el COVID-19 en la ciudad de Presidente Franco se exponen a ocho años de privación de libertad.
Un grupo de pobladores denunció que 93 personas (ahora subió a 119) que no contaban con la edad requerida recibieron este martes la vacuna anti-COVID en Presidente Franco, lo cual generó la indignación de toda la población y las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que las dosis estaban expresamente dirigidas a adultos mayores de 85 años.
“No hay un tipo penal para imputar casos de esta índole. Sin embargo, se verán las sanciones correspondientes a los hechos y podría encuadrarse como una apropiación, una pena que puede llevar hasta 8 años”, sostuvo el letrado en contacto con la radio Universo 970.
Resaltó que en el estado actual en que las vacunas son limitadas y el Estado direcciona a quién van a ser aplicadas, lo ocurrido en Presidente Franco es un delito. “Los responsables, si se llegara a confirmar, bajo la premisa de aplicar las vacunas esperando algún beneficio, se exponen a imputaciones como cohecho agravado y soborno agravado”, explicó.
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Agregó que en esta situación el Estado es la víctima, ya que es propietario de las vacunas. “Para mí claramente es un delito (vacunación masiva en Presidente Franco)”, aseveró Preda.
Cabe señalar que los centros vacunatorios se habilitaron desde esta semana para inmunizar en principio a adultos mayores de 85 años; sin embargo, en el primer día ya existieron irregularidades en el sistema.
En ese sentido, 119 personas de entre 55 y 78 años de edad figuraban en la planilla de registro. Es decir, recibieron la primera dosis de la vacuna anti-COVID y coincidentemente estaban dos decanos de la universidad privada cuyo complejo fue utilizado como local de vacunación en la ciudad de Presidente Franco.
El director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Hugo Kunzle, afirmó que fueron tres licenciados en enfermería quienes “habilitaron” la vacunación irregular a mayores de 60 años en la sede de la Universidad Privada del Este, no respetando el plan de vacunación. “No hay forma de justificar lo sucedido en este centro de vacunación”, dijo.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la UPE, Lulio Vicente Gamarra Medina, sostuvo: “Nosotros fuimos inducidos, casi 100 personas fuimos inducidas al error y no es que nos aprovechamos de la oportunidad. Ahora declaro que renuncio a la segunda dosis, no me voy a vacunar”.
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