El director de asuntos judiciales del Ministerio de Salud, Osmar Valdez, explicó este miércoles que actualmente hay 22 amparos judiciales para que el Estado asuma los gastos generados en sanatorios privados por internación y otros cinco claman por una cama en unidad de terapia intensiva.
“Actualmente tenemos 27 amparos en trámite. La mayoría es de personas que están en las terapias del sector privado. Administrativamente no existe un marco legal para que el Ministerio de Salud asuma esos costos de internación”, dijo el director en comunicación con la radio 650 AM.
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Sostuvo que la mayoría plantea que se cubran los gastos desde el inicio de la internación en el sector privado ante la imposibilidad de saldar la deuda generada. También hay casos de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y presentaron la acción buscando lugar en terapia intensiva.
Valdez indicó que los casos más preocupantes son los sanatorios privados que no están dentro del convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Los recursos planteados no cuentan con sentencia definitiva hasta el momento.
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“Lo que más preocupa son los casos en los que no se tiene un convenio firmado entre el sanatorio y el ministerio. Veintidós casos están reclamando que se asuma el costo de internación y cinco necesitan terapia, y todos estos casos no tienen sentencia definitiva”, agregó el director de asuntos judiciales.
Una mujer en grave estado de salud por COVID-19 consiguió una medida cautelar vía acción de amparo para seguir internada en la unidad de terapia intensiva de un sanatorio privado, pero falleció. Al confirmarse la peor noticia, su esposo fue exigido por personal administrativo del centro asistencial para abonar la deuda de G. 113 millones, monto generado por los servicios. Posteriormente, varias personas recurrieron a la misma acción judicial.