El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), encabezado por María Teresa Barán, deberá informar a Diputados la cantidad de beneficiarios por departamento, así como el monto total abonado hasta la fecha a los familiares de trabajadores de hospitales públicos que fallecieron o resultaron afectados en el ejercicio de sus funciones debido al Covid-19.

La petición fue realizada por la presidenta de la comisión asesora de Presupuesto de la citada cámara, Cristina Villalba. La Ley 6639/2020, que dispone medidas de indemnización también beneficia a familiares de los trabajadores del área administrativa y otras dependencias.

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La citada normativa establece que los familiares directos (padres, hijos y/o cónyuges) de los afectados deben recibir una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales. Además, estipula que dichos pagos se realizarán a los herederos conforme a sentencia declaratoria, distribuyéndose en partes iguales y de manera proporcional.

El pedido de informes fue aprobado el pasado miércoles por la plenaria en la sesión ordinaria. La cartera sanitaria cuenta con un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida a la Cámara Baja, en cumplimiento del artículo 192 de la Constitución Nacional.

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Un comité del Congreso estadounidense que investigó por dos años la pandemia de covid-19 publicó este lunes un informe en el que considera que su origen “más creíble” es la fuga del virus de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

En el documento de 520 páginas, la subcomisión especial sobre la pandemia de coronavirus de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, examinó la respuesta a la emergencia, sus causas y las campañas de vacunación.

“Este trabajo ayudará a Estados Unidos y al mundo a predecir la próxima pandemia”, aseguró Brad Wenstrup, presidente del comité, en una carta al Congreso.

Las agencias federales estadounidenses, la Organización Mundial de la Salud y científicos han llegado a conclusiones diferentes sobre el origen del covid-19, sin que haya consenso.

La mayoría cree que se propagó al ser humano por un animal en China, pero un análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses sugirió el año pasado que el virus pudo ser manipulado genéticamente y haberse filtrado de un laboratorio de virología en Wuhan, donde aparecieron los primeros casos.

El panel del Congreso se decidió por la teoría de la fuga tras reunirse 25 veces, realizar más de 30 entrevistas y revisar más de un millón de páginas de documentos.

La investigación incluyó dos días de entrevistas con Anthony Fauci, el científico del gobierno que se convirtió en el experto de mayor confianza en los caóticos primeros días de la pandemia en 2020 y ahora vive con protección por amenazas.

Los enfrentamientos de Fauci sobre la respuesta a la emergencia con el entonces presidente (2017-2021) y ahora mandatario electo, Donald Trump, desataron la furia de la derecha.

Los republicanos culpan al inmunólogo de ayudar a desencadenar la pandemia al aprobar financiación para los científicos chinos a los que acusan de fabricar el SARS-CoV-2, causante del covid-19.

El informe afirma que los Institutos Nacionales de Salud subvencionaron una investigación que trata de mejorar los virus para encontrar formas de combatirlos conducida por el Instituto de Virología de Wuhan.

Fauci negó repetidamente haber encubierto los orígenes del covid-19 ante el panel en junio, argumentando que sería “imposible molecularmente” que los virus de murciélago estudiados en el laboratorio se convirtieran en el que causó la pandemia.

Pero el informe del comité dice que el SARS-CoV-2 “probablemente surgió debido a un accidente relacionado con el laboratorio o la investigación”.

La investigación concluye, además, que las cuarentenas “hicieron más mal que bien” y que las órdenes de uso de mascarillas fueron “ineficaces”, contradiciendo otras investigaciones que demuestran que redujeron las tasas de transmisión.

Los legisladores concluyeron que la operación “Warp Speed” de Trump para financiar el desarrollo de las vacunas anticovid fue un “tremendo éxito”, pero que el cierre de escuelas tendrá un “impacto duradero” en los niños estadounidenses.

Fuente: AFP

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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