El amparo judicial que obligará al Estado a abonar el gasto de una paciente internada por COVID-19 en un sanatorio privado dejó un histórico precedente y motivó a que más personas se animen a recurrir a dicha acción constitucional.
Solo este jueves fueron presentados diez amparos judiciales solicitando atención médica y que el Estado se haga cargo del gasto hospitalario, según confirmó el abogado Robín Miranda, precursor del primer amparo mencionado, en entrevista con GEN durante el programa “Fuego cruzado”.
El profesional insistió en que el Estado está obligado a hacerse cargo del gasto de atención sanitaria de un ciudadano, sea en un hospital público o privado.
“El Estado debe responder por ineficiencia del mismo Ministerio de Salud Pública, que ya no puede brindar cama”, afirmó el letrado. Señaló que la obligación (de brindar atención sanitaria) está establecida en la Constitución Nacional (CN), atendiendo a que el derecho a la salud y a la vida es fundamental.
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El amparo
El profesional en leyes explicó que el amparo es una acción constitucional establecida en el Art. 134 de la Carta Magna y reglamentada por la Ley 340. Este permite al ciudadano acceder de forma inmediata a que el órgano jurisdiccional estudie cuál es la violación de aquel derecho fundamental y en qué forma le está ocasionando un daño o perjuicio (la no atención).
Agregó que el trámite es totalmente gratuito, ya que la acción es considerada solidaria. “Ni siquiera el ujier está cobrando por esa notificación que se hace al correr traslado al demandado”, dijo.
Detalló, además, que si la demanda no es contestada por el demandado en un plazo de tres días, el juez pasa a dictar sentencia. Y en caso de que el demandado conteste y ofrezca pruebas, se da un plazo de dos días para que sean presentadas todas las que se puedan ofrecer durante ese juicio. En cinco días ya se dicta sentencia, según Miranda.
“Esta es la única medida que tenemos en estos momentos y la única forma de lograr que el Ministerio de Salud, mediante el fondo que tiene de reserva, pueda cubrir las cuentas de las personas. De lo contrario, se van a llenar de demandas”, insistió.
Avanzar en un acuerdo
Por último, el abogado sugirió que el Estado avance en un acuerdo con el sector privado y plantear una solución a esta problemática. Aseveró, en ese sentido, que este es el momento oportuno para plantear un proyecto de ley a través del cual se garantice el acceso a la salud y protección a la vida.