La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó este lunes que varias penitenciarías se encuentran con cierre epidemiológico a causa del brote del COVID-19. Sobre el caso de Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura”, destacó que lo ideal sería que sea extraditado al país, desde Brasil, el próximo año.
“En este momento tenemos varias penitenciarías cerradas por casos de COVID-19, como El Buen Pastor, Emboscada, la penitenciaría de mujeres en Coronel Oviedo y el Centro Educativo de Itauguá”, señaló la ministra en comunicación con la radio 780 AM.
Sostuvo que, por lo general, un penal es cerrado por 30 días si hay brote del COVID-19, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, pero que todo depende también de la propagación de la enfermedad para volver a abrir. Actualmente la mayoría de los casos corresponden a los internos.
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Caso Samura
Consultada sobre la situación de Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura”, Pérez, indicó que lo ideal es que sea extraditado el próximo año cuando estén habilitadas las nuevas penitenciarías de máxima seguridad en el país, ya que el líder del Comando Vermelho es considerado de alta peligrosidad.
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“Nosotros cerramos las penitenciarías, generalmente por 30 días, pero depende mucho del comportamiento del virus. Lo ideal sería que (Jorge Teófilo Samudio) venga el próximo año, cuando ya tengamos habilitadas las nuevas penitenciarías que cuentan con pabellones de máxima seguridad”, agregó.
El presunto narcotraficante Jorge Teófilo Samudio fue rescatado mientras era trasladado en un móvil penitenciario, el 11 de setiembre del 2019, en la zona de la Costanera de Asunción. Se produjo un tiroteo entre efectivos de seguridad y los delincuentes, quienes acabaron con la vida del comisario Félix Ferrari. El 29 de marzo pasado se informó que se logró nuevamente su detención en Mato Grosso do Sul, Brasil.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.
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Fuga en Minga Guazú: senador defiende la gestión de Nicora y exige castigo ejemplar
El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, se refirió acerca de la fuga de 8 reclusos de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Para el legislador, es evidente la existencia de complicidad por parte de las autoridades del penal de máxima seguridad, razón por la cual exige un castigo ejemplar.
“Hay que definir las responsabilidades y tiene que haber un castigo ejemplar, esto no puede quedar así. La fuga es complicidad de los funcionarios penitenciarios porque no hay otra forma de que se haya realizado”, sostuvo a los medios de comunicación.
Chase defendió la gestión del titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, quien asumió el cargo tras la renuncia de Ángel Ramón Barchini. El legislador argumentó que el gobierno del presidente Santiago Peña está impulsando una verdadera transformación del sistema penitenciario.
“Se debe ordenar cambios en la administración de ese lugar, además de establecer la complicidad y esto tendrá una consecuencia penal seguramente. El ministro Nicora es el coordinador de toda la administración de justicia en el país, pero está establecido una cadena de responsabilidades. El no puede ser omnipresente, estar presente hasta en el más bajo nivel de administración, pero sí será su responsabilidad tomar las decisiones a tiempo que corrija los errores”, remarcó.
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Chase siguió argumentando que “como nunca se está haciendo una transformación del sistema penitenciario y eso puede verse en las intervenciones que se hacen, a partir del gran operativo Veneratio en la penitenciaría de Tacumbú, situación que no se hizo en otros gobiernos. Está en camino una restructuración penitenciaria, esto tiene su tiempo”.
Lista de fugados
De acuerdo con los datos proporcionados, cuatro de los fugados pertenecen al Primer Comando Capital, uno al clan Rotela y los tres restantes no responden a ninguna facción criminal. En el transcurso de la madrugada de este jueves, los efectivos policiales lograron la recaptura de uno de los internos de nombre Fredy González Delvalle.
Según información de inteligencia los demás fugados estarían en la misma zona boscosa y se intensifica la búsqueda de Pablo Melgarejo Benítez, alias Chapolé, Wilson Dario Rotela Coronel, Derlis Ramón Giménez Oliveilla, Marcio Quadra Caetano, Anderson Queiros De Freitas, Fernando José Aquino Salinas y Juan Valentín Insfrán Espínola.
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Riera confirma fuga de reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú
El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó la fuga de reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, las primeras informaciones señalan que se trataría de 8 reos, todos pertenecientes al mismo pabellón. Ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 16:00h. Aseguró que este hecho es un “toque de atención para mejorar”.
Los fugados identificados son Pablo Melgarejo, alias “Chopale”; Derlis Ramón Giménez; Fredy González; Marco Quadra; Fernando Aquino; Anderson Quero (PCC); Juan Insfrán y Wilson Rotela. Estos sujetos guardaban reclusión por hechos de asalto, robo, incluso uno de ellos estuvo involucrado en el asesinato de un policía en el 2022.
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Al respecto, el ministro, quien estuvo invitado en el programa El Péndulo, de Unicanal, hizo la aclaración que la persona de apellido Rotela, no guardaría relación familiar con el clan Rotela de Tacumbú. Mencionó que poco antes de ingresar al programa recibió la noticia por parte del comandante de la Policía Nacional.
“Tampoco, de entre los fugados hay alguno que sea de un perfil importante, hay uno que sería del PCC, es todavía información preliminar La Policía Nacional, ya se encuentra en estos momentos colaborando con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a quien le vamos a dar como siempre todo el apoyo. La idea es recapturarlos, de ser posible lo más rápido; y obviamente investigar después qué pasó y cómo se escaparon”, expresó.
Investigarán el hecho
Mencionó además que aparentemente algún vecino vio alguna tela blanca, o sogas, por encima del muro. “Esa cárcel tiene un montón de dispositivos; así que sin acusar a nadie, presumo que pudo haber algún tipo de falla en el sistema o complicidad. Porque la verdad en estos lugares se mueve mucho dinero y muchos intereses”, indicó
Asimismo, señaló que en el sistema penal existe una lucha permanente al cual están enfrentando. Desde que asumió el ministro Rodrigo Nicora, ya enfrentaron 8 intentos de motines, incluido el que se registró en horas de la mañana, y todos ellos fueron sofocados.
“Antes, cada vez que entrabamos a alguna de las prisiones, había una reacción natural. Hoy ya estábamos manejando la situación, así que esto nos da un toque de atención para mejorar”, concluyó. Por su parte, en contacto con NPY, el ministro Rodrigo Nicora confirmó que entre los fugados no se encuentra Miguel Insfrán, alias Tío Rico.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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