La escasez de terapia intensiva es una constante en las últimas semanas. En la medida que se habilitan nuevas camas en los distintos centros asistenciales, el requerimiento obliga a ocuparlas casi inmediatamente debido a los múltiples casos graves de coronavirus que necesitan de cuidados intensivos.

“Hemos hecho terapia en lugares donde nunca antes había, pero esos ya están completamente llenos nuevamente. Hace más de 20 días se inauguró la terapia de Pilar, que ya tiene un paciente con alta. La saturación es absoluta en toda la red, no solo en el IPS, sino en todo el sistema”, dijo el doctor Jorge Batista, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social, en comunicación con C9N.

Lea también: Hoy suman otros 1.611 casos de COVID-19 y notifican 44 fallecidos

Lamentó que la gente no use la mascarilla o que no cumpla con los cuidados solicitados por la cartera sanitaria. “Desalienta a la comunidad médica que hace el esfuerzo, pero la gente no se cuida”, aseguró.

Al respecto, dijo que el IPS enfrenta ahora un nuevo escenario que es la llegada masiva de amparos judiciales para pedir la inclusión de pacientes en las salas de UTI, aunque muchas veces el criterio médico indique que la persona no lo requiere. “No sé cómo vamos a terminar con esto, porque no creo que un amparo judicial no puede estar por encima del criterio médico”, aseguró.

Explicó que muchas veces los familiares creen que el paciente requiere de terapia, por lo que recurre a un amparo judicial para obtener un lugar. Sin embargo, el criterio médico entiende que la persona no necesita de ventilación mecánica (lo que sí requiere de terapia), por lo tanto no necesita ser ingresada a UTI. “Creo que debe primar el criterio médico”, aseguró.

Sin embargo, reconoce que la ley faculta a la gente para solicitar a un juez para que ordene la internación en terapia y esto presenta un nuevo escenario para los médicos, pues se exponen al desacato, pero también a la omisión de auxilio al mismo tiempo. “El derecho a la vida es de todos, no solo del que puede pagar un amparo”, dijo el médico.

Recordó que en la semana llegaron al menos seis pedidos de terapia vía amparo judicial. Dijo que si bien algunos lograron ingresar, fue porque tenían el criterio médico y también porque había lugar, ya sea porque falleció alguien y se consiguió la cama por el alta de alguien.

No obstante, explicó que también se presentaron casos en el que el paciente no requería de internación en UTI, pero que los familiares insistieron, incluso llegando al punto de denunciar el desacato. Ya en este escenario, a un paso de un proceso penal, la paciente en cuestión se negó a la ventilación mecánica, por lo que finalmente no fue ingresada a terapia. ”Imagínense si hubiéramos dado esa cama por criterio judicial, estaríamos lamentando la muerte de una persona. Es muy difícil que un juez determine, porque debe primar el criterio médico”, aseguró.

Asimismo, el médico dijo que si entrara a regir el criterio del juez antes que el del médico para los ingresos a UTI, los profesionales de blanco estarán en una situación complicada, ya que se expondrán a un desacato en caso que no ingresara a una persona que no reúna los requisitos para la terapia; y por otro lado se exponen a la omisión de auxilio por dejar de lado una persona que sí lo requiere.

Al respecto, el profesional dijo que si se llega a ese escenario, los médicos podrían analizar renunciar masivamente, pues con su salario no podrán hacer frente a un juicio penal ya sea por desacato o por omisión de auxilio. “Por un sueldo de G. 4.40.000 no vamos a poder hacer frente a un juicio. Y la gente buena, la que está luchando tendrá que retirarse para no hacer frente a una situación como esta”, dijo.

Agregó que estima que los jueces saben que no hay camas de terapia y en todo caso si van a solicitar el ingreso a UTI deben hacerlo recurriendo al SEME, que es la encargada de direccionar los pedidos de terapia en todo el sistema. “No pueden recargar a los médicos la decisión de elegir quién vive y quién muere”, concluyó.

Lea más: Recuerda a George Floyd: claman justicia por salvadoreña asesinada por policías mexicanos