Funcionarios del Hospital de Clínicas de San Lorenzo manifiestan que el centro asistencial padece una falta grave de insumos y que se sobrevive con donaciones. Urgen más apoyo de parte del Ministerio de Salud y aseguran que los medicamentos para pacientes con COVID-19 son lo que más necesitan actualmente para enfrentar la crisis sanitaria a raíz de contagios y hospitalizaciones.
“Se ve la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía, y a nivel internacional refleja que nuestro gobierno es muy frágil para tomar una posición”, expresó Derlis Torres, representante del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (Sitrahc).
Manifestó que en la parte de casos respiratorios, sin contar el servicio de urgencias, reciben entre 200 y 300 personas que acuden por estos problemas, de las cuales el 75% tiene que quedarse internado, por lo que el centro asistencial está colapsado.
“La sala de contingencia está llena, se está sorteando si uno sale de alta para ir a piso, hay como 5 esperando si la cama se libera para poder ocuparla. Seguimos atendiendo las otras patologías también, lo que tenemos problema es cuando tenemos cirugía y no hay terapia intensiva disponible por si se necesita”, manifestó Torres en contacto con 650 AM.
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Por último, Torres señaló que los trabajadores ya claudicaron en los reclamos sobre el pago que les corresponde por exposición al virus y se enfocan en su servicio con los pacientes. “No pensamos como senadores, que se aumentaron el sueldo en plena pandemia. Solo los que entraron por contingencia lo que supuestamente este mes van a percibir de forma retroactiva su salario”, finalizó Torres.
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Con Alliana, funcionarios asociados del IPS abordan sobre problemáticas de la previsional
El Comité Integral del IPS, que aglomera a varios sindicatos de funcionarios, se reunió este viernes con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para abordar sobre una propuesta de proyecto de ley que busca dar soluciones a la problemática financiera del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Venimos en representación de 9 sindicatos que formamos el Comité Intergremial del IPS, para elevar y poner a consideración de Pedro Alliana como nexo constitucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la posibilidad de analizar una propuesta de proyecto de ley que hemos trabajado en las internas del IPS”, indicó el presidente de Asonadis, Julio González, tras la reunión con el vicepresidente.
El objetivo es fortalecer a la previsional, principalmente dar una solución de la deuda histórica con los proveedores, que llega a unos USD 335 millones, que hasta el momento no se pudo honrar. “A modo de avisorar esperanza de algunos recursos de salvataje, para que los siguientes cuatro años que restan del gobierno de Santiago Peña, el IPS se pueda fortalecer, sobre todo en el programa dos que tiene problemas acuciantes con una deuda histórica con los proveedores que en términos coloquiales se está bicicleteando siempre”, sostuvo.
Agregó que como funcionarios, plantean soluciones antes que problemas, a la Vicepresidencia y a la Presidencia del propio IPS a cargo del doctor Jorge Brítez. “Estamos tratando de ver qué puede hacer él en cuanto a esa deuda histórica, de modo a ir cumpliendo paulatinamente en forma gradual y oxigenar las finanzas del IPS. De ese programa dos es de donde sale el pago a los proveedores”, apuntó.
Explicó que, el Instituto de Previsión Social, cuenta con dos programas importantes, el programa 1 donde se encuentra más de USD 2.400 millones de fondo de jubilaciones que es intocable constitucionalmente; y el programa 2, que es donde realmente se debe trabajar en el día a día, con gastos administrativos, pagos a proveedores, el personal, etc.
Participaron de esta reunión, Julio González, presidente de Asonadis; José González, asesor jurídico; Paola Benítez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IPS y Juan de Dios Salcedo, secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS.
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Sindicato reclama a Prieto por despidos y por falta de pago
Continúan los reclamos de los gremios sindicales de la Municipalidad de Ciudad del Este, por despidos de funcionarios y por no pago de los haberes salariales y de indemnización. Son varios los gremios de la comuna que vienen reclamando en forma permanente.
Esta semana se sumaron a las protestas los que fueron desvinculados por término de contrato en el mes de junio que, en el caso de los asociados al Sindicato de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramcde), son 20 trabajadores, en su mayoría de servicios municipales. Es lo que dijo a La Nación/Nación Media el secretario general Antonio Fernández.
Indicó que el intendente Miguel Prieto les dejó en la calle a trabajadoras de limpieza, sin su único sustento, habiendo cientos de funcionarios en carácter de contratados, sin que se les moleste.
Mencionó que no fueron notificados legalmente, solamente en forma verbal o por WhatsApp y luego de mucho reclamo consiguieron que sea emitida una resolución municipal en la cual el intendente Miguel Prieto dictó el pago de la indemnización, pero “sujeto al presupuesto”.
“Nos parece una trampa porque el pago a los compañeros depende de que haya presupuesto y eso no nos garantiza nada”, dijo Antonio Fernández. Otra irregularidad denunciada por el Sitramcde es la desvinculación de Vicenta Galeano, quien tiene fuero sindical.
Antonio Fernández aclaró que fueron muchos más los desvinculados por el supuesto cumplimiento de contrato, pero muchos no reclaman porque están cansados de esa situación y no hay respuesta rápida. Agregó que cada seis meses hay despidos de los contratados y de la última salida masiva en diciembre de 2023, ni el 50 % cobró todo todavía.
Esta semana también hubo manifestaciones de otros gremios sindicales de la comuna, insistiendo sobre pago de haberes y cumplimiento de resoluciones judiciales sobre reingreso de funcionarios y pago de haberes.
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El coloradismo doctrinario ante la causa obrera
- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
La causa obrera es una vértebra insustituible en la columna doctrinaria del Partido Nacional Republicano. Desde su programa fundacional (también conocido como manifiesto) del 11 de setiembre de 1887, cuando promueve, explícitamente, leyes sabias y “protectoras” para salvaguardar los derechos de los más débiles, palabra clave que certifica su distanciamiento del liberalismo leseferista de la época, que renegaba de la función social del Estado, “de manera especial uno de ellos, el doctor Cecilio Báez” (Francisco Gaona, “Introducción a la historia gremial y social del Paraguay, volumen II”).
Esta misión ideológica marca el itinerario político de Ricardito Brugada, quien en 1906 organizó la Sociedad (sindicato) de Cocheros, la Sociedad de Mozos y la Sociedad de Conductores de Carros. En 1907 –relata el ya citado Gaona–, el Centro General de Obreros designó a este intachable republicano “socio fundador de la entidad, en homenaje y estímulo a su ya larga preocupación por los problemas y reclamos de la clase obrera”. Merecidamente, y con justicia, se había ganado el sobrenombre de “abogado de los pobres”.
A ese mismo ritmo apuraba sus pasos Ignacio Alberto Pane, un verdadero “agitador de ideas”, al decir del liberal Justo Pastor Benítez, padre. En 1911 se enfrenta a una feroz controversia con los comerciantes de Asunción por su propuesta de las ocho horas laborales. Anima a las masas a reclamar sus postergadas reivindicaciones. “Se me dirá en este punto –señala Pane en su famosa conferencia a los obreros– que para eso se puede formar el partido socialista. Y yo les contestaré: es que en el país ya está formado ese partido. Es en el Partido Nacional Republicano”. Precisamente, Brugada y Pane, junto al doctor Antolín Irala, fueron los precursores en poner en “el orden del día del Congreso Nacional el primer proyecto de ley de la jornada de ocho horas”. Aclararé en este punto que, por razones que están a la vista, es imposible evitar las repeticiones como recomienda la buena redacción periodística.
El doctor Antolín Irala, ya presidente de la Comisión Central del Partido Nacional Republicano, electo en la Convención del 25 de noviembre de 1916, siguiendo la línea de su razón popular, afirmaba en aquella ocasión: “El actual movimiento obrero, al que asistimos con honda simpatía, ha venido a ratificar la imprescindible necesidad de que los partidos den al problema social un lugar preferente en sus programas, pero, sinceramente, no como una mera plataforma electoral”. Y arremete, contundente: “La Ley de Trabajo, con un criterio más social que el que informa nuestro Código Civil –impregnado del individualismo del siglo XIX–, el arbitraje como medio de solución de los conflictos entre obreros y el patrono, la indemnización a los accidentes de trabajo, el seguro obligatorio y otras reformas de la misma índole, forman parte de nuestros propósitos”. Lamentablemente, los tres (Brugada, Pane e Irala) fallecen en el aciago año de 1920.
Telémaco Silvera, Juan León Mallorquín (el abanderado de los humildes), y los jóvenes Hipólito Sánchez Quell y Juan Ramón Chaves reafirmaron su inclaudicable posición a favor de la clase trabajadora. Durante la presidencia de un imponente y respetado Juan León Mallorquín el partido integra a su programa la “ley de contrato colectivo de trabajo; descanso semanal de 36 horas seguidas, a fin de semana o por turno rotatorio; organización de las vacaciones anuales para obreros y empleados, con goce de sueldo”, además del “pago del salario en moneda de curso legal, siendo prohibido hacerlo en mercaderías, fichas o cualquier otro signo representativo con que pretenda sustituir la moneda”. Pero la doctrina del partido “evoluciona al ritmo de los acontecimientos y de las conquistas sociales contemporáneas”, explica en 1951 el doctor Roberto L. Petit. Es que cuatro años antes, en 1947, la Convención de la Asociación Nacional Republicana aprobaba como plataforma de gobierno la “estabilidad del obrero en el trabajo”, amén de otorgarle al Estado la “facultad de intervenir en la actividad económica privada en salvaguarda de los intereses de la colectividad”.
En materia de consolidación de la causa obrera, el coloradismo histórico marchaba siempre un paso adelante para impulsar “medidas económicas y sociales tendientes a crear las condiciones para una economía más evolucionada y progresista y, sobre todo, más justa, que llegue a beneficiar al pueblo antes que a grupos de privilegiados”. Medidas que deben partir “incuestionablemente de las ideas vertebrales sustentadas en la doctrina y en el programa del partido”, un partido “defensor de los desheredados, (que) inauguró la lucha por la justicia social en nuestro país” (L. Petit).
La estabilidad laboral se reafirma en las sucesivas convenciones partidarias, hasta que arribamos al proceso de la transición democrática y cada candidato de la ANR llegaba con su propia propuesta bajo el brazo, confirmándose los temores de Sánchez Quell: “La falta de un programa preciso (del partido) es la mejor plataforma de las prepotencias personales y de los políticos sin escrúpulos”. Por último, recogemos aquel histórico y valiente manifiesto de Ricardito Brugada publicado el 20 de diciembre de 1912: “Enarbolo la bandera del desinterés en medio de este grosero materialismo que nos devora y me creo con fuerzas suficientes para conjurar todas las tempestades que surgen a menudo en la desigual lucha del obrero y el capitalista, que hoy preocupa a todos los gobiernos del orbe”. Por ahí hay que empezar a buscar la esencia del coloradismo doctrinario al que estamos adscriptos. Debería ser el examen obligatorio de todos aquellos que desean incorporarse a sus registros e, incluso, de aquellos que ya están militando en sus filas.
La Asociación Nacional Republicana, a través de su Convención, debe tener un programa de gobierno al que tendrán que ajustar sus actos quienes decidan candidatarse en su nombre. Eso nomás quería decir. Buen provecho.
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Japón dona equipos a varios hospitales
Representantes de la embajada del Japón en Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron notas reversales sobre la entrega del Gobierno del Japón para el suministro de equipos médicos al Hospital Regional de Pilar y al Centro Materno Infantil del Hospital de Clínicas. Los documentos fueron rubricados por la embajadora del Japón, Yoshie Nakatani, y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.
De acuerdo al informe de la Cancillería, la entrega será acordada en el marco del Programa de Desarrollo Económico y Social 2024, que asciende a la suma de 500 millones de yenes japoneses (equivalentes a unos USD 3,5 millones), es decir, más de G. 27.000 millones.
La embajadora del Japón manifestó que mediante este programa se procederá a la donación de equipos médicos, como ecógrafos, mamógrafos digitales, servocunas, entre otros, en los hospitales públicos y en especial en las áreas materno-infantiles, con el propósito de promover la salud segura a las mujeres, madres y niños.
En el documento destacan que Japón toma liderazgo en promover la iniciativa de la cobertura universal de salud (UHC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad al servicio de salud de calidad.